Restricción permanente al porte de armas en Cali, ¿acierto o desespero?

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La petición del alcalde Rodrigo Guerrero al presidente Juan Manuel Santos de decretar en Cali la restricción permanente en el porte de armas ha generado distintas reacciones, la mayoría de oposición. Para algunos, es una petición que suena a medida desesperada. La administración insiste en el pedido al gobierno nacional.

La restricción permanente en el porte de armas la habría solicitado el alcalde de Cali tras las alarmantes cifras de muertes violentas. Foto: Alcaldía de Cali.
La restricción permanente en el porte de armas la habría solicitado el alcalde de Cali tras las alarmantes cifras de muertes violentas. Foto: Alcaldía de Cali.

 

Mientras un arma de fuego legal tipo calibre 38 con salvoconducto y la primera carga, además de tener una vigencia de 3 años, puede costar $2’500.000, en el mercado ilegal el mismo artículo puede costar $700.000.

El alquiler del mismo objeto en uno de esos sitios dedicados precisamente a esta modalidad de provisión –que son cada vez más frecuentes en Cali– puede costar $300.000. Cabe mencionar que se alquila una y otra vez, y no precisamente para garantizar la seguridad de nadie, pero sí para delinquir.

Dicha comparación sale a discusión mientras sigue la polémica por la petición que le hizo el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero al presidente de la República Juan Manuel Santos de decretar en la ciudad la restricción de forma permanente en el porte de armas.

Dicha comparación la hacen quienes, de manera legal y con documentos al día permanecen armados; en un buen número son comerciantes, empresarios y ciudadanos que consideran que Cali es una ciudad en la que se debe andar armado porque la inseguridad está a la orden del día.

Para uno de estos comerciantes, que prefirió no dar su nombre, quien desde hace 15 años porta un arma de fuego, la propuesta del mandatario es desconcertante. Asegura que no es posible que se acuda a una ley que lo único que hace es ponerle trabas a quienes hacen todo cobijados por la ley y le sigue dando libertad de delinquir a quienes lo hacen matando y robando con armas de fuego que nunca están legalizadas. “Nunca un bandido usa para delinquir un arma con salvoconducto, siempre son armas alquiladas, de extraña procedencia, pistolas a las que les han borrado el número y que pasan de una mano a otra. La medida de la restricción de porte de armas solo hace que quienes queremos sentirnos seguros con un arma y solo por eso, quienes la usamos como un elemento para nuestra seguridad porque por ejemplo manejamos sumas en efectivo o mercancía en riesgo de ser robada, no podamos hacerlo”, aseguró.

La Administración continuará con la petición

Como respuesta a las inquietudes que han surgido a partir de la petición del alcalde Guerrero, el secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín, indicó que la administración insistirá ante el gobierno nacional que esta es una medida que, junto con otras, hace parte de un gran plan de seguridad que permitirá contrarrestar el delito.

El funcionario aseveró que se seguirán implementando medidas de tipo social y de prevención situacional, además de las que contemplan inversión de carácter logístico y tecnológico, como la ampliación de  cuadrantes de la Policía y la instalación de 160 cámaras más de vigilancia en la ciudad.

Según Holguín, la alcaldía de Cali se mantendrá en la petición, para implementarla en un periodo que les permita a las autoridades medir si estas acciones sirven para disminuir las cifras de muertes violentas con arma de fuego en la capital vallecaucana, las cuales se han incrementado en un 16 %.

El secretario de Gobierno es enfático en asegurar que las autoridades han demostrado que en los homicidios hay utilización de armas amparadas (legales), basado en que en lo corrido del año se han incautado cerca de 2.000 armas de fuego, de las cuales el 26 % son legales, lo que descarta que las armas legales sean inofensivas, “porque definitivamente con estas también se está delinquiendo”, dijo Holguín.

Además, el secretario de Gobierno afirmó que desde la Alcaldía de Cali no se están desconociendo todos los argumentos que manifiestan quienes no apoyan la petición, y son conscientes que son muchos los que delinquen con armas hechizas, o conseguidas en el marcado negro compradas o alquiladas. “El delincuente no tiene cuidado de hacer el daño con el arma que sea, pero que hay uso de armas legales, lo hay”, enfatizó.

El presidente del Concejo, José Fernando Gil, afirma que la corporación insiste que haya más resultados de los organismos de seguridad y menos restricciones.
El presidente del Concejo, José Fernando Gil, afirma que la corporación insiste que haya más resultados de los organismos de seguridad y menos restricciones.

Más resultados, menos restricciones, pide el Concejo de Cali

Para el Presidente del Concejo de Cali, José Fernando Gil, el análisis de la medida debe ser más profundo. Asegura que el tema debe mirarse con mucha más consideración que la simple “calentura” del regaño del presidente Santos por las alarmantes cifras de seguridad dadas a conocer en una de sus visitas.

Gil está convencido de que las armas son de uso privativo de las autoridades pero dada la desbordada delincuencia y criminalidad manifiesta en la ciudad, las cifras de muertes violentas, el tema debe mirarse con más calma.

El concejal propuso, entonces, un plan desarme estructurado, una carta de navegación que incluya varios factores en los que los organismos de seguridad trabajen de manera conjunta en un plan desarme que vaya hasta donde nace el problema, es decir, que ataque la venta de armas e insumos ilegales que pululan en barrios de Cali y adonde llegan a diario jóvenes dedicados al delito representado en el atraco, el sicariato y otros.

“La Policía hace operativos por las vías fáciles: puestos de control ubicados en los mismos sitios de la ciudad día tras día, que ya son reconocidos por toda la comunidad, y esto no es ninguna garantía”, manifestó el concejal Gil y agregó que hace falta más inteligencia, más resultados. El edil indicó que solo cuando se ponga en marcha una verdadera estrategia y con resultados patentes, para luego hacer un estudio de la criminalidad en la ciudad, podría pensarse en extender la restricción a otros ciudadanos.

El presidente del Concejo fue específico en asegurar que el plan desarme no solo tiene que ser una medida, sino que debe ser un plan social implementado por la administración que garantice que se avanza en los procesos educativos y culturales en los que sobre todo se ve favorecida la población joven. “Estos procesos generalmente surgen de forma espontánea sin el acompañamiento del estado”.

“El plan desarme debe marcar una verdadera política de seguridad  con el acompañamiento de la Iglesia, de las ONG, de actores sociales como las organizaciones, los movimientos estudiantiles, etc. Esto debe ir juntos con programas de generación de ingresos absolutamente pensados, sistemáticos, sostenibles”, puntualizó.

“La fuerza pública debe admitir que los planes no son eficaces”: experto en seguridad

El experto en materia de seguridad Juan Orozco*, quien trabajó  20 años para la fuerza pública y en la actualidad está en la empresa privada, opinó para EL PUEBLO que medidas como la restricción en el porte de armas deben tomarse en medio del equilibrio y con estadísticas reales. Según Orozco, la Administración debe tener plena claridad en las cifras de muertes violentas por arma de fuego, así como tener esta característica discriminada entre armas legales y no legales.

Además, para el experto el panorama es bastante subjetivo, teniendo en cuenta casos como los registrados en Colombia, donde una persona del común mata a su agresor en defensa propia, y habría usado su arma en medio de una jornada de restricción. Por lo tanto, él plantea que “todos estos factores deben ser analizados, lo que indica que son medidas que definitivamente no se toman a la ligera ni llevados por el desespero”.

Orozco plantea que “hoy la realidad es compleja y deja ver un sin número de civiles armados, gente que no es delincuente y que, por el contrario, portan un arma para cuidarse a sí mismos, porque sienten que la autoridad representada en la Policía y el Ejército no ha podido contrarrestar el delito”.

Para el jefe de seguridad de una importante compañía vallecaucana, faltan planes fuertes y eficaces para garantizar seguridad y tranquilidad a la comunidad que se concentren en la prevención del delito. “Aquí la Policía siempre hace ingentes esfuerzos en contrarrestar el delito a partir de lo que ya ha pasado, esfuerzo y sumas de dinero”, añade, además, que “incluso tendría que acabarse con cierta creencia impuesta por los mismos responsables de la seguridad que establece que ejército y policía no pueden trabajar de forma conjunta, pueden hacerlo y a esto no necesariamente debe llamársele militarización”.

El exmiembro de la Policía, que se desempeñó en altos cargos en la institución, aseguró que no está de acuerdo con la restricción en el porte de armas de manera permanente: “La gente de la alcaldía no ha dimensionado lo que esto implica para tanta gente de bien que debe incluso conseguir hombres de seguridad por su propia cuenta y que son retirados de la Fuerza Pública (han pertenecido a la Policía o al Ejército). Es que esto no es solo un problema de seguridad, lo es hasta de generación de empleo, ¿estas personas con qué saldrían, entonces, a cuidar a sus protegidos?”.

Osorio comparte la propuesta de generación de oportunidades para jóvenes dedicados a la delincuencia y que encuentran a su disposición armerías ubicadas en barrios como el Poblado, Marroquín y otros, en las cuales se ofrecen pistolas, changones y hasta subametralladoras, como lo registra en Cali constantemente la policía. “La Fuerza Pública debe admitir de una vez por todas que no tiene la capacidad para controlar la inseguridad, esto le está tocando a la propia comunidad. Restringir el porte de armas se resume en darle la facilidad al delincuente a que haga sus cosas y que nadie pueda detenerlo”, aseveró.

“La restricción en el porte de armas debe hacerse si en algún momento se implementa realmente en barrios donde es evidente que no se necesita un arma, sin embargo, las hay en las casas. ¿Pero qué razón hay de restringir las armas en centros comerciales, empresariales, zonas industriales y en lugares con alto flujo de caja? Esto no tiene ningún sentido”, puntualizó.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Estos son los pasos que las personas deben seguir para legalizar un arma de fuego ante las Fuerzas Militares:

1. Adquirir código único de atención electrónica –  ACE a través de la página web opción pago código ACE o en el banco BBVA cuenta corriente de recaudo nacional Nº310-00765-3 a nombre de la Industria Militar, Nit. 8999990443. El depositante debe especificar (nombre y cédula del titular del arma

2.  Llamar 24 horas después de efectuar la adquisición del código único de atención electrónica –  ACE para la asignación de cita al (57+1) 3150111 o (57+1) 3240444 Ext. 6429 – 6430 – 6431 – 6432 de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas en jornada continua o a través de la página web en la opción Generar código ACE – Continuar con las indicaciones (si efectúa el pago el día viernes debe esperar hasta el siguiente día hábil).

3. Asistir el día de la cita asignada en el Departamento Control Comercio de Arma, Municiones y Explosivos.

4. Radicar la solicitud con la documentación requerida en la  Ventanilla de Radicación del Departamento Control Comercio de Arma, Municiones y Explosivos o en la Seccional más cercana.

5. Esperar a ser llamado para presentar entrevista personalmente en el Departamento Control Comercio de Arma, Municiones y Explosivos o en la Seccional más cercana.

6.  Realizar  el pago por concepto de la expedición del permiso. Sí su trámite fue aprobado en la entidad bancaria autorizada por Industria Militar – INDUMIL

7.  Reclamar el permiso del arma para porte o tenencia en el Departamento Control Comercio de Arma, Municiones y Explosivos o en la Seccional donde realizó la solicitud.

 https://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=4661

 

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