Reflexión paciente e indignación

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alvaro guzmanÁlvaro Guzmán Barney

Director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Es importante votar y esperar los resultados, pacientemente. El tema de fondo que se resuelve en las elecciones es el de la paz negociada tal y como se adelanta en las conversaciones de la Habana, su continuidad en el próximo futuro y la posibilidad de que los acuerdos que allí se logren sean refrendados con el voto popular. La alternativa es la terminación de los diálogos y la continuación del conflicto armado que se desprende de allí, quien sabe por qué tiempo y con la estrategia principal de la guerra para doblegar a la guerrilla. En el primer caso, que considero deseable, es necesario tener en cuenta que los acuerdos de paz dan inicio a una fase muy compleja para la sociedad colombiana, el posconflicto, que implica desarrollar grandes cambios, por la vía de los acuerdos políticos y no de las armas. Es una tarea gigante que bien vale la pena acometer de manera decidida, si nos margina de la violencia y nos introduce en la senda de la política, de los acuerdos y de grandes proyectos nacionales. Sería un salto histórico en la modernización del país, lleno de dificultades, que requiere compromisos y también debe proporcionar grandes satisfacciones. En el segundo caso, se seguirán postergando las grandes reformas, se consolidaran las élites tradicionales y la guerra continuará con un saldo de víctimas, injustificable hace mucho tiempo, especialmente entre los sectores populares. Además de la paciencia, entonces, lo que se puede aconsejar en este momento es marginarse de la forma sucia como se adelantó la campaña y de la forma enervada y primaria como se quieren lograr adhesiones y, más bien, introducirle un poco de reflexión a lo que está sucediendo, al momento único por el que atraviesa la sociedad colombiana, a lo que puede ser más conveniente para el país, así tengamos muchas dudas sobre los líderes de hoy y sus intenciones políticas. El momento es de reflexión paciente y desprevenida de los ciudadanos, sobre lo que más le conviene a la nación.

Sin embargo, en medio de una campaña política en la que “lo político” casi que motivó “la violencia”, este llamado a la reflexión paciente y desprevenida se hace difícil. Más cuando suceden algunos hechos violentos, de otra naturaleza, que son inadmisibles y que dan cuenta de la precariedad de las instituciones estatales. Casualmente, estos hechos no ameritaron opiniones de fondo, por lo menos los dos primeros, por parte de los candidatos, o de los líderes políticos, o de los altos funcionarios estatales más implicados. Me refiero a los mineros muertos en socavones profundos y sin condiciones de seguridad en Santander de Quilichao, al mendigo apodado “Calidoso”, quemado vivo en Bogotá; más recientemente a los 32 niños muertos quemados en un bus en Fundación (Magdalena). Es cierto que son hechos muy distintos en su etiología, pero los tres ilustran debilidades institucionales para garantizar la seguridad ciudadana. Por otro lado, muestran el grado de “anestesia y de conformismo” al que hemos llegado los ciudadanos, frente a eventos de intenso dolor humano colectivo, que se han podido evitar y que nos implican a todos, con gestos mínimos de solidaridad con las víctimas. Deberían producir hechos colectivos y manifiestos de indignación.

En el caso de los mineros, se mencionó la responsabilidad de la minería ilegal en el desastre, aliada de agentes estatales y no estatales, regionales y locales. Se criticó a los mismos mineros que defendían la minería, por defender su trabajo. Pero, no se confrontaron en su responsabilidad las autoridades nacionales, regionales y locales y la opinión pública no pareció inmutarse frente al dolor mismo de los mineros muertos. Sólo la foto, en la prensa nacional, de los niños, bien vestidos a pesar de su pobreza, presentes en el entierro caracterizó bien un drama particular y familiar que no llegó a conmover a la sociedad colombiana.

El caso de “Calidoso” es el de un indigente quemado vivo. Realmente, personas de las mismas condiciones que son ajusticiados se repiten a los largo de Colombia. Por ejemplo, entre los enterrados como N.N. , hay varios de casos de asesinados por intolerancia, en algunas oportunidades por sus pares, pero generalmente por personas o grupos identificados con el poder local que se auxilian de justicieros o de los mismos representantes de los organismos de seguridad estatales. La diferencia, en esta oportunidad, es que estudiantes y profesores de una reconocida universidad protestaron por el hecho y se manifestaron colectivamente y ante los medios de comunicación. Esta fue una posición que, aunque circunstancial, se debe aplaudir. Seguramente frena acciones violentas similares. Pero, ¿qué tanto se conmueve la sociedad colombiana por este tipo de hechos, que suceden más frecuentemente de lo que pensamos?

El caso de los niños muertos y heridos en Fundación es francamente indignante. Más allá de las responsabilidades de quien contrató el bus, del chofer o del dueño, son cientos los buses que circulan por las carreteras nacionales en las mismas condiciones. La falta de control estatal, de varias entidades, a este respecto es notoria e inaceptable. Si el Estado no funciona, las organizaciones sociales no pueden quedarse a la espera. Sólo cuando sectores de la sociedad se conmueven y se manifiestan, el Estado se da por aludido.

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