Sociedad civil y proceso de paz

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Germán Ayala OsorioPor Germán Ayala Osorio

Comunicador social y politólogo

La debilidad manifiesta de la sociedad civil colombiana se debe, entre otros fenómenos y circunstancias, a la permanencia del conflicto armado interno y a la presencia histórica del carácter mezquino y premoderno de empresarios, élites de poder y gremios económicos. Se suma a lo anterior, la labilidad de los partidos políticos tradicionales, de tiempo atrás al servicio de los más poderosos y, por lo tanto, ideológica y políticamente alejados de la tarea de recoger las demandas sentidas de amplios sectores poblacionales, para convertirlas en políticas públicas capaces de generar bienestar para amplias mayorías.

En ese contexto y con estas circunstancias, los voceros de las Farc pidieron la presencia en líneade la sociedad civil en los diálogos de paz que adelantan con el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.

No podemos esperar mucho pues no existe en Colombia una sociedad civil consolidada, que permita, por ejemplo, pensar que exista una agenda pública común compartida por todos y cada uno de los agentes y actores que hacen parte de lo que se conoce como sociedad civil.

Otro factor que se suma negativamente al contexto en el que se da y se espera la participación activa de la sociedad civil en el proceso de diálogo entre la cúpula de las Farc y la administración de Santos Calderón tiene que ver con el espíritu militarista que subsiste en representantes y voceros de actores de esa llamada sociedad civil colombiana.

Espíritu y carácter militarista que se expresa en la defensa a ultranza de un régimen de poder profundamente ilegítimo, sostenida esa defensa en una creciente burocracia armada, que a su vez da vida a un tipo de democracia uniformada que ha impedido, de diversas formas, pensar, diseñar y asegurar una democracia radical tal y como la pensó Chantall Mouffe.

Pruebas de lo anterior son el Marco para la Paz y el recientemente ampliado fuero militar. Los dos son expresiones sociales, políticas y jurídicas de una sociedad civil escindida, despolitizada y contaminada por el espíritu militar, por el discurso patriotero y la mística que suele reconocerse en quienes creen a pie juntillas en que la única forma de “servirle” a la Patria es portando un uniforme.

El largo conflicto armado y las pasadas confrontaciones partidistas han ido dejando en los colombianos y en sectores sociales específicos, la idea de que portar un uniforme, un arma y apoyar el uso de la fuerza, constituyen únicos elementos para sacar adelante un ideal de patria, que deviene naturalmente contaminado por todo lo que encierra el honor militar.

Imbuidos en la lógica miliciana, esa misma sociedad civil escindida y polarizada poco a poco entregó la discusión de asuntos públicos estratégicos, a los guerreros, legales e ilegales, y a quienes desde diversos sectores de la sociedad civil, apoyan el accionar de unos y otros. Es decir, la sociedad civil se militarizó, lo que nos hace propensos a resolver nuestras diferencias con la intimidación y el uso de las armas.

En la sociedad colombiana subsisten sectores económicos, sociales y políticos que patrocinan, gravitan y admiran las labores y el actuar de guerrilleros, paramilitares y militares. Es más, hay ciudadanos que sirven a los propósitos de unos y otros, bien asumiéndose como ‘protoguerreros’ o como una suerte de pares capaces de uniformarse si, llegado el caso, hay que defender un ideal de patria que siempre está acompañado de la posibilidad, y a veces de la necesidad, de violentar física y simbólicamente a quienes no lo compartan o se atrevan a desafiarlo.

Políticos y presidentes exhiben una idea de patria en correspondencia con el lugar institucional que ocupan las fuerzas armadas, que en ocasiones no se distancia de la que enarbolan grupos al margen de la ley, como guerrilleros y paramilitares. En el fondo, tanto ciudadano como ‘guerreros’ exhiben un espíritu bélico con el que se niega el diálogo y la discusión de ideas. Por esa vía, el camino de las armas se constituye en la única vía no solo para resolver las diferencias, sino para luchar por una idea parcial de patria.

Todos esos ‘guerreros’ buscan blindarse jurídica y políticamente y justificar así sus crímenes y violaciones a los derechos humanos, en especial, los cometidos contra civiles.

De cara a los diálogos de paz, lo que la sociedad civil debe promover es un cambio de mentalidad armada y el espíritu bélico con el que suelen actuar ciudadanos que de forma exagerada terminan apoyando unos discutibles ideales de patria que militares, guerrilleros y paramilitares suelen tener y exhibir para justificar su presencia y actuaciones.

De allí que considere que todo patriota distorsiona la idea de ciudadano en la medida en que lo despolitiza y lo descentra de la discusión pública de asuntos públicos que debe darse desde el uso del discurso, de la confrontación de argumentos, en donde se espera que convenza el más sólido. Por lo anterior, aparece la necesidad de que Colombia, al margen o no de los diálogos de paz, entienda que por más justa que sea la causa del guerrero, este siempre encarnará la posibilidad de violar los derechos humanos. Y en el contexto colombiano tenemos una larga historia de conculcación de los derechos humanos.

Para avanzar en la construcción de escenarios de paz y de postconflicto, se hace necesario desmilitarizar los espíritus de millones de ciudadanos que de tiempo atrás confían no solo en el poder de las armas y en la mística de ejércitos, regulares e irregulares, sino en que para alcanzar la paz es necesario prepararse para la guerra.

Por todo lo anterior, las numerosas propuestas allegadas al correo electrónico dispuesto para asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso de paz pueden llegar a ser un gran insumo para los diálogos de paz, pero la verdad es que Colombia necesitará más que eso para avanzar en la superación del conflicto y ojalá, algún día, la superación del conflicto y la consolidación de un espíritu civil, profundamente democrático. 

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