¿Reforma a la justicia?

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Camila ZuluagaPor Camila Zuluaga

¿Qué está pasando con la justicia? La historia empezó a hacerse pública con la denuncia en los medios de comunicación acerca del crucero por el Caribe que hizo la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Stella Díaz, con otras magistradas del tribunal de Bogotá. Esto, como es normal, generó la  indignación de la ciudadanía y de la opinión pública, pues se dio a conocer que los magistrados de las altas cortes tienen por ley derecho a cinco días hábiles de permiso remunerado sin tener que justificarlo. De este permiso han hecho uso todos los que han pasado por el cargo de magistrado, pues desde 1970 la ley estipuló que debido a que quienes imparten justicia en el país tienen jornadas laborales de más de ocho horas, o por lo menos así se espera, estos días son un compensatorio por su labor.  De ahí, entonces, surge otro interrogante: ¿por qué si desde hace treinta años los magistrados gozan de ese beneficio, hasta ahora nos escandalizamos con el tema?

De lo anterior hay dos teorías: la primera, que la Corte está enfrascada en una dinámica de enfrentamientos electorales; y otra, que hay quienes quieren debitar la justicia para presentar un proyecto que la reforme.

Para explicar la primera tesis hay que decir que, por un lado, la Corte Suprema, para quienes no lo saben, cuenta con tres salas: la civil, con siete magistrados; la penal, con nueve; y la laboral, con siete; lo que suma un total de veintitrés. En este momento hay cinco vacantes, lo que ha dejado las decisiones de sala plena en manos de dieciocho magistrados. Dentro de poco si los integrantes actuales de la Corte siguen sin ponerse de acuerdo en elegir a los nuevos integrantes del alto tribunal, podrían llegar a suceder que la sala plena se quede sin los miembros necesarios para completar la mayoría.

La disputa ha estado centrada especialmente en el remplazo del cupo que deja el magistrado Jaime Arrubla en la sala civil. Desde que llegaron las listas de elegibles enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura, esa sala tomo la decisión de tener como candidato preferente para presentar a sala plena al señor Jorge Parra, abogado de Medellín, quien era ficha del magistrado Arturo Solarte, famoso por estos días en los medios de comunicación por haber presentado su renuncia, y del saliente magistrado Jaime Arrubla.

En diferentes ocasiones la votación para elegir a quien ocuparía esa vacante fue fallida pues ninguno de los candidatos presentados obtuvo la mayoría, ni siquiera el señor Parra, que había sido avalado por la sala civil. Lo que por supuesto generó la sospecha de muchos, pues no sabían por qué razón la sala plena no  acogía la recomendación dada por la sala civil de escoger al abogado Parra como nuevo magistrado. Después de mucho tiempo se conoció que algunos miembros de la sala plena no estaban interesados en votar por Parra, pues según ellos este tendría abierta una oficina en Medellín en conjunto con Jaime Arrubla, comportamiento abiertamente irregular, pues bien es sabido que los integrantes de las altas cortes deben cerrar todo negocio personal para poder desempeñar su labor y no entrar en conflicto de intereses.

Desde ahí empezó la guerra campal, ya que quienes apoyaban a Parra tomaron la decisión de que si no se votaba por su candidato, entonces bloquearían las elecciones de quienes estaban aspirando a las otras salas. Es decir, por esa puja electorera, hoy tenemos una Corte con cinco vacantes y la posibilidad de que se quede sin quórum, de seguir esta situación.

Lo que pasa es que esa pelea no es para menos, la corriente que logre quedarse con esos puestos dominará en cierta medida las decisiones electorales del tribunal.

Por otro lado, está la tesis de quienes sostienen que lo que esta sucediendo con la rama judicial no es un problema electoral, sino un intento de desprestigiar a la justicia, con la única intención de presentar una reforma judicial. Después del fallido  y nefasto intento que tuvo el Gobierno, se tiene que buscar una forma en donde la opinión pública vea que es fundamental presentar nuevamente un proyecto de esa naturaleza. Muchos creen que las columnas de opinión de importantes juristas en el país, demuestran que esa es la intención que tiene un sector en Colombia. Si esta tesis fuese cierta, ¿quiénes son aquellos que están utilizando ese tipo de estrategias para intentar una reforma que muchos sectores piden a gritos? ¿No sería mejor, en vez de acudir a dichos mecanismos, introducir al país en un debate serio sobre aquella necesidad imperiosa que tenemos hace años?

Sea cual fuere la teoría cierta, si la primera o la segunda que les expliqué, por la cual en este momento el país está centrado en aquellas superficialidades del funcionamiento de la justicia, es lamentable. Sin embargo, lo más triste es que obedezca a intereses personales u objetivos específicos que pocos conocemos.

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