Paz: tierra, agua y naturaleza

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GUIDO-HURTADOPor: Guido Germán Hurtado Vera

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER.

Universidad Autónoma de Occidente

Hace cuatro años en el discurso de posesión de su primer gobierno, Juan Manuel Santos dijo que “la tierra, el agua, la naturaleza y el buen gobierno harían parte integral de su administración”. Unas horas después viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde en ceremonia religiosa, los mamos le refrendaron lo expresado en su discurso.

En junio de 2011 el Congreso aprobó La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Según el presidente Santos, esta representa la deuda moral que tiene el Estado colombiano con los sacrificados de la larga y cruel violencia colombiana.

La violencia colombiana ha tenido como escenario prioritario las zonas rurales y ha hecho a su población indígena, negra, campesina y colonizadora sus víctimas. Lo que muchos no advertían era que detrás de ese terror, el narcotráfico había iniciado un sistemático blanqueo de sus fortunas vía compra de tierras, mediante la coacción. Algunos académicos e investigadores lo nombraron como la contrarreforma agraria.

Para al mismo tiempo, los grupos guerrilleros habían convertido extensos territorios periféricos en sus elementos de poder. Tierras usurpadas en las cuales comenzó a consolidarse el negocio que los convertiría en fuertes actores del conflicto armado: la siembra, producción y distribución de coca.

A finales del siglo XX los contrarreformadores fueron otros: los paramilitares. Un grupo militar armado compuesto por terratenientes, políticos, industriales y narcos, y que con la complicidad de algunos de los miembros de las fuerzas militares y de policía enfrentaron el ataque de las guerrillas. Los paramilitares despojaron, a sangre y fuego, a miles de campesinos de sus tierras, la mayoría de ellas para consolidar proyectos productivos de escala capitalista. La larga lista de masacres y el desplazamiento forzado que produjeron es un ejemplo de ello.

De esta manera, la violencia y el conflicto armado acompañan la ocupación de cultivos ilícitos en las zonas de colonización, junto a procesos intensos de desplazamiento forzado de pobladores rurales.

Un grave problema es que en medio de narcos, guerrilleros y paras se han mimetizado algunos terratenientes legítimamente organizados que hoy son los dueños -vaya uno a saber cómo- de muchas de esas tierras robadas. Terratenientes que se convertirán un actor opuesto en el momento de echar a andar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, puesto que no estarán dispuestos a entregar las tierras que ellos “legalmente” dicen tener. Todo porque ésta -la tierra- continúa siendo en Colombia un factor especulativo acumulador, en lugar de ser un bien de producción.

Según datos de la Revista Semana al 15 de marzo de 2014, se han proferido 372 sentencias de restitución de tierras, de 360 mil solicitudes. Y se han restituido 20.694 hectáreas, de un total de 6 millones. Es decir, una titánica tarea que apenas comienza y que como va tardará miles de años para cumplir su objetivo.

En Colombia viven, a la fecha, 102 pueblos indígenas con una población de 1.378.884 personas y 61.639 familias afrocolombianas compuestos por 4.261.996 personas (Datos Onic e Indepaz). La gran mayoría de estos grupos étnicos residen en territorios con una gran concentración de recursos naturales. Los desplazamientos, desapariciones forzadas, asesinatos, amenazas, despojo de tierras y pobreza, entre otros, han ido disminuyendo poco a poco su población, han vedado su desarrollo y les han condenado a posiciones olvidadas dentro de la sociedad.

Por esto las minorías étnicas denuncian que por el hecho de defender sus territorios y derechos son tratados como objetivo militar por los actores del conflicto armado. De acuerdo con las organizaciones indígenas y afrocolombianas, la violación de los derechos humanos sufridas por estos grupos se ha concentrado en territorios atravesados por megaproyectos de explotación de hidrocarburos, minería y biocombustibles.

El 7 de agosto de 2014, la alocución presidencial de Juan Manuel Santos en la posesión de su segundo gobierno se centrará en la paz. Algo ya se dejó entrever en el discurso del pasado 20 de julio, cuando posesionó al Congreso de la República.

Constitucionalmente Colombia es un Estado Social de Derecho, pero todo el grueso de los ciudadanos no queremos ver nuestros derechos plasmados en un mero discurso presidencial y de buenas intenciones. Todos los colombianos exigimos el reconocimiento efectivo de la diversidad, del territorio, de la naturaleza, del agua, de la cultura, de las costumbres, traducidas en reformas sociales y políticas. Todo eso sumado y llevado a la realidad garantizará sí un verdadero país en paz.

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