Restituciones simbólicas para los retornados en Tuluá

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Publicado por verdadabierta.com y reproducido por EL PUEBLO para aportar al conocimiento de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia.

En Tuluá, los jueces ordenaron darles créditos y seguridad a campesinos que habían abandonado sus fincas cuando huyeron aterrorizados por el paramilitarismo, pero que ya habían retornado a sus tierras. 

Tuluá es el municipio con más reclamantes del departamento: 182 solicitudes por 6.258 hectáreas, según cifras del 3 de enero de 2013
Tuluá es el municipio con más reclamantes del departamento: 182 solicitudes por 6.258 hectáreas, según cifras del 3 de enero de 2013

Una gran parte de las sentencias de tierras proferidas por jueces ordenan planes de retorno para que los campesinos que fueron expulsados o despojados por la violencia puedan volver y permanecer en sus fincas. Sin embargo, en Tuluá (Valle del Cauca), con más reclamantes de tierras de ese departamento, las primeras decisiones de restitución han sido simbólicas porque las familias ya habían retornado después de haber sido desplazadas por la violencia, a falta de oportunidades en la ciudad.

En las dos primeras decisiones que han emitido, los jueces reconocen que dos familias del corregimiento de Puerto Frazadas fueron desplazadas por paramilitares del Bloque Calima de las AUC, y que aunque con el paso de los años volvieron a sus parcelas, una de ocho hectáreas y la otra de cuatro hectáreas. La Unidad de Restitución tiene la obligación de entregarles simbólicamente los predios y hacerles saber lo que dictaron los jueces. Una de las órdenes judiciales es para las autoridades de Tuluá, que deben ofrecerles garantías de seguridad y de acceso a subsidios para permanecer y progresar en su tierra.

La historia de Tuluá es cruenta; a tal punto, que los jueces ordenaron además al Centro de Memoria Histórica documentar el conflicto vivido en este municipio del Centro del Valle, a ochenta kilómetros de Cali. La Unidad de Restitución –el organismo creado por la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que atiende las reclamaciones de tierras de las víctimas y presenta sus casos ante los jueces de restitución– documentó que varios de los veinticinco corregimientos de Tuluá, entre ellos Puerto Frazadas, quedaron desolados en 1999, cuando los paramilitares de las AUC, conocidos luego como Bloque Calima, llegaron al pueblo a  asesinar y desplazar.

Según lo documentó la Unidad, en esta región del Centro del Valle estaban las Farc entre 1991 y 1996 con las compañías Víctor Saavedra y Alonso Cortés. En 1999 a esta zona llegaron los paramilitares provenientes de la región del Urabá y bajo órdenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes repartieron volantes con las siglas de la AUC, luego mantuvieron combates con la guerrilla y después expulsaron a los campesinos de sus parcelas con amenazas.

Moralia
Moralia

“Solamente quiero que les quede esto muy claro. Las Autodefensas Unidas de Colombia hemos llegado al Valle para quedarnos”, les dijo un paramilitar a quinientos campesinos del corregimiento de Moralia, que fueron forzados a salir de sus casas para ser reunidos en la plaza central del pueblo. La Unidad de Justicia y Paz documentó que eso ocurrió el 31 de julio de 1999, cuando en el pueblo se celebraban las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Alias El Flaco señaló a un hombre de cuarenta y cinco años y a su hija, una estudiante de enfermería, de ser presuntos colaboradores de las Farc. Ambos fueron asesinados en frente de los habitantes.

Este hecho provocó el desplazamiento masivo de la población rural de Tuluá, principalmente de los corregimientos de Moralia, Monteloro y Puerto Frazadas. Los diarios locales del Valle documentaron la tragedia. “Unas 200 personas, de más de 2.000 que habían abandonado sus parcelas, llegaron ayer (3 de agosto de 1999) a las instalaciones municipales de Tuluá y Buga, en busca de refugio y protección por temor al accionar de las AUC”, publicó El País. El periódico La Región también publicó sobre el éxodo: “Avalancha de desplazados no para. Los campesinos que lograron huir la zona montañosa han relatado que hay niños y ancianos que requieren atención y no han podido salir aún… diez días después de la incursión de las autodefensas, una vasta zona rural se está quedando despoblada, 120 familias dejaron sus parcelas”.

Rafael y Mario hicieron parte de las familias que abandonaron sus fincas tras las amenazas y asesinatos cometidos por los paramilitares.  Ambos habían comprado parcelas entre los años setenta y ochenta mediante compraventas que registraron en notaría. “Nos desplazamos en 1999. Nos movilizamos en la volqueta que había puesto el municipio para que bajaran a las personas de Puerto Frazadas ante el inminente peligro de  enfrentamientos. En Puerto Frazadas hubo desapariciones y amenazas a través de panfletos”, contó Pedro*, un hijo de Rafael. Sus padres murieron en la ciudad mientras esperaban la oportunidad para recuperar la finca.

Hacia finales del mismo año la familia de Mario tampoco aguantó la violencia y se desplazó al casco urbano de Tuluá. Un informe solicitado por la Unidad de Tierras a la Policía de ese municipio y presentado durante el juicio indicó que después de la llegada de los paramilitares en julio de 1999, fueron asesinadas por lo menos treinta y siete personas, que fueron desmembradas y torturadas. Según el mismo informe, ese primer mes salieron desplazadas setecientas treinta personas de las veredas.

La Unidad de Tierras documentó que el conflicto persistió en el Valle por ser considerado un sector estratégico, “ya que está ubicado entre la cordillera central y occidental, lo que permite una mayor movilidad entre Tolima, Huila y Cauca, estratégico  para el tráfico de armas y de drogas”.

El retorno

Pedro le dijo al juez que entre 1999 y 2007 su familia vivió desplazada en el casco urbano de Tuluá en el coliseo de ferias, en las instalaciones de la ralladora de yuca y en la casa de una familiar hasta que decidieron regresar a la parcela “debido a la difícil situación económica que atravesábamos mientras estábamos en Tuluá”, Al regreso, se encontraron con un parcela destruida: la casa sin madera, sin techo, la tierra sin cercas, ya no quedaba ni un cultivo y para rematar les habían robado las herramientas, incluyendo la peladora de café.

En 1998 de Tuluá salieron desplazadas 60 personas; en 1999, 1400; y en el 2000, 2.937. Entre 1997 y agosto de 2010 de Tuluá se desplazaron 12.000 personas
En 1998 de Tuluá salieron desplazadas 60 personas; en 1999, 1400; y en el 2000, 2.937. Entre 1997 y agosto de 2010 de Tuluá se desplazaron 12.000 personas

La desilusión fue igual para Mario, quien retornó un año después del desplazamiento a la parcela y encontró que prácticamente lo había perdido todo. Ya no había casa ni cultivos en su terruño. Según datos de la Unidad de Tierras, Tuluá es el municipio con más reclamantes del departamento: 182 solicitudes por 6.258 hectáreas, según cifras del 3 de enero de 2013. La ola de violencia documentada por la Unidad, que señala a 1999 como el año más crítico, época en que las familias abandonaron sus parcelas, coincide con el antiguo Registro Único de Población Desplazada, RUPD.

Según esa base de datos, en 1998 de Tuluá salieron desplazadas sesenta personas; en 1999 esta cifra se incrementó a mil cuatrocientas dos, y en el año 2000 a 2.937 personas expulsadas del municipio, siendo estos dos años los más críticos. Entre 1997 y agosto de 2010 de Tuluá se desplazaron doce mil personas.

El Bloque Calima de las AUC –que a partir de 2000 estuvo a cargo de Hébert Veloza alias HH, un subalterno de los hermanos Castaño que fue primero jefe paramilitar del Bloque Bananero en el Urabá antioqueño– se desmovilizó en 2004. Ante el desplazamiento que forzó este grupo paramilitar en esta zona del centro del Valle, el Concejo Municipal de Tuluá exoneró entre 2000 y 2009 del pago de impuestos a los propietarios

que tuvieron que abandonar sus parcelas. “… Considerando que varios corregimientos, entre ellos Puerto Frazadas, han vivido una situación de violencia generalizada  y que dichos inmuebles son improductivos por el abandono, se les exonera del pago del impuestos del predial unificado”, señaló el Acuerdo 6 de 2001 del Concejo.

Con las recientes decisiones de los jueces, el Incoder tendrá que diseñar para estas familias proyectos productivos integrales de acuerdo con el uso del suelo; la Alcaldía de Tuluá tendrá que desarrollar un plan para la atención y reparación integral de las víctimas; la Policía y el Ejército deben estudiar la situación de seguridad del corregimiento de Puerto Frazadas y ofrecerles garantías de seguridad a quienes viven en la zona.

 Otro caso en Norte de Santander

En 1999 llegaron a Puerto Frazadas los paramilitares provenientes de la región del Urabá. Bajo órdenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaño mantuvieron combates con la guerrilla y después expulsaron a los campesinos de sus parcelas con amenazas
En 1999 llegaron a Puerto Frazadas los paramilitares provenientes de la región del Urabá. Bajo órdenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaño mantuvieron combates con la guerrilla y después expulsaron a los campesinos de sus parcelas con amenazas

Un caso similar al de Puerto Frazadas es el del corregimiento Campo Tres, en Tibú, Norte de Santander. El 15 de agosto de 1999 paramilitares de Bloque Catatumbo a cargo de Salvatore Mancuso asesinaron a Ramón*, forzando a su familia a desplazarse. Liliana*, su esposa, se registró  como desplazada en el antiguo Acción Social y pidió la protección de su parcela de 39 hectáreas, que su esposo había comprado en 1994 y que había registrado en la notaría del Zulia.

Cuando Liliana se presentó ante la Unidad de Restitución, contó que debido a la difícil situación económica decidió retornar a la finca, “por miedo a perderla y tras no recibir ayuda del Estado”. Su reclamación entonces se enfocaba a que fuera incluida en programas y proyectos productivos para salir adelante. El juez de Tierras Civil de Cúcuta le dio la razón y además de reconocerla como víctima  del abandono de tierras que se registró en la zona del Catatumbo durante los últimos diez años, le ordenó al Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales un estudio que analice opciones de crédito para Liliana, así como a la Unidad de Víctimas y a las autoridades planes que garanticen la seguridad y permanencia de esta familia en Tibú.

*Nombres cambiados por razones de seguridad

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