¿Qué se le puede conceder y qué no a la guerrilla de las Farc? – Primera parte

0

A partir de esta edición en la versión impresa de EL PUEBLO y en nuestra página web haremos un seguimiento detallado de las noticias que se generen en La Habana, así como de los debates que suscite el proceso, con el fin de dar a nuestros lectores mayores elementos de juicio para tomar una posición.

Hasta la tercera seman de abril se reanudarán los diálogos de paz en La Habana /Foto: Archivo web
Hasta la tercera semana de abril se reanudarán los diálogos de paz en La Habana /Foto: Archivo web

Sin exageraciones, el proceso de paz es el hecho más importante en Colombia a lo largo del 2013, y de su resultado depende en buena medida el futuro inmediato de la nación. Para las nuevas generaciones parece inimaginable un país sin guerrilla, por lo que alcanzar un acuerdo que signifique la terminación del conflicto podría significar cambiar la historia.

Todos los colombianos predican la paz;  aun los que prefieren practicar la guerra o se oponen a la posibilidad de una salida del conflicto negociada. Las diferencias radican en la forma de responder dos preguntas básicas: qué condiciones se deben exigir para adelantar la negociación y qué concesiones se le podrían hacer a la guerrilla para lograr la dejación de las armas.

En cuanto a lo primero, el Gobierno decidió no hacer ningún tipo de exigencia previa porque consideró que con base en las experiencias anteriores cualquier acuerdo podría ser tomado como una ventaja militar para la guerrilla. Exigir un cese del fuego, que a su vez significaba la cesación de las acciones militares contra la guerrilla, daría más que ganar a las Farc que al Estado.

Esa decisión conllevó que la negociación se adelantara en medio de la confrontación, lo que le quita apoyo ciudadano porque es difícil explicar cómo mientras en Cuba se habla de paz en Colombia se hace la guerra, aunque sea obvio que se habla de paz precisamente porque estamos en guerra. Cada ataque de la guerrilla afecta la credibilidad del proceso.

El Gobierno –con buen juicio– no ha caído en la tentación reiterada de la guerrilla de pactar un cese bilateral del fuego. Eso, como se dijo, significa una ventaja militar para la guerrilla y no al contrario, como a veces se percibe.

El debate sobre las condiciones para la negociación parece en este momento innecesario puesto que ya el Gobierno y las Farc adoptaron una metodología: en la medida en que los voceros de los equipos negociadores anuncian avances e incluso “metros” de acuerdos, la discusión se concentra en qué se les puede conceder y qué no a las Farc.

¿Cuánto está dispuesta a ceder la sociedad colombiana a cambio de la paz?

El Gobierno no ha adelantado nada, aunque promovió el denominado Marco Jurídico para la Paz, que establece las reglas de justicia transicional que se aplicarían a los guerrilleros desmovilizados. Las Farc han dicho que esas reglas se deben discutir en la mesa y que no aceptan condiciones previamente establecidas.

Por su parte, un sector de la sociedad liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez califica ese marco como inaceptable porque implicaría –según su interpretación– impunidad a favor de quienes han cometido delitos de lesa humanidad e incluso la posibilidad de que se postulen a cargos de elección popular y resulten elegidos.

Qué se concede y qué no para terminar un conflicto armado depende de variables jurídicas, políticas y militares. Las reglas jurídicas están tanto en la Constitución –la cual podría modificarse– y en el Derecho Internacional, que fija unos estándares que de incumplirse abrirían la posibilidad de la intervención de la Corte Penal Internacional para investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto que no hubieran sido juzgados en el orden interno.

En lo político y lo militar depende de la correlación de fuerzas entre las dos partes enfrentadas y de la legitimidad que los reclamos de los grupos armados tengan en la sociedad.

Sobre la interpretación de estas variables se centra el debate. El uribismo “acusa” al Gobierno de estar ofreciendo impunidad y elegibilidad, además de que rechaza que en La Habana se discutan temas relacionados en el desarrollo rural, porque niegan toda posibilidad de legitimar a las Farc para que se convenga con ese grupo algún aspecto de la agenda pública.

Con el propósito de ahondar en las razones de ese sector político para oponerse al proceso de paz nos dimos a la tarea de examinar cuál fue la conducta del presidente Uribe, mientras duró su gobierno, en relación con la posibilidad de conceder beneficios jurídicos o reconocimientos políticos a las Farc. Esto fue lo que encontramos:

  1. Ofrecimiento de impunidad

Dos hechos demuestran que Uribe estaba dispuesto a buscar los instrumentos jurídicos para perdonar a los guerrilleros aun si hubiesen cometido delitos de lesa humanidad: de una parte, el proyecto original de la Ley de Justicia y Paz, que luego fue modificado por el Congreso y por la Corte Constitucional; y por otra, los ofrecimientos a guerrilleros delatores o informantes.

Una vez avanzados los diálogos en más de un 50%, el Gobierno deberá comenzar a aplicar medidas de posconflicto para garantizar justicia social /Foto: Archivo web
Una vez avanzados los diálogos en más de un 50%, el Gobierno deberá comenzar a aplicar medidas de posconflicto para garantizar justicia social /Foto: Archivo web

En 2005 el Gobierno puso en consideración del Congreso un proyecto de ley que llamó de alternatividad penal, en el que se preveía que los miembros de grupos armados al margen de la ley que llegaran a un acuerdo por el Estado podrían recibir el beneficio del perdón judicial. Congresistas, que formaban parte hasta entonces de la bancada uribista, como Rafael Pardo y Gina Parody, se opusieron radicalmente y lograron que el Congreso estableciera un  marco de justicia transicional que aceptaba bajas penas a cambio de verdad; reparación y garantías, de no repetición. La Corte Constitucional adicionó condiciones para otorgar los beneficios jurídicos y la ley se separó, entonces, del planteamiento de perdón hecho por el Gobierno.

Pero incluso después de aprobada la ley, el Gobierno de entonces ofreció mecanismos jurídicos a guerrilleros que dejaron las armas –es decir, lo mismo que harían los miembros de las Farc si llegaran a un acuerdo con el Gobierno actual–. Varios casos ejemplifican la oferta gubernamental.

Los más llamativos son los de alias Karina y Rodrigo Granda. La primera, una guerrillera con decenas de años en las filas de las Farc y considerada una de las combatientes más sangrientas de esa organización. El propio presidente Uribe la había sindicado de cometer delitos que contrariaban el derecho internacional humanitario. Pese a ello, una vez se entregó a las autoridades él la designó gestora de paz, lo que le permitió recobrar su libertad aunque de forma condicional y vigilada, y el propio Presidente afirmó que se encontraban buscando mecanismos jurídicos para asegurarle que no estuviera en la cárcel.

Granda fue detenido por el Gobierno en un controvertido operativo que se llevó a cabo en Venezuela. Aunque no forma parte del Secretariado de las Farc era conocida su posición directiva en ese grupo. Uribe ordenó su liberación en condición de gestor de paz y argumentó que el presidente de Francia le había hecho esa solicitud para facilitar la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien permaneció durante seis años secuestrada por la guerrilla.

En 2004, en un hecho singular, el propio Uribe recibió en la Casa de Nariño a Luis Hernando Buitrago, un desertor de las Farc que se evadió del búnker de la Fiscalía y luego se acogió al programa de reinserción. El Presidente pidió que lo alojaran en el Hotel Tequendama –tradicionalmente conocido como uno de los más elegantes de Bogotá– y le ofreció garantías jurídicas.

Estos antecedentes vuelven inexplicables las exclamaciones del expresidente contra la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a los miembros de la guerrilla de las Farc que se desmovilicen en el marco de una reglas –que resultan imposibles de evitar– de justicia transicional que garanticen a las víctimas que se conozca la verdad y que se los repare.

  1. Representación política

Aunque es casi unánime la afirmación de que a la guerrilla de las Farc se le pide que deje las armas para hacer política y que la haga por las vías democráticas, Uribe también se ha opuesto en forma enfática a la posibilidad de que miembros de la guerrilla puedan ser elegidos al Congreso de la República o a otros cargos de elección popular.

Una comisión de congresistas viajó a Cuba hace unos días para debatir el punto de representación política de las Farc /Foto: Archivo web
Una comisión de congresistas viajó a Cuba hace unos días para debatir el punto de representación política de las Farc /Foto: Archivo web

Las afirmaciones de expresidente no coinciden con sus posiciones sostenidas durante su gobierno. En efecto, en 2006, en época de la campaña presidencial que lo llevó a su reelección, Uribe, a través de un comunicado oficial de la Presidencia de la República ofreció incluso convocar una Asamblea Constituyente en el marco de un proceso de paz con las Farc.

La asamblea llevaría a dos cosas que el expresidente cuestiona vehementemente ahora: la legitimidad política para discutir temas de la agenda, que con la propuesta de entonces llevaría incluso a convenir con los guerrilleros desmovilizados la Constitución; y, de otra parte, la elegibilidad de los miembros de las Farc que entrarán en un  proceso de paz, porque de otra manera no se entendería cómo la Asamblea podría ser la culminación de las negociaciones.

El 2 de Octubre de 2006, la Casa de Nariño expidió el siguiente comunicado: “El Presidente de la República ha autorizado al Alto Comisionado para buscar con las Farc un acuerdo de condiciones propicias para una eventual zona de encuentro. Zona de encuentro que sea eficaz para el acuerdo humanitario y un proceso de paz. Con garantías de buena fe que además deberían incluir un cese de hostilidades, limitaciones de tiempo y los requisitos que propusieron los tres países europeos.

”Consistente con la propuesta formulada públicamente por el Alto Comisionado hace más de un año, el Gobierno considera viable la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz, por supuesto, con previa dejación de armas. Por ningún motivo se permitirá el debilitamiento de la política de seguridad democrática”.

Los antecedentes de las concesiones ofrecidas y concretadas en algunos casos a miembros de la guerrilla de las Farc que se desmovilizaron y se sometieron al Programa de Reinserción del gobierno nacional muestran que la posición del expresidente ha cambiado sin que sea claro por qué y que en esa material, aunque hay reglas que habrá que respetar sin vacilación para garantizar los derechos de las víctimas, todo lo demás está por discutir.

Comments are closed.