Posibles escenarios de postconflicto

138

Por Germán Ayala Osorio

Comunicador social y politólogo 

Aunque apenas se inician los diálogos de paz entre el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc[1], es de vital importancia imaginar un gran escenario de postconflicto que permita no solo acoger y hacer posibles los acuerdos que puedan resultar del esperado proceso de negociación, sino avanzar hacia la superación de los múltiples y complejos problemas que afronta Colombia de tiempo atrás.

Con el postconflicto se espera que el Estado y la nación superen la guerra interna de ya casi 50 años, así como las condiciones históricas que provocaron y legitimaron, en su momento, el levantamiento armado.

Resulta relativamente fácil imaginar ese amplio escenario de postconflicto. La dificultad está en la construcción y consolidación de las condiciones y las circunstancias contextuales que den vida a ese imaginado estadio de paz, de reconciliación y de superación de conflictos y maneras de entender la vida pública, así como las responsabilidades de los actores de la sociedad civil, de los ciudadanos en general y, por supuesto, del Estado como gran referente moral de orden.

Propongo varias formas de expresión del postconflicto, dada la complejidad de las circunstancias en las que el Estado, el mercado y la sociedad sobreviven en este país.

Una primera idea de postconflicto la llamo postconflicto estatal, con la clara intención de exigirle mayores responsabilidades al Estado colombiano para superar problemas históricos, que le impiden hoy erigirse como un tipo de orden político viable, responsable, respetable y sostenible en el tiempo.

Así, del postconflicto estatal son responsables los funcionarios públicos, los partidos políticos y los gobernantes. Hay que modificar sustancialmente las circunstancias en las que el Estado ejerce su soberanía, en especial –pero no exclusivamente–,  a través del ejercicio de la fuerza, concentrando en sus manos la fuerza disuasiva, coercitiva y represora, así como en la capacidad de imponer gravámenes a quienes tienen mayor riqueza.

Concepción de Estado que implica desde ya cuestionar, congelar y reversar, si es el caso, algunas o todas aquellas políticas, recetas y recomendaciones que organismos multilaterales de crédito le hacen –le imponen– a específicos gobiernos, lo cual afecta la gobernanza y las maneras de asumir los asuntos públicos. Por ejemplo, el FMI, el Banco Mundial y, en general, las lógicas del mercado y del sistema financiero internacional.

Es posible, incluso, que en materia del derecho internacional desde ya el Estado enfrente, con carácter y fortaleza, la injerencia del derecho internacional y de la Corte Penal Internacional en lo que concierne, por ejemplo, a las características de la justicia transicional que se necesitará para darle viabilidad jurídica y política al proceso de negociación y de inserción a la vida civil de los combatientes de las Farc que se desmovilicen. Y esa injerencia se va a dar cuando llegue el momento en el que los farianos acepten cargos por los delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos.

Todo lo anterior solo será posible si se logra llegar a un consenso entre diversos actores de poder, alrededor del tipo de Estado que se desea y se necesita para cambiar radicalmente el rumbo del país, a partir de aceptar la histórica labilidad del orden, de las instituciones y de la institucionalidad estatales.

Redefinir el papel del Estado, hacerlo fuerte y desnaturalizar su debilidad, así como desmontar las mafias clientelares enquistadas en oficinas e instituciones oficiales, aupadas por partidos y líderes políticos, son acciones concretas para dar vida al postconflicto estatal.

 Hay que hablar, también, del postconflicto societal. Y de este hacen parte las representaciones sociales que de tiempo atrás los colombianos vienen construyendo alrededor de las relaciones que se dan entre el Estado y los ciudadanos. Lejos de pensar en concebir o mantener un Estado misericordioso y asistencialista, hay que discutir un nuevo perfil del ciudadano colombiano. Ese nuevo contorno ciudadano debe llevar a cada colombiano a ser capaz de exigirle al Estado que cumpla con sus responsabilidades como Estado social de derecho.

Hay que concebir una ciudadanía activa, crítica y consciente del vital papel que cumple cuando logra construir relaciones respetuosas y simétricas con el Estado y con los gobernantes. Minimizar al máximo las relaciones clientelares hace parte de ese postconflicto societal al que hay que llegar. Reducir el establecimiento de ese tipo de relaciones pasa por el aseguramiento de condiciones dignas de vida para amplios sectores sociales que hoy cambian votos por alimentos, un cargo público, una beca o un contrato. Pero también, en el convencimiento ciudadano de actuar con dignidad y responsabilidad política.

De igual manera, hay que dar vida a un tipo de postconflicto de carácter cultural. En el posconflicto cultural tienen lugar la educación y formas alternas de resolver los conflictos, las diferencias y, en general, todas las actuaciones cotidianas, privadas y públicas, de los colombianos.

Hay que diseñar un modelo educativo y garantizar una educación soportados en un cambio en la concepción de lo masculino, en aras de modificar sustancialmente las lógicas con las cuales el hombre colombiano asume su sexualidad, las relaciones de pareja, lo femenino y las relaciones con el medioambiente. Una educación basada en el respeto de las diferencias, en la aceptación del otro como contradictor, diferente u opositor alrededor de unas ideas y en principios democráticos que permitan la circulación libre de todas las ideas. Habrá que empezar, por ejemplo, con políticas públicas que prohíban a la industria cultural usar el cuerpo femenino como un objeto de consumo y de dominación.

Asimismo, hay que pensar en un postconflicto judicial en el que se garantice pronta justicia, con equidad y respeto por la condición humana. Para ello, el Estado deberá hacer ingentes esfuerzos presupuestales para acabar con la congestión judicial y brindar mejores condiciones laborales para los operadores judiciales. Es urgente construir una política criminal coherente que permita borrar de los imaginarios colectivos e individuales aquella idea que señala que “la justicia es para los de ruana”.

Para dar vida a esos cuatro escenarios de postconflicto hay que superar las condiciones y circunstancias que históricamente han hecho del Estado colombiano un orden precario e ilegítimo. De esta forma, el postconflicto, como gran escenario que recoja los aquí planteados, debe construirse sobre la base de refundar la patria, de repensar el Estado y de reconocer que hay problemas estructurales y de cultura política que han permitido y permiten aún el actuar violento, tanto de las fuerzas al margen de la ley, como de las que actúan dentro del propio Estado.

Qué positivo sería llegar a concebir un escenario de postconflicto como resultado de haber superado la pobreza, las diferencias, la violencia política, de haber abierto espacios democráticos generosos para que a través del voto libre y la acción política segura, las más disímiles fuerzas políticas alcanzaran representación en los cuerpos colegiados, con el apoyo ciudadano, sin presiones de grupos armados y sin la persecución de élites, gamonales y caciques.


[1] De presentarse una negociación, tengo dudas alrededor de si estamos ante la presencia del Estado como negociador, o si se trata de un diálogo con el Gobierno de Santos; y por los lados, no sé si se negociará con la actual cúpula de las Farc o con la organización militar con el carácter  monolítico que se espera que conserve.

Comments are closed.