Remedio peor que la enfermedad

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Por Camilo Granada

Senadores  y representantes del partido de gobierno están activamente promoviendo una reforma para, según ellos, mejorar la seguridad pública a través de la autorización generalizada de la compra y porte de armas por parte de la ciudadanía. De prosperar, esta propuesta solo lograría empeorar la violencia y aumentar el número de homicidios en el país.

El argumento que esgrimen los proponente es que frente a los incrementos de la inseguridad en las grandes ciudades del país, y dado que la política de seguridad del gobierno en este frente no muestra los resultados que se esperaban, la única alternativa es permitirle a los ciudadanos “de bien” armarse para enfrentarse a tiros en las calles contra los delincuentes. Apoyan esta teoría en una información incuestionable: hay más criminales que andan armados que personas del común. Semejante perogrullada les permite pretender que la solución al problema es nivelar la cancha con más gente armada en las calles, en vez de menos. Asumen estos legisladores además que los asaltantes dudarían más en cometer un atraco si piensan que la víctima puede estar armada.

Y ese es el primer error de su razonamiento. El individuo que, estando armado decide cometer un crimen, no va a ser disuadido por eso. Está ampliamente estudiado en muchos países. Por el contrario, lo que hará será actuar de entrada con más violencia y agresividad para evitar la posible reacción de su víctima.

De allí surge la otra contradicción fundamental en el razonamiento. la víctima corre más riesgo armada que desarmada. Enfrentar un ataque por sorpresa y repelerlo con un arma requiere un entrenamiento periódico y reflejos educados pues de otra forma las supuestas ventajas de estar armado para defenderse se vuelven negativas, convirtiéndose antes que en un seguro, en un mayor riesgo para quien la porta para su defensa. Difícilmente el ciudadano corriente que decide apelar al porte de armas para su seguridad tiene el entrenamiento y la decisión de los delincuentes para utilizarla. Estudios estadísticos hechos en ciudades como Chicago o Nueva York han demostrado que armar a la gente incrementa su riesgo y no previene los atracos a residencias, negocios o en la calle. Debe haber seguramente casos excepcionales en los que estas verdades estadísticas no se cumplen. Pero son solo eso: muy contadas excepciones. En general, el remedio es peor que la enfermedad.

Por otro lado, armar a la ciudadanía crea una verdadera carrera armamentista pues el malhechor que antes usaba un arma blanca para intimidar, buscará –y conseguirá fácilmente en el mercado negro—un arma de fuego para cometer sus delitos.

La medida entonces no sirve para resolver el problema que se supone busca superar. Pero tiene además otras consecuencias negativas para la seguridad y la reducción de la violencia, un fin que deberíamos perseguir todos. La inmensa mayoría de los homicidios no son premeditados. A principios de los años 90 en Colombia – en el peor momento de la violencia sicarial del narcotráfico y cuando tuvimos las tasas de homicidio más altas de la historia—se estima que solo el 12% de ellos fue premeditado. Adicionalmente, una proporción significativa de las víctimas son familiares, amigos o conocidos de los victimarios. Los otros son el resultado de riñas que pasan de insultos y puños a tener consecuencias fatales. Teniendo en cuenta esos análisis y realidades, en 1994 el presidente César Gaviria, junto con Rafael Pardo, entonces ministro de defensa, expidió una nueva política que eliminó la propiedad privada de las armas de fuego, estableció mayores controles y diferenció los permisos de tenencia en las casas de los de porte en las calles, estos últimos mucho más restrictivos.

Volver atrás en esas medidas sería un error fundamental. La seguridad ciudadana no se consigue armando a la gente y reviviendo las prácticas del lejano oeste de los Estados Unidos en el siglo 19, cuando el que desenfundaba más rápido era el que sobrevivía. Afortunadamente el gobierno del presidente Duque ha expresado su rechazo a esta iniciativa. Es sorprendente ver a miembros del partido de gobierno lanzar este tipo de globos al aire, en contravía de las políticas expresas del presidente. A veces pareciera que más que apoyar al gobierno, buscan sabotearlo y meterlo en problemas. Cabe preguntarse si esto es un problema de comunicación interna o si es una decisión de fondo que tiene que ver con la estrategia para la campaña electoral del año entrante y refleja una apuesta del Centro Democrático para distanciarse del gobierno Duque.

 

 

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