Paz y desarrollo rural

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german.ayalaPor Germán Ayala Osorio
Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente

El Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones, que contiene los acuerdos generales a los que han llegado los negociadores de las Farc y el gobierno de Santos, da pistas claras de los desafíos ambientales, políticos, culturales y económicos y militares (seguridad) que demandará tratar de desincentivar la siembra de cultivos de uso ilícito y, por esa vía, remplazarlos por alternativas de producción agrícola que sí contribuyan a la seguridad alimentaria del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades asentadas en el sector rural.

Al tiempo que se discute mantener la estrategia y los modos de lucha antidrogas, el Estado colombiano deberá asumir la tarea de evaluar los impactos ambientales, sociales y culturales que deja la siembra indiscriminada de marihuana, coca y amapola, para luego proponer alternativas agrícolas a los campesinos que hoy dedican sus parcelas y sus vidas, a la siembra de estos perseguidos monocultivos.

Bien lo dice el informe conjunto, en relación con el primer punto sobre la cuestión agraria, razón del inicio del conflicto armado interno: “La Reforma Rural Integral (RRI) debe ser el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera”.

Dar cuenta de ese desafío no solo pone en cuestión la fortaleza del Estado y de su capacidad real para llegar a los territorios en los que por largos años su presencia ha sido nula o, por el contrario, perjudicial, por el tipo de políticas agrarias y de desarrollo agenciadas por sucesivos gobiernos que tomaron decisiones desprovistas del conocimiento de las condiciones socio ambientales y culturales en las que viven de tiempo atrás disímiles comunidades campesinas, afrocolombianas o indígenas.

Asimismo, la Reforma Rural Integral (RRI) requerirá de una política ambiental coherente, pero, sobre todo, de unas instituciones fortalecidas científica y técnicamente, desprovistas de las redes clientelares que hoy impiden, por ejemplo, que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) sirvan como efectivos y eficientes instrumentos para diseñar planes de desarrollo regionales que no sólo respeten condiciones ecológicas, protejan zonas frágiles y biodiversas, sino los complejos contextos culturales en los que el Estado pretende hacer presencia y ganar en legitimidad.

Asegurar la viabilidad de una economía campesina, familiar y comunitaria demandará, además, la puesta en marcha de acuerdos políticos con sectores y actores económicos y políticos que de tiempo atrás, por acción directa u omisión, han contribuido al empobrecimiento de la gente que sobrevive en el campo. Por ejemplo, los ganaderos, latifundistas, ingenios azucareros y especialmente, las empresas de explotación de minerales (oro, carbón, coltán) y, por supuesto, las madereras y las de exploración de petróleo. No será fácil que estos sectores cedan territorios o abandonen sus intereses y programas productivos, en especial en lo que tiene que ver con la producción de agro combustibles y la incontrolada locomotora minera.

De allí que lo acordado hasta el momento en La Habana y en particular lo consignado en el Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones, sea apenas un insumo importante, pero no definitivo para la consecución de la paz y la consolidación de escenarios de posconflicto. Será bien difícil mantener y aplicar lo acordado en la Mesa de Diálogo en regiones en donde históricamente el Estado brilla por su ausencia y en donde las fuerzas políticas en alcaldías, concejos y asambleas históricamente han estado cooptadas y presionadas por fuerzas ilegales, que por ejemplo, apoyan y promueven la siembra de cultivos de uso ilícito; o por el contrario, esas instituciones estatales han estado al servicio de los intereses de poderosos élites y empresas privadas, poco o nada interesadas en respetar los ecosistemas naturales y mucho menos, las relaciones sociales y las prácticas culturales de frágiles y valiosas comunidades ancestrales.

El reto es mayúsculo de cara a la Reforma Rural Integral (RRI) acordada por las partes que conversan y negocian en La Habana. No solo se requerirá de un Estado fuerte, internamente cohesionado y de su presencia efectiva, eficiente y eficaz, sino del concurso de sectores de poder de la sociedad civil urbanizada y de los partidos políticos, que aún miran con desdén el campo, porque están acostumbrados a presionar decisiones en los gobiernos locales y regionales, para que, desde cómodas oficinas de planeación de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, se tomen medidas y se ejecuten proyectos de desarrollo que terminan dando la espalda a las necesidades del sector rural y de sus habitantes.

No será nada fácil que lo acordado en la Mesa de Negociaciones se pueda implementar y llevar a feliz término. En el Congreso que pronto elegiremos, sin duda habrá fuerzas políticas que se opondrán a la refrendación de los acuerdos de La Habana. Ese es el objetivo central que el expresidente Uribe Vélez busca con su lista al Congreso por el Centro Democrático, apoyado en su condición de ganadero y latifundista y en su interés de continuar con el escalamiento del conflicto armado interno.

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