¿Por qué los imposibles de la paz en Colombia?

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Por Floro Hermes GómezFloro Hermes Gómez Pineda

Doctor en Estudios Políticos

Profesor de la Universidad Libre

El largo conflicto interno armado en Colombia, que según la Escuela de Cultura de Pau, con Vincenç Fisas a la cabeza, es “el más antiguo del mundo”, ha sido imposible de resolver hasta hoy debido a múltiples causas. Teniendo en cuenta las negociaciones directas actuales entre el gobierno colombiano y las Farc-EP –que como académico ansío que sean exitosas–, solamente examinaré cuatro, que a mi juicio son las más relevantes.

La primera de las causas es un país con “instituciones políticamente extractivas”, en manos de una élite política que hace diseños económicos para enriquecerse y afirmar un poder ilimitado a expensas de la sociedad, como lo han demostrado los colegas profesores Daron Acemoglu y James Robinson ensu libro Why Nations Fail. Lo anteriorconduce a una sociedad arbitraria que califica, coacciona, despoja, excluye, favorece, impone, limita, privilegia y prohíbe.

En otras palabras, nos encontramos ante un soporte institucional diseñado para calificar, despojar, extralimitar, favorecer y privilegiar unas empresas protegidas o unos sindicatos arraigados, por encima de otros, a los que se descalifica, coacciona, despoja, excluye, impone, limita y prohíbe, lo que ha impedido que en nuestro país la idea liberal democrática de una sociedad igualitaria se haga realidad.

La segunda, como también lo señalan los profesores Acemoglu y Robinson, es un Estado central con “instituciones políticamente débiles”, pese la creciente y sostenible letalidad estructural de las operaciones de la Fuerza Pública nacional, lo cual muestra un aparato estatal que todavía hoy es incapaz de controlar todo el territorio y que por su incapacidad permite que haya zonas donde la ley está ausente y la impunidad reina.

A pesar del creciente espacio que ha venido ganando la justicia en Colombia, lo expuesto en el párrafo anterior ha favorecido la vida de organizaciones guerrilleras, narcotraficantes y paramilitares, que han hecho imposible la realización de la ideal liberal del monopolio de las armas y del imperio de la ley sobre toda la población y la totalidad del territorio.

Ello ha permitido la relación anómala simbiótica con actores políticos locales y regionales, por una parte; y, por la otra, una gran influencia durante los procesos electorales, que ha servido para escoger a senadores y a representantes en un intento fracasado –según José Luis Garay– de capturar al Estado colombiano para defender intereses ilícitos (situación mejor conocida por la opinión pública nacional como farcpolítica, narcopolítica y parapolítica).

La tercera es la supremacía que muchos actores de la élite del poder le han otorgado a las consideraciones electorales, emocionales y de estrategia política personalista, cuando se trata del debate sobre la paz. Esto fomenta e incita a una radicalización irracional de la opinión pública por la falta de criterios antropológicos, económicos, jurídicos, políticos, psicológicos y sociológicos, como consecuencia de la inexistencia del “Libro Blanco de la República de Colombia sobre las organizaciones guerrilleras, narcotraficantes y paramilitares”. Se imposibilita, entonces, que haya entre nosotros una sociedad moderna; es decir, una población ilustrada, informada y liberal.

Se explica así la ausencia de un consenso para que los actores de nuestro largo conflicto interno armado entiendan el diálogo como una alternativa a la lucha armada, tomen conciencia de que lo humanitario debe anteponerse a cualquier cálculo político y rencaucen la confrontación armada hacia el camino político institucional democrático.

Y la cuarta y última es el compromiso ilegal de países vecinos, instituciones extranjeras y personas de la vida política nacional e internacional, muchas veces bajo el pretexto de una acción humanitaria o una gestión de paz, con las organizaciones guerrilleras, narcotraficantes y paramilitares, las cuales enrarecen, entorpecen y obstaculizan cualquier acercamiento que tienda a la construcción soberana de serios y sostenidos espacios para la confianza, la paz y la reconciliación, hoy ocultas por la habilidad pragmática de nuestro Presidente.

¿Qué nos quiere decir esta situación? Esta situación nos enseña que nuestra élite del poder ha sido poco eficaz en el propósito liberal de la paz soberana, la cual no es otra que la búsqueda de aliados internacionales respetuosos de nuestros diseños políticos institucionales basada en un discurso autónomo, claro, inequívoco, moderado, no retórico y pragmático acompañado de sólidos lazos de mecanismos comerciales y de cooperación. De aquí, la ausencia de consenso al respecto que hoy enseña nuestra élite del poder a través del enfrentamiento entre el señor Presidente y su antecesor, para dar un solo ejemplo: el más visible.

¿Qué concluir de todo lo expresado? Que para erradicar los impedimentos que hacen imposible la paz en Colombia, es necesario hacer realidadlas ideas liberales democráticas de una sociedad igualitaria, lo cual significa un diseño político institucional inclusivo que ofrezca incentivos para la inversión y la innovación, al tiempo que prometa una campo adecuado de juego para que las mayorías puedan desplegar sus talentos.

Asimismo se necesita un Estado que mantenga el monopolio de las armas y garantice el imperio de la ley sobre toda la población y la totalidad del territorio, lo cual quiere decir un Estado limitado garantista de las libertades, una Fuerza Pública nacional suficiente y capacitada para asegurar la convivencia pacífica y una rama judicial del Poder Público con agentes debidamente capacitados, formados y entrenados para ofrecer una justicia célere, eficaz, neutra y universal; una población ilustrada, informada y liberal que es el resultado de una escuela universal, obligatoria y gratuita, que permite la emergencia de una sociedad libre, sin restricciones ni imposiciones.

Y es imperativa una paz soberana consensuada, “producto de nuestro propio entendimiento, sin la dirección de otro”, basada en un diseño político institucional propio, equitativo, inclusivo y justo que favorezca una paz política nacional que sea económica, jurídica, moral y políticamente sostenible.

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