Percepción de inseguridad y medios en Cali

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Según la última encuesta de Gallup, la principal problemática pública que inquieta a los caleños es la inseguridad. Para el 67% de los ciudadanos consultados, la inseguridad ha aumentado en la capital del Valle del Cauca; el 24% manifiesta que sigue igual (con este vaho pesimista seguramente igual de mal) y solo el 9% consideran que la seguridad ha mejorado en la capital del Valle.

La sensación de inseguridad en Cali emana de dos fuentes claras: una objetiva y otra subjetiva. La objetiva tiene que ver con la preocupación legítima del ciudadano en relación a los casos reales de delitos cometidos en la ciudad, particularmente homicidios y robos.

La fuente subjetiva, que ha disparado la percepción de inseguridad en Cali, está estrechamente relacionada con el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la (de) formación de los hechos. Estos canales de información han amplificado el impacto de los delitos y alterado la sensibilidad de la opinión pública frente a los mismos.

La visualización del delito masivo a través de un video y su consecuente viralización, provocan que el mismo delito sea sobredimensionado y machacado en la retina del ciudadano, hasta duplicarlo, multiplicarlo y rebosar la tranquilidad del observador y sus allegados que, consternados, exigen una mayor presencia de la autoridad.

En lo que va corrido de la administración del alcalde Armitage, durante los primeros meses se presentó un ligero aumento en la tasa de homicidios en Cali, que luego se redujo y estabilizó hasta llegar a una reducción del 13% en junio. La evolución positiva de este indicador evidencia el margen de acople institucional de la nueva administración que continuó el enfoque de política pública de seguridad del gobierno anterior. Los casos de fleteo, asalto a locales comerciales y robos a viviendas han disminuido, mientras que el robo de celulares y motos se ha incrementado a lo largo de este semestre.

La preocupación del delito es enteramente racional y conveniente que se encuentre enmarcado en la agenda pública. Su aproximación es constructiva y demanda del gobierno y la policía acciones efectivas, en especial cuando se trata de delitos que afectan directamente al ciudadano como el robo de celulares. Lo que resulta preocupante no es la atención pública a la inseguridad, sino el miedo al delito que apresa al ciudadano y lo doblega.

El miedo al delito se entiende como la percepción que tiene un individuo de las propias probabilidades de ser víctima de un delito. Su naturaleza es emocional y no da juego a la reflexión racional. Según la experta en derecho penal y criminología, Susana Soto, la carga emotiva prevalece pues, según numerosos estudios empíricos, el miedo al delito no se relaciona con las posibilidades reales de ser víctima, ni suele responder a causas objetivas y externas, sino a imágenes, símbolos y metáforas del crimen narradas incesantemente por fuentes masivas de información.

Lo importante de este fenómeno social más o menos ficticio, es que termina produciendo consecuencias muy reales y concretas: aumento del pié de fuerza; militarización de la ciudad; pérdida de los vínculos de confianza entre los ciudadanos; pesimismo colectivo; declive del uso de los espacios públicos; aislamiento de los entornos urbanos; incremento del porte de armas o la llamada al líder autoritario para que “limpie” las calles de bandidos y defienda la ley y el orden.

El poder de los medios y las redes sociales para formar una realidad de consumo, una representación en cadena que libere una ola de pánico en la opinión pública con independencia de las cifras reales, está ampliamente demostrado. No es un fenómeno exclusivo de Cali o Colombia. Diversos estudios académicos en Hispanoamérica corroboran esta tesis: España (Soto, 2005), Chile (Jofré, 2006), Argentina (D´Adamo y Beaudoux, 2007), Costa Rica, (Salazar, 2009) y México (Carreón y Cruz, 2013).

En Cali se ha radicado una narrativa nefasta que involuntariamente ha desatado el pánico colectivo. Los medios sienten que las autoridades los culpan de la inseguridad. No es así. Tampoco se trata de ocultar los casos graves de delitos que atentan contra la vida, el patrimonio o la integridad de la ciudadanía. Sin embargo, vale la pena pedir mayor sobriedad y equilibrio en la difusión de contenidos asociados a la delincuencia urbana. Por una comprensión compleja y equilibrada de los delitos y sus causas, es pertinente abandonar el vértigo y el tono febril de las redes sociales, en aras de empoderar a la sociedad en su conjunto para que proteja sus propias conquistas. Trascender el tufillo pesimista.

Los medios de comunicación también pueden servir como faro para orientar a la ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad e influir en la disminución del miedo mediante propuestas alternativas que refuercen la confianza colectiva y promuevan la superación creativa ante las crisis sociales.

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