Política de transacción indeseable

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alvaro guzmanÁlvaro Guzmán Barney

Director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Dadas las circunstancias como viene deteriorándose el medioambiente en Colombia, país muy rico en biodiversidad y disponibilidad de agua, pero altamente afectado por la intervención humana, como lo demuestran distintos indicadores, puede afirmarse que se requiere con urgencia un Estado y un Gobierno que desarrollen una política clara y estricta de defensa del medioambiente que se contraponga y contrarreste el deterioro observado. Por esta razón, el nombramiento del nuevo ministro de Medioambiente y sus primeras declaraciones permiten pensar que se va a continuar en una línea que no es la mejor y más conveniente para el sector y para el país.

En efecto, el Ministro, quien reconoce que no tiene experticia en el tema, se justifica él mismo como un experto negociador, concertador y defensor de los marcos de acción dentro de la legalidad. En principio, esto no está mal y suena bien. Pero en frente tiene a los mineros, a los explotadores de hidrocarburos, a grandes empresas agroindustriales que  afectan el medioambiente. De manera importante, a empresarios ilegales que buscan ganancias extraordinarias a toda costa y, también, pero hay que diferenciar, a pequeños productores y mineros que actúan en la informalidad y que no deben ser el objetivo principal de las autoridades de Gobierno. En esta situación, lo que se quiere defender en esta columna es que no es conveniente “concertar” cuando hay intereses contrarios tan poderosos en la contraparte. Lo que se requiere es tener una visión clara de la situación medioambiental en Colombia y no ceder dentro de ciertos límites. Por el contrario, hacer pública esta visión, sus consideraciones prácticas y sustentar que con sus acciones, el país se beneficia en su conjunto, ahora y con beneficio para las próximas generaciones.

Hay que evaluar lo que ha sucedido en los últimos doce años con el sistema medioambiental en Colombia y su regulación por parte del Estado: se desmontó sin ningún rubor entre 2002 y 2010 para darle paso a la gran minería. Se consideró, entre 2010 y 2014, que esta sería una de las grandes “locomotoras” del desarrollo nacional, la fuente, además de las regalías y de la mermelada para repartir. Debe reconocerse que en el primer gobierno del Presidente Santos se revivió  la institucionalidad del Ministerio de Medioambiente, se tomaron algunas medidas importantes de protección ambiental y se establecieron compromisos en foros internacionales. Pero, al mismo tiempo que esto se hacía, se ponían todas las expectativas del “desarrollo” en las grandes explotaciones mineras y de hidrocarburos y en luchar contra la minería “ilegal”, pero haciéndose los de la vista gorda con la minería “ilegal” agenciada por los grupos mafiosos de poder. El Gobierno se movió por lado y lado, aunque con un saldo neto a favor del sector minero y de hidrocarburos. Se presentaron voces críticas y de alerta, especialmente provenientes de académicos y la Contraloría General de la República, que contrató un  estudio de fondo que, a grandes rasgos, pone en cuestión los beneficios sociales y económicos del sector, dados sus costos. El poder de estas voces y de estos estudios académicos, con toda la justificación que tienen, es muy reducido en nuestra sociedad, en la que el tema es cómo hacer dinero de la forma más rápida, amparada o no en la ilegalidad y la violencia. Es en este marco que llega el nuevo Ministro, a quien se le debe dar de todas maneras el beneficio de una evaluación sobre los hechos por venir, pero su actitud, favorable a la “transacción” con tales poderes, permite dudar que podamos tener un cambio notable y deseable para el sector medio ambiental en Colombia.

Es posible que sean las movilizaciones sociales las que obliguen al Gobierno a un viraje positivo: en Santurbán, en la Colosa, en la Guajira, entre otros lugares. Estas movilizaciones son aún débiles, pero pueden prosperar. Lastimosamente, según textos que recientemente he leído, en las negociaciones de las Farc con el Gobierno de Betancur, hace más de veinte años, el  medioambiente era un tema importante. Hoy lo es más, pero no está anclado en la conciencia de los ciudadanos, ni en el Gobierno ni en las Farc.

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