Pasan los años, Buenaventura igual

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Por: Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

En mi columna de 30 de marzo de 2014, la cual titulé Buenaventura: la expresión de nuestra institucionalidad, señalé cómo en nuestro “bello puerto de mar” (así dice la canción) “no hay recursos para pagar el ideal liberal del imperio de la ley sobre la población y el territorio”, a pesar de ser la puerta de entrada al área económica más importante del planeta: el Pacífico.

Han transcurrido casi siete años desde aquella columna y Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura, se vio forzado a convocar los bonaerenses para hacer una cadena humana como símbolo de rechazo a los asesinatos, desapariciones, desplazamientos, enfrentamientos armados y demás formas de violencia que ejercen paramilitares, grupos guerrilleros, narcotraficantes, delincuencia común y grupos criminales internacionales.

Como resultado de esta convocatoria, que clama por el Estado de Derecho y rechaza la violencia como método de coacción para ejercer control, este 10 de febrero se produjo una manifestación que alcanzó 22 kilómetros de longitud, ante la cual Monseñor Jaramillo Montoya expresó: “Los malos no pueden seguir dominando y arrodillando a este pueblo”.

Esta frase deja claro que ni el distrito, ni el departamento, ni mucho menos la Nación, han sumado esfuerzos para garantizar los recursos necesarios que aseguren la existencia del Imperio de la Ley contra el imperio de la arbitrariedad en el que están sumergidos los habitantes del segundo puerto más importante de Colombia y el principal en el Pacífico colombiano.

Con base en estas dos condiciones, cualquier ciudadano medianamente informado entiende que la situación del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura es un asunto de seguridad nacional; es decir, que no se limite al despliegue de tropas ocasionalmente, sino que procure un fortalecimiento del sistema judicial y del pie de fuerza de la Policía Nacional, un acceso universal a los diferentes servicios públicos esenciales, así como a oportunidades económicas, educativas y culturales.

En otras palabras, necesitamos que los diferentes niveles de la Administración Pública comprendan que la tenebrosa situación a que está sometido el municipio más extenso del litoral Pacífico y del Valle del Cauca, afecta al Estado colombiano como un todo, presenta a Colombia ante el concierto internacional como un país fracturado y, lo más grave, como un Estado que sigue respondiendo con las soluciones insuficientes de siempre.

En conclusión, ante la tragedia que vive este puerto de casi medio millón de habitantes, en su mayoría afrodescendientes, en el que el dinero no alcanza para pagar el ideal liberal del imperio de la ley sobre la población y el territorio, se hace urgente que con una óptica de seguridad nacional se intervenga el desempleo creciente, el déficit cuali cuantitativo de vivienda, la falta de servicios públicos, el déficit del pie de fuerza de la Policía Nacional, la escasez de oportunidades de educación, la falta de suficientes espacios culturales y las casi nulas opciones económicas para los naturales de Buenaventura.

 

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