Puro Paro

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Por Camila Zuluaga

Ya llevamos un mes enfrentando el paro judicial. Se ha mencionado que la rama judicial tiene toda la razón en los argumentos que los llevaron a movilizarse. Para nadie es un secreto que las desigualdades en la remuneración de los funcionarios de la rama es abismal: mientras un magistrado puede llegar a ganarse $25 millones, un juez municipal tiene un salario entre $4 millones y $6 millones. Eso sin mencionar también las cargas laborales.

Es  cierto, como dicen muchos, que los altos salarios de la Sala son muy elevados. Por alguna razón, como tantas veces en el legislativo, se aprobó y se equiparó el sueldo de los magistrados con el de los congresistas y, como todos lo tenemos claro, a ellos (los congresistas)  no les tiembla la mano a la hora de reajustar cada año su salario. Pueden no ir a trabajar pero, eso sí, los beneficios parlamentarios les deben llegar cumplidos. Y de eso se beneficia la cúpula de la Justicia.

Lo que se vio esta semana fue un episodio lamentable: la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y el presidente de Asonal Judicial, Fernando Otalvaro, anunciaron que el paro, después de tanto tiempo, estaba levantado; y con bombos y platillos así lo comunicaron en todos los medios.  A pesar del anuncio, la duda asaltó a muchos, pues se sabía de antemano que existía una división al interior de la rama. Pero tanto el presidente de Asonal como la ministra hicieron caso omiso a esa inquietud que se venía planteando días atrás.

Como se conocía, y se había manifestado en diferentes escenarios, dicha división se evidenció y hoy  el sistema judicial continúa en paro. La terquedad de la ministra y del representante de la rama en la mesa de negociación fue absoluta, y por esa falta de querer ver la realidad y la opinión de las bases es que se han venido estrellando constantemente en este proceso.  Hoy vemos  a los integrantes de Asonal  acusándose internamente de traición y de que aquello que se firmó no les garantiza a los integrantes de la rama que sus solicitudes se solucionen, y además expresando que el acuerdo no ha sido socializado y las bases no conocen a fondo lo firmado.  

Sumado a las pinceladas anteriores sobre los errores que se han cometido durante las negociaciones en este paro, están las declaraciones de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien no ha hecho cosa distinta a dar tumbos cada vez que habla: primero, amenazando con la ilegalidad del paro y, posteriormente, argumentando que a los protestantes no les pagarían los días que no habían asistido a su lugar de trabajo. Al preguntarle a la ministra sobre cómo se manejaría dicha amenaza, su respuesta fue aun más sorprendente, sus palabras hicieron referencia a que ella no tenía cómo decidir lo anterior pues era la autoridad de la rama, el Consejo Superior de la Judicatura, quien tomaría la decisión.  Si la ministra no tiene la potestad  para tomar esa medida, ¿para qué la anuncia? ¿Por qué amenaza con algo que no puede hacer cumplir? Pero no solo eso, ¿para qué nuevamente, después del fracaso en las negociaciones, repite las amenazas?

Y como si fuera poco, ahora aparece el fiscal Montealegre de salvador a congraciarse con la rama judicial, a ofrecer sus servicios como mediador y a mostrar que él apoya a la rama, a diferencia de las declaraciones dadas por la contralora general de la nación, Sandra Morelli, quien pidió declarar ilegal el paro judicial puesto que la nación estaba perdiendo miles de millones de pesos.

Pero más allá de lo anecdótico y de quienes quieren aparecer y figurar dentro de la compleja situación  que   afronta la rama y de los malos manejos de toda esta situación,  lo que se ve venir es que el paro terminará empatándose con la vacancia judicial y no sabremos si los integrantes de la rama no estarán  trabajando por lo uno o por lo otro.

Una cosa más: Lo que ha sucedido  con el caso de InterBolsa y Proyectar Valores  nos muestra la irresponsabilidad y el riesgo con el que los corredores de bolsa manejan el mercado y la plata de los inversionistas.

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