¿Para qué un Código de la Infancia y la Adolescencia?

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Floro Hermes G.
Floro Hermes G.

Por Floro Hermes Gómez

Doctor en Estudios Políticos

Profesor de la Universidad Libre

Se ha generado en Colombia un gran debate, en los distintos medio de opinión, en torno al problema sanitario de las madres menores de 14 años; el cual en cuanto problema de salubridad pública “es quizás uno de los temas más preocupantes” según Nina Zamberlin, Consultora del Programa Nacional de Salud en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Argentina; Pío Iván Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y de Ramiro Molina, profesor de la Universidad de Chile.

Al respecto de este problema, que compromete también la moralidad pública y por ende la tranquilidad ciudadana, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó que entre enero y septiembre de 2012 hubo 4.697 madres menores de 14 años de edad (cifra que no incluye a aquellas cuyo bebé nació muerto ni a aquellas que abortaron), mientras que para 2011 fueron 5.849, a pesar de que la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, predica en su artículo 18 la protección a la integridad de los niños, niñas y adolescentes como un derecho.

¿Qué quiere decir esta contradicción entre la realidad de 10.546 madres menores de 14 años y la existencia de un texto legal que protege la integridad de niños, niñas y adolescentes? Quiere decir que existe una falla de la estructura del Estado en hacer efectiva la protección los niños, niñas y adolescentes y que la prédica del derecho consagrado en ese texto legal se reduce en la práctica a una palabra vacía, lo cual es coherente con distintas investigaciones científicas que han señalado cómo en Colombia se ha imaginado, por parte de la élite del poder, un orden social que no se ha realizado, por cuanto esta élite dice, habla o escribe en un sentido que contrasta con la inevitabilidad de situaciones que hacen imposible llevar a la práctica lo dicho, hablado o escrito, como resultado de un Estado central con “instituciones políticamente débiles”, con un gobierno cuyo poder no abarca el territorio y un diseño político institucional que permite la existencia de zonas donde la ley está ausente, a pesar de su fortalecimiento del Estado en los últimos años, tal como lo han señalado los profesores Daron Acemoglu y James Robinson, a quienes me he referido en anteriores columnas publicadas en EL PUEBLO.

En consecuencia, es posible afirmar que el Código de la Infancia y la Adolescencia es una expresión de cómo no es posible en Colombia realizar la idea liberal del imperio de la ley sobre toda la población, tal como lo ejemplifican esas 10.546 madres menores de 14 años, sin contar aquellas que abortaron y las que fueron violadas sin llegar al embarazo dentro del mismo grupo de edad, quienes nos demuestran, de forma clara e inequívoca, que en ellas no se hizo realidad la práctica de la protección a su integridad como un derecho, que la ley no imperó, ¿por qué?

Porque el ideal liberal del imperio de la ley sobre la población y el territorio es el resultado de las prácticas coactivas policiales, con sus tres elementos: la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas; es decir, la guarda del orden público en las materias reservadas a la ley, las cuales permiten establecer limitaciones a los derechos de los particulares.

En tal sentido, quiere decir que las limitaciones a los derechos impuestas a la ley para garantizar el normal crecimiento y desarrollo de las menores de 14 años no imperó en 10.546, de ellas, quienes se convirtieron en madres y fueron arrojadas a una adultez temprana, antes de tiempo, como consecuencia de un embarazo que ni la familia, ni la sociedad, ni el Estado pudieron impedir; que su embarazo demostró que la seguridad jurídica no existió, para ellas, pues una conducta que es punible en Colombia, se materializó en unas tempranas relaciones sexuales que concluyeron en el parto de un nacido vivo, demostrando la ineficacia preventiva de nuestro ordenamiento penal, así como la ineficacia del Código de la Infancia y la Adolescencia, que predica protegerlas, y que los programas para la prevención del embarazo no deseado y la protección especializada operados por el sistema de salud pública fueron inefectivos: para 10.546 menores de 14 años no operaron. ¿Qué nos demuestra esta situación?

Esta situación demuestra que en nuestro país existen serias limitaciones de logística, de táctica y de operación del Estado con sus aparatos y entes territoriales, no obstante su grande avance y su constante modernización, por una parte; y, por la otra, grandes capas de la población pobre y marginada, legalmente obligadas a protegerlas, que observan como “natural” o como “normal” las prácticas sexuales cotidianas con menores de 14 años o, en otras palabras, una población no ilustrada debido a que nuestro Estado no ha podido hacer realidad el ideal liberal de una escuela pública, universal y gratuita, haciendo imposible el imperio de la ley sobre esas poblaciones pobres y marginadas, en su mayoría, que carecen de la capacidad para dirigirse por su propio entendimiento.

En conclusión: un ordenamiento jurídico que sobrepasa las reales capacidades del aparato estatal y del que esperamos una operación movidos por el “fetichismo de la ley” imperante en Colombia, el cual ha permitido construir una liberal democracia en el papel, que no es más que una palabra devaluada, porque nuestra élites del poder obstinadas en un “diseño político institucional extractivo” impiden sumar voluntades creativas que hagan realidad el liberalismo en nuestro territorio, es decir que logren un “diseño político inclusivo”, pues las prácticas coactivas policiales sin una población ilustrada sobre la cual operar son insuficientes como lo demuestra el caso de 10.546 madres menores de 14 años durante el bienio 2011-2012.

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