¿Por qué hay poca movilización ambiental en Colombia?

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Guido Hurtado - nueva fotoPor Guido Germán Hurtado Vera

Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, Cier

Universidad Autónoma de Occidente

Durante el 2012, en varias zonas del país se produjeron acciones colectivas en contra de los grandes proyectos mineroenergéticos, con banderas como la defensa del medioambiente y el territorio. Las movilizaciones más representativas de ese año fueron Marmato se niega a la reubicación del municipio; las protestas en contra de la construcción de la represa del Quimbo; la pugna por el agua y el oro en Santurbán; la construcción de la represa de Hidroituango y, la defensa de la desviación del río Ranchería.

Estas son la respuesta evidente a la lluvia de grandes proyectos que han empezado a construirse por cuenta del impulso que el gobierno nacional le ha dado a la locomotora minero-energética. El mensaje de miles de ciudadanos al Gobierno es que no están de acuerdo con los proyectos.

En un ejercicio de investigación –en el Observatorio de Prensa del Cier– de las columnas de opinión de periodistas y académicos publicadas en 2012 en los diarios El Espectador, El Tiempo y El País, la locomotora minera es un total desacierto en los pretendidos caminos hacia el ‘desarrollo’ que Colombia necesita. En el análisis, la constante es que son mucho más los perjuicios socioambientales para el país, que los beneficios que traerá el boom minero.

 La minería se ha consolidado como el sector productivo de mayor interés en la economía colombiana y el conjunto de voces de los expertos coinciden en dos aspectos: el primero, en los impactos ambientales negativos (agrupados en temas como la minería ilegal, la ineficiencia de los organismos del Estado en aplicar las normas y en la falta de concientización de las empresas frente a la excelencia medioambiental). Y el segundo, en que es una inversión fundamentalmente extractiva, sin procesamiento local, cuyas utilidades no se reflejan en ingresos estatales acordes, y sobre todo en reinversión social local. Para estas voces críticas, es innegable el crecimiento de la explotación minera en Colombia y la consolidación de un modelo económico extractivista, con consecuencias nefastas.

 Respecto del aumento de la producción de minerales y otros recursos naturales, muestran una realidad que conllevará importantes consecuencias económicas, sociales y ambientales. La mayoría de los analistas coincide en que a pesar de los billones de pesos que la que la locomotora minera genera, esto puede no ser sinónimo de desarrollo social en el país. La experiencia de la última década es un ejemplo ya que a pesar de los grandes ingresos obtenidos de los yacimientos petroleros, la inversión pública en salud, educación, saneamiento básico, agua potable, energía e infraestructuras, se perdieron entre la debilidad institucional, la corrupción, el daño ambiental, el crimen organizado y la exacerbación de los conflictos sociales.

 Además, acentúan que el recorrido de la locomotora minera es adverso en las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y que son éstas las que más soportan los daños ambientales, culturales y socioeconómicos ocasionados por los proyectos de exploración y explotación minera.

 El examen de las opiniones y denuncias frente al tema ambiental implica la siguiente situación: existen muchas más denuncias por parte de ambientalistas, académicos y periodistas, que acciones colectivas o movilizaciones por parte de la sociedad civil en su conjunto. Así que, frente a la gran cantidad de denuncias ambientales que hacen los columnistas cabe preguntarse por qué hay poca movilización ambiental en Colombia.

 Al respecto, se plantea la siguiente hipótesis: el conflicto ambiental se percibe de manera diferente por parte de las personas que viven directamente en las zonas más afectadas, en comparación con quienes opinan sobre los conflictos ambientales desde cómodas viviendas en las zonas menos afectadas de las grandes ciudades.

 De un lado, las comunidades que viven directamente en las zonas o territorios donde se desarrollan grandes proyectos mineros, hidroeléctricos o carboníferos, que afectan claramente los ecosistemas de cada lugar, están resolviendo día a día sus precarias condiciones de vida, de forma que la acuciante cotidianidad no permite organizarse políticamente para movilizarse por causas ambientales, sumado a que, generalmente, son zonas de conflicto político donde las comunidades están en medio del poder de los diversos grupos armados, y sus posibilidades de expresión son coaccionadas por tales grupos, como también por las propias empresas nacionales y multinacionales que con prebendas económicas disfrazadas de responsabilidad social coartan su libre participación. De otro lado, quienes tienen más claridad conceptual frente al daño ambiental, que parece irreversible e irreparable, al que se avecina Colombia, no logran articular sus denuncias, investigaciones y reportajes a una gran movilización social.

 En suma, son esfuerzos individuales de las comunidades afectadas y esfuerzos de intelectuales aislados, cuya manifestación ameritaría un pronunciamiento colectivo, con claros fines político-ambientales, que vincule a toda la población colombiana que está siendo perjudicada por la celeridad con la que avanza la locomotora minera.

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