Pastillas para la memoria II

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GUIDO-HURTADOPor: Guido Germán Hurtado Vera

Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, Cier.

Universidad Autónoma de Occidente.

En el 2002 Uribe ganó las elecciones. Una de sus promesas   de   campaña fue la de desmovilizar a los paramilitares.  Se  hizo  necesaria la expedición de una ley para amparara este grupo de delitos atroces  y  de  lesa  humanidad no cobijados en la legislación colombiana.  Es  ese  contexto se produjo la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz.

En el 2006 la Corte Constitucional determinó que para que los jefes paramilitares pudieran acceder a los beneficios judiciales de la Ley debían “hacer una confesión plena y sincera, revelar la ubicación de los cuerpos de los “desaparecidos y pagar reparaciones económicas a sus víctimas con sus bienes legales y no sólo con los bienes ilícitos que ellos voluntariamente elijan entregar”, subrayando que quienes no cumplieran con estas condiciones y volvieran a delinquir perderían los beneficios contemplados en ella. La Ley sirvió para desmovilizar la estructura paramilitar, pero en términos de Justicia y reparación tiene todavía profundos baches.

A finales del 2007 se destapó el escándalo de la Para política. Más  de setenta congresistas, condenados unos y otros absueltos, fueron acusados de ser cómplices de las Autodefensas Unidas   de   Colombia,   AUC, y de haber recibido dineros y apoyos de un grupo, catalogado por la comunidad internacional como terrorista. La firma de los pactos de Chivolo, Pivijay y Ralito, dan cuenta del proyecto político de ultraderecha que buscaba desmontar la institucionalidad colombiana como fuere lugar.

Las investigaciones demostraron que los políticos imputados se favorecieron de las alianzas y ganaron en el 2002, vía coacción armada, alcaldías, gobernaciones y escaños en la Cámara  de  Representantes  y en el Senado. Al mismo tiempo se probó que muchos de éstos desde sus cargos desviaron los dineros públicos de la salud y la educación para la financiación de los paramilitares. Se pudo finalmente comprobar que funcionarios del gobierno Uribe filtraban, desde el DAS, información que favoreció a los paramilitares en las masacres, los  asesinatos  selectivos  y  los desplazamientos  forzados.  En el2011 Jorge Noguera, ex director  del  desaparecido  organismo,fue condenado a 25 años de prisión, al ser hallado culpable por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto.

Entre el 2007 y el 2008 comparecieron ante los fiscales de Justicia y Paz los jefes para militares  a  narrar,  con  pasmos a tranquilidad,  que  torturaron, masacraron, quemaron, expoliaron y desplazaron a cientos de miles de personas. Hombres y mujeres, niños y viejos. Indígenas, afros, mestizos, mulatos, campesinos.  Todos  ellos,  colombianos. En mayo de 2007 Uribe planteó la excarcelación para aquellas personas -léase, para políticos- involucradas con grupos armados al margen de la ley -léase, paramilitares- que contaran la verdad sobre sus delitos. Dicha propuesta provocó una gran discusión entre la opinión pública.

En las versiones de los jefes paramilitares, particularmente la de alias H.H., se escucharon hechos que involucraban políticos, empresarios, militares y miembros del gobierno. El 13 de mayo del 2008 fueron extraditados al país del norte. Se extraditó la verdad y se permitió que fueran juzgados por delitos de narcotráfico. Viajó así la monstruosa orquesta Los 14 del Swing, conformada, entre otros, por: Macuso, Jorge, Cuco Vanoy, Berna, Gordo Lindo, el Patrón, el Tuso, el Burro, el Mellizo. Todos expertos en el arte de masacrar, expoliar y desaparecer ciudadanos.

En octubre del 2007 Uribe denunció un supuesto complot en su contra. Narrado por un paramilitar llamado alias “Tasmania”, que aseguró que el magistrado Iván Velásquez le había ofrecido beneficios judiciales a cambio de implicar a Uribe. Velásquez negó los hechos y recibió el respaldo de la Corte Suprema de Justicia que manifestó que estas acusaciones tenían el propósito de desvirtuar el proceso de la para política. En junio de 2008 alias “Tasmania” manifestó su intención de retractarse de sus acusaciones y a firmó que todo había sido orquestado por su abogado, quien a su vez era el abogado del ex para militar alias’elTuso’. El gobierno de Uribe enfiló baterías para desprestigiar a la rama judicial.

En enero de 2008 Uribe interpuso una demanda por supuesta difamación y calumnia contra el presidente de la Corte, César Julio Valencia Copete, después de que éste se negara a retractarse de las declaraciones que diera a El Espectador,  en las que Valencia afirmaba que Uribe lo había llamado para averiguar sobre el caso de suprimo y compañero político Mario Uribe, vinculado al proceso de la parapolítica.

En abril de 2008 Uribe y Carlos Holguín cuestionaron las detenciones de congresistas y se reveló se exploraba la posibilidad de crear un nuevo tribunal con facultades para juzgar al presidente, congresistas y magistrados. Hechos que provocaron una inmediata reacción de los juristas de las altas cortes que dieron a conocer un comunicado rechazando la iniciativa y las declaraciones del Presidente y su Ministro de Interior y de Justicia.

En mayo del 2008 la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió investigación preliminar contra Uribe, por el caso de la “Yidispolítica”. Por todos son conocidos los hechos descritos por dos ex-representantes sobre la compra de votos para cambiar un “articulito” de la Constitución y favorecer la reelección del mandatario. Así fue que Urbe se reeligió por cuatro años más, comprando votos.

En agosto de 2008 la revista Semana reveló que el abogado del ex jefe paramilitar alias Don Berna y el vocero de los paramilitares conocido con el alias de Job se reunieron secretamente con dos altos funcionarios de la Casa de Nariño a quienes presentaron grabaciones que comprometían a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para la Corte esto fue interpretado como un plan de funcionarios del gobierno Uribe   con   los   paramilitares para desprestigiarla.

En febrero de 2009, la revista Semana publicó un informe en el que se pormenorizaba cómo funcionarios del DAS grabaron ilegalmente a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado. Una vez presentadas las pruebas de Nariño”. Hoy la exdirectora del de este organismo, María del Pilar Hurtado se encuentra bajo asilo político en Panamá.

En mayo de 2009 el país conoció el caso de la Zona Franca de Occidente. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, dice e la forismo popular. Ya Uribe sí que le calzó la frase. Públicamente mantuvo dando cátedra de ética y moral. Según las encuestas de ese momento sacó la más alta nota. Un hombre diez en conducta. En el ámbito de lo privado, el de su familia, sacó uno. Perdió la asignatura. Las actuaciones de sus hijos así lo demostraron.

Para la época los hijos del presidente Uribe expresaron que las utilidades que obtendrían en ese “negocito” irían a inversión social. Sorprendentes muchachos.Qué Corazón tan grande el que tenían los “delfincitos”, el mismo de su padre. Cosas de la genética, señalaría uno. Argumentaron que ese compromiso de responsabilidad social no es de hoy, que ha existido desde su primera iniciativa empresarial y que gracias a ella se habían beneficiado artesanos, niños y recicladores.

Aclararon, además, que obraron legal y éticamente en la compra de esos “terrenitos”. Que el escándalo era una patraña de la oposición en contra de su padre. Por ello se dieron el lujo de no asistir al debate en la plenaria del Senado. Mientras tanto, su padre ordenó venir a Palacio a los lacayos de la bancada Uribista para que se ocuparan de su defensa. Ellos, los niños, por sí solos, no fueron capaces de responder por sus actuaciones. Si tan sólo eran unos infantes que dejaron el gustico, de hacerse millonarios, para más adelante. En ese momento solo se dedicaban a contar millones de centavitos.

En junio del 2009 los colombianos   escuchamos   una nueva expresión: “los falsos positivos”.Las cifras revelaron alrededor de 1.657 colombianos asesinados. Entre los años de 1985 al 2001 se presentaron 33 denuncias. La cifra aumentó considerablemente entre los años del 2002 al 2008. Y para el 2009 se habían registraron 905. La región donde se concentró el mayor número de denuncias fueron los departamentos de Antioquia, Meta, Norte de Santander, Cesar  y  Córdoba.

Algunos sectores del gobierno Uribe, por los medios de comunicación y hasta por amplios sectores de la sociedad civil. Eran los costos de la Seguridad Democrática. Los costos en la lucha contra el terrorismo. Los asesinados no eran ni terroristas ni guerrilleros eran ciudadanos colombianos.

En octubre de 2009 la revista Cambio, denunció Agro Ingreso Seguro, AIS. El programa del Ministerio de Agricultura y en cuya cabeza estaba Andrés Felipe Arias, que entregó, entre 2007 y 2009, 342 mil millones de pesos en subsidios a empresarios del Magdalena y del Valle del Cauca y a narcotraficantes. El 12 de octubre del 2010, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra Andrés Felipe Arias y contra el ex ministro Andrés Fernández, por “haber incurrido en – falta gravísima- al no haber adoptado medidas para evitar que esos dineros públicos fueran entregados a personas que, en realidad, no correspondía.”

Frente a todo lo anterior. Sí nos queda alguna pizca de decencia. Sí nos parece normal y extraordinario todo lo que ha pasado y que el país conoce y lo que falta por conocer. Si nos parece bien que los políticos sean beneficiados con votos manchados de sangre para hacerse al poder y refundar la patria. Si no nos parece normal que sigan asesinado, por miembros de las Fuerzas Armadas, jóvenes humildes para después mostrarlos como triunfos en combate de esta guerra fracasada. Sí nos parece normal que los dineros del agro sean entregados a latifundistas y paramilitares en lugar de los campesinos. Sí nos parece legal y normal la interceptación telefónica y privada a los colombianos que disienten. Sí nos parece normal que el delito de cohecho sea una práctica de los poderosos para mantenerse en el poder. Sí nos parece normal que cada vez que un ciudadano critique un gobierno despótico sea estigmatizado como miembro de la guerrilla. Sí los colombianos poseemos aún una pequeñísima noción moral, nos obligaríamos a dimensionar el tamaño de todos estos hechos y reaccionar. Es este es el momento para expresar con sensatez que somos un “pueblo” que es todavía capaz de transformarse a pesar de los conflictos, de ir en búsqueda de una sociedad mejor, de una sociedad donde quepamos todos, más justa e igualitaria, en suma: una sociedad que anhele y busque la paz.

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