Participación política de los guerrilleros: ¿qué se les puede otorgar? (Segunda parte)

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Floro Hermes G.
Floro Hermes G.

El sábado pasado, en mi columna “Participación política de los guerrilleros: ¿qué se les puede otorgar? (primera parte)” analicé cuatro de las diez “propuestas mínimas de participación política” de las Farc-EP. Hoy continúo con las siguientes:

Quinta, quieren “que la oposición tenga un asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en la Junta Directiva del Banco de la República. También que los candidatos a Presidente y Vicepresidente, Gobernador y Alcalde de los partidos, o movimientos declarados en oposición que sigan en votos a quienes sean elegidos, ocupen una curul en el cuerpo colegiado correspondiente. También las Farc-EP desean participar en un Consejo Nacional Electoral elegido popularmente”.

Si no existiera el Uribe con su Puro Centro Democrático, para quienes todo vale, sería una propuesta viable; pero ellos son capaces de inscribirse como oposición y, sin lugar a dudas, serían la segunda fuerza. Luego, esta petición es una manera de mantener viva la política del envase: “importa lo que se dice, no lo que se hace”.

Sexta, proponen que, “además de participar en la programación de los medios públicos estatales, el Estado les financie un diario impreso, una revista de análisis político, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional”.

Es una propuesta absurda. Partiendo de la liberal democracia, que dice que “tan mala es la tiranía de uno sobre muchos, como de muchos sobre pocos”, las Farc-EP pretenden establecer una tiranía de los pocos sobre los muchos; es decir, hacer aún más imperfecta nuestra democracia.

Séptima, abogan “una ley que reconozca expresamente la responsabilidad estatal por el exterminio de la UP y que les devuelvan sus curules: 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes”.

Sin lugar a dudas, una petición de plena justicia. No acceder a ella es desear prolongar la guerra, por una parte, y mantener el statu quo institucional extractivo, por la otra.

Octava, exigen el desmonte real de las estructuras paramilitares “y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social”, mediante una política criminal orientada a desmontar tales prácticas y una Comisión de la Verdad Histórica (integrada por nacionales y extranjeros) que esclarezca esos crímenes (desde los años 40), en la cual participen representantes de la oposición y del movimiento de víctimas y esté integrado por colombianos y extranjeros.

Aunque choca esta petición con la reticencia de guerrilleros, militares, políticos, policías y empresarios a esclarecer la verdad, es necesaria para poder consolidar la paz y para intentar la construcción de una liberal democracia, teniendo en cuenta que no existe liberalismo sin la protección y la promoción de la verdad.

En conclusión, las “propuestas mínimas de participación política” de las Farc-EP, analizadas en este texto, permitirían establecer una oposición acomodaticia, una tiranía de los pocos, el mantenimiento del sistema extractivo político y económico y la demostración de los actores a no decir la verdad.

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