Perder es ganar mucho

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Por Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera

Una excelente noticia para las agobiadas finanzas del Departamento del Valle: un Tribunal de arbitramento lo condenó a pagar $211 millones a una de las firmas concesionarias de los absurdos contratos de vigencias futuras del ex gobernador Abadía.

Perder esos millones significa una enorme ganancia para el Valle, pero no por la filosofía conformista de Maturana para quien “perder era ganar un poco”, sino porque el Tribunal  absolvió al Departamento de la obligación de tener que pagar $6.530 millones, que eran las pretensiones de los demandantes.

La ganancia va a llegar a ser mucho más grande porque los otros dos concesionarios de las vigencias futuras tienen preparadas demandas que superan los $24.000 millones; sin embargo, como esas demandas parten de los mismos hechos y están basadas en los mismos argumentos de esta primera demanda, es muy difícil, casi imposible, que los otros Tribunales de arbitramento se aparten del precedente establecido por este primer laudo arbitral, y el Departamento también se salvará de tener que pagar esas multimillonarias sumas.

Vale la pena recordar la historia de las vigencias futuras de Abadía para comprender los enormes riesgos a que estaba abocado el Departamento y los sobrecostos que hubiera tenido que pagar, de los que se salvó por la decisión del ex gobernador Lourido, quien, contra viento y marea, se empeño en terminar esos contratos y lo logró.

A finales del 2009 Abadía logró que la Asamblea le aprobara unas Vigencias Futuras excepcionales, supuestamente por un monto de 650.000 millones de pesos constantes del 2009; con base en esa autorización se suscribieron tres contratos para ejecutar obras que tenían un costo de $532.000 millones. Muy pocas de las obras contratadas, casi ninguna, tenían importancia estratégica para la región.

Para pagar por esas obras, el Departamento se obligaba a hacer abonos anuales hasta el año 2020 por un monto total cercano a los $1.5 billones. Los análisis financieros mostraron que la utilidad bruta de los concesionarios era cercana al 50% de los ingresos totales.

El impacto de estos contratos para las finanzas departamentales hubiera sido devastador. Como lo denunciaron la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, se trataba de una operación de crédito público encubierto, en la que el gobernador adquiría unas cuantiosas deudas sin cumplir todos los requisitos legales de endeudamiento. Mientras estuvieran vigentes esos contratos el Departamento no tenía ninguna capacidad financiera para acometer otros proyectos de inversión prioritarios para la región.

Peor aún, las proyecciones de ingresos que se usaron para sustentar las Vigencias Futuras estaban infladas en por lo menos $1.1 billones. Si después de terminados esos contratos el Departamento tuvo que acudir a la Ley 550 por el grave deterioro de sus finanzas, de no haberlos terminado la quiebra hubiera sido total.

Después de un largo proceso de negociación, la administración Lourido logró terminar los tres contratos por mutuo acuerdo con los concesionarios; sin embargo no hubo acuerdo en cuanto a liquidación de los mismos, puesto que los concesionarios aspiraban a que el Departamento les reembolsara todos los gastos en que habían incurrido, que según ellos ascendían a $44.300 millones.

La posición de la administración, avalada por la Procuraduría, fue que solo se podía pagar lo que se establecía en los mismos contratos para el caso de la terminación anticipada, formula contractual que arrojaba un valor de “solo” $13.800 millones. Es demasiada plata por unas obras que no se realizaron, pero no haber respetado la ineludible obligación contractual se hubiera generado una situación similar a la de la carretera Cali-Candelaria, donde la posición voluntarista de no pagar asumida por el ex gobernador Garzón, condujo a que el Departamento tuviera que pagar tres veces el monto original, por concepto de sanciones e intereses de mora.

La gran diferencia de más de $30.000 millones entre las aspiraciones de los contratistas y la posición de la administración, dio origen a la demanda ante el Tribunal de arbitramento, que acaba de ser dirimida con ese laudo en que el Departamento perdiendo, gana mucho.

Para cerrar el capítulo de las vigencias futuras de Abadía, queda pendiente una demanda de los estructuradores de los contratos que con total descaro y cinismo aspiran a que el Departamento les pague el saldo de una supuesta injustificada e inmerecida “comisión de éxito” por $13.500 millones. Aunque en su pretensión cuentan con el respaldo de unos superficiales e irresponsables conceptos del ex ministro Carrasquilla, quien contra toda evidencia se atrevió a afirmar que los contratos de vigencias futuras no eran onerosos para el Departamento, es de esperar que el Tribunal reconozca la sinrazón de esa comisión y desestime las pretensiones de los demandantes.

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