Santos pide que se respete el derecho de buscar la paz

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Floro Hermes Gómez PinedaPor Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

Este martes 24 de septiembre, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante su discurso ante el pleno de la asamblea número 68 de las Naciones Unidas, expresó: “Que se respete el derecho de Colombia y de toda nación de buscar la paz”, refiriéndose claramente a  posibles intervenciones de la Corte Penal Internacional durante el posconflicto, en aquellos casos que este tribunal internacional considere que hay impunidad.

La petición de Santos quiere decir abogar por una soberanía jurídica que el país entregó cuando suscribió el Estatuto de Roma, el 10 de diciembre de 1998, y cuando lo ratificó el 5 de agosto de 2002, a pesar de haber emitido una declaración rechazando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional respecto de los crímenes de guerra, de acuerdo con los parámetros establecidos bajo el Artículo 124 de dicho Estatuto.

¿Y por qué abogar por una soberanía jurídica que nuestra élite del poder entregó actuando a nombre de Colombia? Porque el gobierno nacional ha caído en la cuenta de que necesita valerse del propio entendimiento, al cual se renunció cuando se suscribió el Estatuto de Roma, para diseñar una justicia transicional independiente y autónoma que le garantice a los guerrilleros de las Farc-EP seguridad jurídica, en el caso de llegar a un acuerdo de paz.

¿Por qué cayó en cuenta de la irresponsable cesión de soberanía jurídica hecha entre diciembre 10 de 1998 y agosto 5 de 2002, el gobierno nacional? Porque la señora Fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, conociendo que el país había renunciado a valerse de su propio entendimiento en cuestiones de justicia, que había entregado su soberanía jurídica, le dirigió una serie de cartas a la Corte Constitucional criticando la posibilidad de que los máximos responsables de delitos atroces no paguen cárcel.

Esto quiere decir que la salida a nuestro conflicto armado interno no es nuestra. Que en virtud de la entrega de soberanía realizada durante el cuatrienio de Andrés Pastrana Arango, los colombianos debemos, como cualquier sujeto en estado de infancia natural, pedir que se nos dé permiso para aplicar nuestro Marco Jurídico para la Paz, por una parte, y para diseñar una justicia transicional, por la otra, que ya no podrá ser autónoma ni independiente, sino pactada y aconsejada.

En conclusión: el señor presidente de la República se dirigió a la asamblea de las Naciones Unidas para pedir permiso en el sentido de solicitar (como cualquier niño) una autorización que asegure, en cierta manera, una inmunidad para los guerrilleros de las Farc-EP, que les garantice la seguridad jurídica (que el Estado colombiano no puede asegurar porque la entregó) ante la Corte Penal Internacional, cuestión que no es menor porque podría reflejarse en el futuro jurídico del país y su élite del poder, ante la probabilidad que alguna nación acuse ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando considere la existencia de casos de impunidad.

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