Punto de no retorno

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Laura Gil

Por Laura Gil

Las editoriales de El Tiempo y El Espectador del jueves pasado llamaron a la negociación directa con Nicaragua.  Pero quizás  sus palabras de sensatez lleguen demasiado tarde.

“Un arreglo regular es mejor que un buen pleito”,  afirmó El Tiempo, y advirtió “el margen de maniobra es cada vez menor”.  El Espectador, por su lado, señaló que “hay que cambiar el lenguaje; hay que intentar ya los acercamientos”.

A la demanda de Nicaragua por la plataforma continental extendida, tan anunciada como la anterior, se sumó una tercera por desacato.  Así, Colombia se convirtió en el primer país en la historia de la Corte Internacional de Justicia denunciado por ignorar uno de sus fallos.

Esta demanda sin precedentes presenta tres puntos: la amenaza del uso de la fuerza; la intención de incumplir la sentencia expresada en las declaraciones del presidente, el vicepresidente, la ministra Holguín, los altos mandos militares y el Decreto 1946 de 2013; y los obstáculos que hubiese impuesto Colombia a la explotación de recursos por parte de Nicaragua.

El primero y último no deberían ser problemáticos y todo dependerá de la evidencia que presente Nicaragua.  No existe, al respecto, un desacuerdo jurídico entre las partes.

Dicho esto, vale la pena aclarar que la Armada colombiana está en su derecho de circular por las aguas no territoriales de Nicaragua y su simple presencia no debería en sí ser interpretada como amenaza del uso de la fuerza. 

No obstante, las manifestaciones públicas del presidente y de la canciller constituyen actos de Estado que lo comprometen y ellas sí han apuntado a la violación expresa de la sentencia.  ¿No es claro el incumplimiento del “se acata pero no se cumple”?

La demanda de inconstitucionalidad del Pacto de Bogotá, presentada en la papelería personal de Juan Manuel Santos, no solo es violatoria de la sentencia del 2012, sino también de la del 2007, en tanto insiste en el reconocimiento del meridiano 82 como una frontera marítima.

El Decreto 1946 reunifica las aguas del archipiélago mediante una figura desconocida en el derecho internacional –la zona contigua integral–, que Nicaragua expone como violación manifiesta del fallo de 2012. 

La estrategia presentada por Colombia para hacer frente a la consecuencias del nuevo mapa trazado en La Haya responde a las demandas político-electorales del momento.  Bien cierto es que el Gobierno debe lidiar con una opinión pública decidida a aferrarse a esos 75.000 kilómetros cuadrados de mar y una oposición dispuesta a sacarle el mejor provecho a situación tan dolorosa para el país; pero la acción interna no suple la internacional y, en este campo, Nicaragua ha pasado, una vez más, a la ofensiva.

El “todos contra Nicaragua” se desmoronó casi tan rápido como se armó.  La carta de protesta de Colombia, Panamá y Costa Rica contra las “pretensiones expansionistas” de Nicaragua fue entregada a Ban Ki-moon durante la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre pasado. Tan solo dos días después, los gobiernos de Ricardo Martinelli y Daniel Ortega lograron un acuerdo.

 Nuestra política exterior posfallo nos dejó dos demandas más.  Mirar hacia adentro ya pasó la cuenta de cobro.  ¿Hasta cuándo? Se está acabando el tiempo y la defensa de los intereses nacionales no puede quedar presa de la reelección.

Todo proceso jurídico tiene un grado de incertidumbre y el enfrentamiento legal expone a Colombia  y la somete a la decisión de un tercero.  La pérdida adicional de mar constituye hoy un riesgo para muchos menor pero, de todas formas,  real.

Solo una negociación que, a partir del reconocimiento de la decisión de 2012, cierre de manera definitiva la disputa fronteriza puede sacar al país de este embrollo.

El problema está en que, si seguimos esperando, la hostilidad de las palabras continuará creciendo y la puerta de la diplomacia terminará cerrándose.   Podemos estar llegando al punto de no retorno.

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