Ruta petrolera: huella mortal en la Bota Caucana

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El corregimiento San Juan de Villalobos, municipio de Santa Rosa, enclavado en la media Bota Caucana, es paso obligado de cientos de camiones cargados con petróleo crudo desde Putumayo hacia el Huila, el Valle del Cauca y el interior del país. Sin embargo, está pagando un alto precio ambiental y social debido al índice de accidentalidad de los pesados vehículos y a la falta de sanciones de los entes de control.

Más de 2.000 barriles de petróleo crudo han ido a parar a las fuentes hídricas de la región de San Juan de Villalobos
Más de 2.000 barriles de petróleo crudo han ido a parar a las fuentes hídricas de la región de San Juan de Villalobos

 

A mediados de 2011 empezaron a transitar por San Juan de Villalobos, corregimiento ubicado a unas ocho horas en carro desde Popayán, alrededor de cien camiones cisterna con petróleo crudo extraído en el departamento del Putumayo, con destino a diversas industrias y a los puertos de Buenaventura y Barranquilla.

El paso de mencionados vehículos por el corregimiento caucano fue inevitable desde un principio, puesto que está ubicado en plena ruta entre Mocoa, capital del Putumayo, y Pitalito, en el Huila, salida hacia el resto del país. Lo que parecía en sus inicios la llegada del desarrollo a esta apartada región sur caucana, poco a poco se fue convirtiendo en un dolor de cabeza para los habitantes de las veinticuatro veredas que conforman ese sector.

Gladys Calvache, presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Juan de Villalobos, ha sido fiel testigo de lo que ha pasado en los últimos tres años respecto del tráfico de los tractocamiones petroleros por la estrecha carretera que surca su poblado.

“Antes se desplazaban unos cien o ciento cincuenta vehículos, pero hoy se movilizan en promedio trescientos camiones cisterna que transportan crudo desde la zona del Putumayo todos los días, de lunes a domingo, incluyendo festivos, en todos los horarios. Pero lo que ha pasado es que se maneja a altas velocidades, que no se respeta el peatón, no hay responsabilidad en la vía”, narró la líder comunitaria.

 

En la zona hay 18 operadores para la comercialización de crudo, de los cuales hay 8 activos, a quienes les prestan el servicio 35 transportadoras
En la zona hay 18 operadores para la comercialización de crudo, de los cuales hay 8 activos, a quienes les prestan el servicio 35 transportadoras

Ruta mortal

Más de treinta personas lesionadas y cinco muertos es la triste cifra que arroja la accidentalidad que generan las ‘mulas’, como llaman en la región a los pesados y largos vehículos de veintidós llantas que a diario mueven miles de barriles de petróleo crudo desde las entrañas del Putumayo hacia el resto de Colombia.

Para citar casos recientes, en diciembre de 2013 un campesino fue arrollado por una ‘mula fantasma’. Todavía se recupera de sus fracturas y nunca se supo del autor del incidente. En ese mismo mes, tres motociclistas murieron; y ya para comienzos del 2014, el 8 de enero, en el kilómetro 79 del tramo San Juan de Villalobos, perdieron la vida dos menores de edad, y cuatro personas más resultaron heridas.

Pero la tragedia no se quedó allí. Albeiro Piso Camayo, líder comunitario de la zona indicó que “estamos  muy preocupados con la situación del transporte de hidrocarburos que pasa por nuestra región por la cantidad de derrames de crudo que ha habido desde que empezó la operación de transporte del combustible ya va a hacer 4 años”.

Lo que indica el vocero de los labriegos, y que se suma a la pérdida de vidas humanas se  refleja en un inmenso daño al medio ambiente. Un camión cisterna tiene una capacidad para transportar entre 210 y 270 barriles dependiendo la densidad del petróleo crudo, o sea que en doce accidentes, todos con derrame incluido, más de 2.000 barriles del hidrocarburo han ido a parar a las aguas de quebradas como El Limón, La Escalera, Rodríguez; y a los ríos Los Cauchos y Villalobos, cuya desembocadura es en el río Caquetá.

“Ha habido doce accidentes de tractocamiones, y miramos con preocupación que solo se han abierto tres procesos sancionatorios para todos estos casos. Y entonces quedan como en la impunidad nueve más que no sabemos dónde están, toda la cuenca media del rio Caquetá está siendo afectada”, sentenció Piso Camayo.

De acuerdo con el ambientalista Wilmer Gutiérrez, luego del derrame de crudo en un ecosistema, los daños son incalculables: la flora y la fauna son las que sufren las mayores pérdidas. “En el caso de las aves el crudo se les impregna en sus plumas, pierden la capacidad de protección al perder su aceite natural y terminan muriendo de hipotermia”, indicó el experto.

En lo referente al suelo deben pasar muchos años para que recupere de nuevo sus propiedades. Gutiérrez dijo que en zonas como la de San Juan de Villalobos, dados los ecosistemas ahí presentes, en algunos casos la recuperación puede llegar a demorar hasta un siglo. Sin embargo, indicó que si los derrames no son tan enormes, un ecosistema puede ‘revivir’ entre quince y veinte años.

Se denunció que hay vehículos que van mal tapados o con tapas averiadas, lo que genera también derrames de ACPM y de crudo
Se denunció que hay vehículos que van mal tapados o con tapas averiadas, lo que genera también derrames de ACPM y de crudo

La comunidad está desesperada

Siempre que ocurre un accidente con derrame de crudo, son los campesinos que llegan de primero con sus baldes y pocos elementos que tienen para tratar de cubrir la emergencia, “porque los planes de contingencia miramos que llegan es al día siguiente de haber ocurrido el accidente, incluso algunas empresas de estas no tienen aprobado su plan de contingencia”, indicó el líder comunitario Albeiro Piso.

Asimismo Gladys Calvache manifestó que es claro que se está transportando crudo y que la norma también es clara, que quienes estén procesando, transportando y comercializando hidrocarburos deben tener planes de contingencia. Pero lo que se está viendo es que es un requisito al que se le está pasando por encima.

Indicó que a pesar de que en la zona hay funcionarios de la Corporación Autónoma regional del Cauca, CRC, que han asistido a levantar actas de los más recientes accidentes que se han presentado, pues no se ven resultados. “Entonces uno se pregunta si las actas que levanta el operario acá, o las que envió el director territorial acaso no son evidencia”. El llamado que le hacen a la corporación, entonces, es a que tome cartas en el asunto, rápidas y efectivas.

Albeiro Piso manifestó que “les hemos dado un ultimátum: nosotros hicimos un bloqueo, un plantón solamente con los transportadores de crudo con el ánimo de decirles que si no atendían la situación como transportadores y operadores y si la corporación no exige que se cumpla a cabalidad lo que obliga la ley ambiental, nosotros tomamos en definitiva hacer un bloqueo general en la vía a Villalobos”.

 

El 24 de febrero la comunidad planea presentar un pliego de peticiones que tiene que ver con la mitigación social
El 24 de febrero la comunidad planea presentar un pliego de peticiones que tiene que ver con la mitigación social

En búsqueda del diálogo

El pasado 20 de enero, la comunidad citó a los entes ambientales y a los transportadores para exponer la problemática por la que pasan; no obstante, aunque asistieron representantes de catorce de las treinta y cinco empresas transportadoras de petróleo, no estuvo presente ningún operador, que, en palabras de Gladys Calvache, es en últimas con quienes se pueden llegar a acuerdos dado que son los que contratan y deben referirse a los planes de contingencia.

Aunque no se lograron acuerdos, se programó una reunión/audiencia para el próximo 24 de febrero, fecha en la cual se espera que todos los actores de la situación definan una agenda de trabajo; de lo contrario, “lo otro es levantar unas acciones ya judiciales, como ya pueden ser unas acciones de grupo, una acción de tutela, para obligar a estas empresas a que paguen por los daños que causaron con la contaminación colectiva. Y como la corporación se quedó corta en las acciones, entonces, eso lo vamos a tratar en una audiencia pública”, concluyó la líder comunal.

Hicieron presencia en la reunión las empresas transportadoras Cootransamazonica, Trasportes Caribe, Cootranskilili, Teca transportes, Transservices Ltda.,y representantes de Petroservices, Cootranscopetrol, Coltanques, Otransa Invertrac  S.A. , Transdepet, Tres Fronteras, Trans Quintal, y Transportes Hong Kong.

¿Maniatados para actuar?

Sobre la delicada temática, Zully Martínez Molano, de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, expresó que dado que las licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos las otorga la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la corporación no está en la facultad de determinar quién hace el seguimiento de mencionadas licencias.

En lo que corresponde al transporte de hidrocarburos, expresó que, teniendo en cuenta la Resolución 1401 del 16 de agosto del 2012, el Ministerio del Medio Ambiente establece que es necesario que las empresas transportadoras presenten unos planes de contingencia.

“Esos planes de contingencia para los eventos de derrame por accidentes deben presentarlos ante las autoridades ambientales en donde están los puntos de cargue de los hidrocarburos, y en el caso del departamento del Cauca no tiene puntos de cargue; entonces, desde ese punto de vista, nosotros no tendríamos competencia para aprobar los planes de contingencia”, aseveró la funcionaria. Agregó, además, que “cuando no se expide la licencia ambiental tampoco nosotros podemos hacer el seguimiento así este en nuestro territorio”.

Así la situación, como los puntos de cargue del petróleo están ubicados en jurisdicción del Putumayo, entonces sería la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, el ente encargado de aprobar dichos planes. Pero lo confuso del asunto es que de acuerdo con la verificación de registros de acciones efectivas frente a los doce accidentes, lado tampoco se está cumpliendo con el principio legal que indica que quien otorga los permisos debe hacer un seguimiento y tomar acciones del caso cuando se presenten irregularidades.

¿Entonces para qué está la CRC?

Es la pregunta que se hacen los miles de habitantes de toda la jurisdicción de San Juan de Villalobos, puesto que como caucanos lo más natural es que un ente del departamento actué frente a lo que viene sucediendo desde hace tres años y medio y defienda los intereses de la región.

Al respecto, el ingeniero Jorge Palechor, subdirector de la Defensa del Patrimonio de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, reconoció que en lo único que puede actuar el ente ambiental es mediante un procedimiento que tiene que ver con Protección y Vigilancia en Recurso Natural. “Podemos entrar ya a hacer unos procesos pero por ese sistema más no por el seguimiento ni por la competencia a planes de manejo”, añadió.

En ese sentido, teniendo esa posibilidad de maniobra, tal como lo manifestaron los habitantes de San Juan de Villalobos, solo se han atendido tres casos de doce que se han presentado. Sobre esos reportes, el ingeniero manifestó que de los dos últimos se han realizado análisis de agua y que ya en este momento están los resultados. “Podemos determinar con certeza de que hay contaminación en el agua; con eso ya nosotros iniciamos el proceso sancionatorio porque es la prueba para nosotros”, puntualizó.

Además del sancionatorio por la afectación ambiental de uno de los casos que estaría generándose, hay dos resultados de análisis con los que se espera se inicien otros dos procesos de ese tipo. Estos corresponden a los tres accidentes más recientes.

Luego de hacerse los respectivos análisis para verificar si hubo afectación del recurso, “tendríamos inicialmente vincular a la empresa transportadora, y ya en el desarrollo del proceso se observa si son los únicos responsables o si hay otras personas que aparezcan como responsables y se vinculan al proceso sancionatorio”, afirmó Zully Martínez Molano.

La culpa es del vacío jurídico

La Resolución 1401 del 16 de agosto del 2012 indica que el transportador debe radicar el documento del plan de contingencia aprobado en las corporaciones por donde vaya a pasar; pero de acuerdo con Zully Martínez Molano, de la CRC, “nosotros decimos ‘¿para efecto de qué?’. Lo lógico es que sea para el seguimiento, pero existe ese vacío en la norma; o sea, la norma no establece que la corporación donde se radique la resolución de la que se tenga conocimiento es para efectos de hacer el seguimiento. Eso no se ha dicho”.

Se conoció que esta situación de vacíos que se presentan en las normas ha generado que entre otros entes, la Asocars, que es la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, venga trabajando con el fin de que la resolución en mención se modifique o se complemente para establecer exactamente los casos de seguimiento.

Por su parte, Jorge Palechor, subdirector de la Defensa del Patrimonio de la CRC, expresó que es preocupante que exista el vacío jurídico que se da a nivel nacional, por lo que es necesario hacer un convenio con Corpoamazonia para hacer un seguimiento serio a las empresas que se movilizan con petróleo por la zona caucana. “Como no se hace seguimiento, pues ocurre tanto accidente, y ellos, Corpoamazonia, no lo hacen porque no es territorio de ellos”, concluyó.

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