Temporadas invernales: ¿aprendimos la lección?

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Luis Eduardo Lobato Paz*

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente                      

 Un viejo adagio dice que las grandes tragedias y los desastres naturales prueban la capacidad de respuesta de  las instituciones gubernamentales de un país. En la temporada invernal de 2010 y 2011 se anegaron vastas zonas del territorio colombiano. Este hecho demostró que las corporaciones regionales y las instituciones de orden local no realizaron las obras necesarias para evitar el desborde de los ríos y la poca preparación que tenían alcaldes  y gobernadores para afrontar esta problemática.

 La magnitud de la tragedia que ocasionó la ola invernal de esos dos años se puede evidenciar en los siguientes estimativos: más de dos millones de damnificados, 400 personas muertas, 1.100 municipios afectados y daños en 2.300 edificaciones institucionales y en 2.000 viviendas y 1’500.000 hectáreas inundadas[1]. Miles de afectados durmieron a la intemperie o hacinados en centros comunitarios durante varios meses y sobrevivieron con escasas provisiones que les enviaban algunas instituciones públicas o privadas.

 El gobierno de Juan Manuel Santos creó Colombia Humanitaria. Con esta institución Se buscaba centralizar esfuerzos y recursos para acometer las obras de reconstrucción de viviendas, reubicación de algunas y ofrecer a los damnificados recursos para su sostenimiento. Con un presupuesto de cinco billones y medio de pesos, sumados aquí las donaciones hechas por empresas nacionales e internacionales, arrancó este programa oficial. Se constituyó una red de apoyo  en la que participaban los gobernadores y alcaldes del país y a ella se unieron Cajas de Compensación Familiar y otras asociaciones que se encargaban de coordinar la entrega de ayuda humanitaria.

Durante cerca de dos años se hizo un inventario de las obras de ingeniería civil que había que realizar para evitar futuros desastres, el número de viviendas y edificios públicos por reconstruir y la reubicación de algunos barrios y poblados. Hasta aquí todo parecía un acertado manejo en materia de prevención y atención de desastres. En noviembre de 2012 se anunciaba que se había ejecutado el 95 % de las obras proyectadas y que en un plazo de seis meses el programa de Colombia Humanitaria llegaría a su fin y el Fondo de Adaptación se encargaría de ejecutar los proyectos restantes.

 Ese manejo feliz y acertado de Colombia empezó a ser cuestionado pocos meses después. Las comunidades y entes estatales como la Contraloría General de la República empezaron a develar varias fallas que tuvieron varias de las obras contratadas y ejecutadas.

 En el departamento del Valle del Cauca se reportaba en abril de 2013 que estaban a punto de perderse recursos por nueve mil millones de pesos por concepto de obras no entregadas a tiempo por los contratistas, otras porque habían colapsado al poco tiempo de haberse ejecutado, algunas habían sido abandonadas y otras que se habían realizado sin haber estado contempladas en el programa de Colombia Humanitaria[2].

 En el departamento de Córdoba la oficina de Gestión del Riesgo denunció que un contratista había falsificado la firma del director de la Interventoría Técnica, que estaba a cargo de la Universidad del Norte, y había construido 50 viviendas en un lugar de alto riego de erosión. El contrato tenía un valor de $675.856.138[3]. Días previos la alcaldía de Tierra Alta solicitaba la aprobación de un contrato para la construcción de unos muros de contención en los barrios en donde se habían construido las viviendas anteriores por valor de $2.252.970.054[4].

En el departamento de Boyacá la Contraloría General de la República se encontró con casos como los de un contratista que recibió $ 8.000.000.000 para realizar la reconstrucción de varias vías veredales, y a julio de 2013 solo había entregado un 20 %. Así como este había otros contratos impugnados[5].

 El departamento de Magdalena fue uno de los más afectados por la rotura del canal del Dique. Varios municipios resultaron anegados y con mucho esfuerzo se taponaron los puntos por donde colapsó esta obra hidráulica.  Se esperaba que las entidades oficiales  realizaran con prontitud estudios para establecer si las obras hechas durante la emergencia estaban en capacidad de soportar un nuevo embate. Solo en  agosto de 2013 se anunció que al Consorcio Dique, conformado por una empresa holandesa y una colombiana, se le había adjudicado un contrato por valor de $52.060.000.000) para adelantar los estudios sobre las alternativas para evitar que este Dique vuelva a colapsar[6].

 Situaciones como las que acabamos de describir nos dejan con dudas sobre el hecho de si las instituciones gubernamentales han aprendido o no las lecciones que dejan los desastres naturales. Porque no basta con crear nuevas instituciones que manejen los recursos privados o estatales, ni es suficiente contratar obras públicas. Hace falta asegurar con firmas de veeduría la calidad de los materiales que se están utilizando en las obras, el cumplimiento de los contratos y que los entes de control gubernamental auditen los recursos públicos entregados y, finalmente, que las corporaciones regionales cumplan el papel para la cual fueron creadas: no puede ser posible que no se den por enterados, por el estado de los diques construidos a lo largo de los ríos, o que no sean capaces de denunciar las obras diseñadas por particulares que afectan el equilibrio de los ecosistemas.

Para finales de año se ha pronosticado que volverán las lluvias al país. Por efectos del cambio climático no se puede determinar con exactitud su magnitud. Si llueve con gran profusión, este será el indicador para medir la calidad de las obras realizadas. Esperamos que no se repita el panorama que vivimos entre 2010 y 2011.

[1] El Fin de Colombia humanitaria. El Espectador, noviembre 11 de 2012.

[2] En el limbo, casi $9000 millones para obras de pasada ola invernal en Valle. El País, Abril 26 de 2013.

[3] Contratista Falsificó firmas. El Meridiano de Córdoba, Abril 17 de 2013.

[4] Véase copia del contrato en www.contratos.gov.co/…/DEPREV_PROCESO_10-1-55522_223807011.

[5] Lamentable balance de obras de Colombia Humanitaria. El Diario de Tunja, Julio 12 de 2013

[6] Restauración del Canal del Dique está adjudicada. El Universal de Cartagena, Agosto 10 de 2013.

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