Paz, guerra y cooptación del Estado

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Germán Ayala OsorioPor Germán Ayala Osorio
Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente

Se conmemoró por estos días un año del inicio del proceso de paz entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Medios y algunos analistas hicieron recuentos de las ‘crisis’, o de las dañinas coyunturas mediáticas presentadas hasta el momento. Otros, insistieron en lo valioso que resulta haber avanzado en dos puntos de la agenda, dada la complejidad del conflicto y el enrarecido ambiente político-mediático que sectores de derecha y de ultraderecha han logrado generar en torno a los diálogos de paz en La Habana, Cuba.

Pero más allá de señalar si es positivo o negativo que de una agenda pactada de seis puntos, tan sólo se hayan abordado dos, lo que hay que revisar es el lugar que hoy ocupan la guerra y la paz en la sociedad y en el Estado colombianos.

Sobre la paz y la guerra recaen ansias, ambiciones, afanes y viejos anhelos, fruto de una sociedad polarizada, de una débil sociedad civil, que también acusa una división entre una urbana, que vive relativamente cómoda en ciudades convertidas en centros de poder económico y político y, una rural, más cercana a los problemas del campo, a las razones mismas del conflicto armado interno y víctima de una centralización administrativa que impide que el Estado llegue a todos los rincones del país.

Sobre esa sociedad civil urbana recae la responsabilidad de un Estado privatizado, construido al amaño de los intereses de una reducida élite de poder que desde contadas organizaciones, maneja los hilos de un Estado que es fuerte cuando tiene que controlar, vigilar y castigar a quienes se oponen a su accionar y, débil cuando se le exige que no amplíe los privilegios de unas cuantas familias y sectores de poder. Y no se desconoce aquí el hecho de que el Estado es fruto de una correlación de fuerzas. Por el contrario, se señala que en esa correlación de fuerzas sobresale históricamente el dominio de una élite poco interesada en consolidar el Estado, siguiendo mandatos constitucionales, en especial, aquellos que hoy señalan la necesidad y la obligación ética y moral de construir una Nación respetuosa de su diversidad cultural y capaz de respetar los límites de resiliencia de los ecosistemas que hacen parte de su biodiversidad.

En ese contexto, la guerra interna colombiana no sólo deja millones de desplazados (un poco más del 10 % del total de la población del país, según el Informe Basta Ya!), muertos y heridos, sino que ha entronizado en los ciudadanos la idea de que hay dos bandos: uno bueno, del que hacen parte los gobiernos, el Estado y la sociedad, desde donde se defiende la institucionalidad estatal; y uno malo, en donde aparecen mezclados de manera inconveniente las guerrillas, los pensadores y los simpatizantes de izquierda, que persisten en atacar y criticar un orden social y político que sobrevive más por la fuerza de la historia y la tradición, que por su legitimidad.

Esa mirada moralizante ha hecho posible que millones de colombianos sigan hoy creyendo que los únicos enemigos de la sociedad y del Estado son quienes persisten en el levantamiento armado y en aquellos que insisten en ampliar y profundizar la democracia y consolidar el Estado Social de Derecho.

Lo cierto es que la histórica presencia de las guerrillas es apenas uno de los problemas del país. Y quizás no el más importante y estructural en la medida en que bastaría con firmar la paz con los grupos guerrilleros para arreglar, definitivamente, los problemas de viabilidad del orden social establecido y de la sociedad. Pero no es así. La historia reciente nos dice que se firmó la paz con el M-19, se logró la desmovilización de otros grupos armados al margen de la ley y se cambió la constitución. Con todo y ello, el país no logró avanzar en la consolidación del Estado y en un proyecto de nación incluyente. Es decir, se cambió, para que todo siguiera igual.

Así entonces, los problemas de Colombia no gravitan exclusivamente alrededor de la dicotomía Guerra-Paz, sino en torno a los niveles de cooptación del Estado, bien por redes del narcotráfico, de la ideología paramilitar, o por las cada vez más fuertes mallas del clientelismo político de las que hacen parte activa los partidos y los movimientos políticos.

Es sobre ese punto que se deberá trabajar en un posible escenario de posguerra, en donde no sólo hay que poner fin al conflicto armado con las Farc y el ELN, sino en la firma de un verdadero pacto de paz que incluya el desmonte de las redes clientelares enquistadas en el Estado, la cesión de poder económico y político de las élites que hoy concentran la riqueza y manejan a su antojo el funcionamiento del Estado y una lucha frontal contra la corrupción. Dado este histórico paso, actores políticos, sociales y económicos de la sociedad civil urbana deberán superar la larga oposición construida entre lo urbano y lo rural, sostenida en un profundo, aunque no reconocido conflicto cultural e identitario en el que las cosmovisiones y proyectos de vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas sigan siendo considerados inviables y premodernos por actores de la sociedad civil urbana,

Celebremos y conmemoremos este primer año del proceso de paz, convencidos de que los graves problemas del país no están exclusivamente en quienes se levantaron en armas, sino en el tipo de orden social, económico y político que entre todos hemos construido en Colombia. Ponerle fin al conflicto armado con las guerrillas ha sido, es y será relativamente sencillo frente a los desafíos que nos pone aceptar que vivimos dentro de un orden injusto y profundamente ilegítimo. Por ello hay que insistir en la continuidad del proceso de paz, a pesar de las presiones que aquellos que a toda costa defienden un orden y un Establecimiento indignos de llamarse Estado. Pero también es importante preguntarse por el lugar que hoy le damos los colombianos a la guerra.

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