“Todo el mundo cae en el error de creer que la violencia es responsabilidad del ICBF”: director regional

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Por Claudia Palacios

@ClaudiaPCNN

Haciendo seguimiento a lo que me dijo la semana pasada el Coronel Hoover Penilla, comandante de la Policía de Cali, sobre las causas de la delincuencia en la ciudad, decidí entrevistar al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pensaba que en sus respuestas encontraría la estrategia para frenar la ola de violencia asociada a la delincuencia de menores de edad, pero me equivoqué. El señor John Murillo me cuenta que el ICBF hace todo lo que puede aunque la responsabilidad del tema no es suya, sino de unas alcaldías que no escuchan lo que la entidad encargada del bienestar de los menores de edad les recomienda. ¿Debilidad institucional?, ¿lavado de manos?, ¿realidad? Llámenle como quieran, pero lo cierto es que para el ICBF, como para la Policía, los menores de edad delincuentes también son una papa caliente.

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Claudia Palacios: ¿Qué está pasando con la niñez en Cali? ¿Por qué hay tantos menores delincuentes?

John Murillo: Es consecuencia de varios factores. Uno es que Cali ha sido ciudad receptora de desplazados del Pacífico, de Cauca, entre otros lugares; muchos viven en asentamientos subnormales, y en muchos casos están por fuera de la escuela, han crecido en contextos de violencia y son fácilmente reclutados por los grupos armados. Y también está la falta de una política pública de prevención de criminalidad juvenil, cosa que yo se la he dicho muchas veces a las autoridades. Les corresponde a gobernadores y a alcaldes formular una política pública, en vez de promover acciones aisladas, para así poder darles oportunidades a los jóvenes.

Claudia Palacios: ¿Cuánto lleva usted como director del ICBF en Cali?

John Murillo: Cinco años.

Claudia Palacios: Entonces ha tenido la oportunidad de hacerle frente al tema. ¿Dónde está la labor del ICBF en la prevención de la delincuencia juvenil? ¿Qué ha pasado con las políticas de su gestión, que no han dado resultado?

John Murillo: Todo el mundo cae en el error de que esto es responsabilidad del ICBF. La prevención de la delincuencia juvenil, como lo ha reiterado la Contraloría, está a cargo de las alcaldías. Con esta y con la pasada nos hemos cansado de insistir en poder generar estas políticas públicas de prevención de criminalidad juvenil y no ha sido posible. El ICBF es la única entidad que tiene programas de permanencia. Tenemos en Cali a miles de jóvenes en programas de uso adecuado del tiempo libre, pero eso no es suficiente porque no hay corresponsabilidad ni inversión de recursos de parte de los entes territoriales.

En temas de alimentación escolar, el ICBF es la única entidad que ha aumentado cupos y que inicia desde el primer día de colegio este programa; de he hecho, hay alcaldías que no han puesto un solo peso para estos programas. En Cali, tenemos más de 30.000 niños en primera infancia atendidos, pero esa no puede ser la única solución.

Claudia Palacios: ¿Qué es lo que el ICBF le ha recomendado hacer a esta Alcaldía y a la anterior que no lo han hecho, o cuantos recursos deberían haber invertido que no han destinado para este tema?

John Murillo: Pues, estructurar la política pública de prevención de la criminalidad para que no haya incorporación de jóvenes al conflicto armado urbano o pandillas. Tenemos recursos aislados. La pasada administración tenía el programa “Cali sin pandillas”, pero eso fue algo que ellos se inventaron sin contar con nadie y aisladamente de lo que estábamos haciendo las demás entidades. La actual tiene un programa que trabaja con 400 jóvenes, pero con la problemática que hay en Cali no podemos seguir trabajando y ejecutando recursos aisladamente. Se requiere un programa único, articulado con recursos de todas las entidades para enseñarles a los jóvenes a usar el tiempo libre. No es un tema de recursos.

Claudia Palacios: ¿Cuáles son las cifras que evidencian el panorama en Cali?

John Murillo: Me coge fuera de base con las cifras; pero, por ejemplo, tenemos 2.000 niños que han sido retirados de sus familias y que están a cargo del ICBF, porque han sido abandonados o que se le han quitado a su familia por maltrato.

Claudia Palacios: ¿Qué opina de bajar la edad de penalización para menores de edad delincuentes?

John Murillo: Ninguna de esas propuestas funciona; ya se demostró con la ley de seguridad ciudadana –con la que se amplió la pena de algunos delitos o se hizo sancionar con cárcel lo que antes no lo era– que en temas de delincuencia juvenil la solución no es punitiva sino de inversión de recursos para prevención con jóvenes vulnerables en los barrios. La solución es llegar a esos 20.000 niños que en Cali están por fuera del sistema educativo, y a esos que salen de clases y se quedan en las calles sin darle un adecuado uso al tiempo libre.

Claudia Palacios: ¿Y tienen alguna postura con respecto a imponer restricciones para la tenencia del número de hijos por familia o a promover la prevención familiar?

John Murillo: En eso prefiero no pronunciarme, pero le puedo decir que lo hay que hacer es trabajar con las familias. Nosotros tenemos el programa “Familias con Bienestar”, en el que tenemos a 3.000 de las familias más pobres y les hablamos sobre prevención del embarazo en adolescentes y demás temas de salud sexual y reproductiva. Es que muchos de los niños que están vinculados hoy a temas de responsabilidad penal han sido hijos de padres adolescentes. También con 8.000 familias de los corteros de caña hemos avanzado, en un programa que tenemos con Asocaña, y logramos bajar significativamente la problemática de violencia doméstica en esas familias. Es mejor trabajar con educación que con restricción.

bacrim-feb-20Claudia Palacios: ¿Y cuál es el diagnóstico que hace de los centros de reclusión de menores de donde se han fugado varios de ellos?

John Murillo: Requieren más inversión en estructura física y en los programas y talleres que se ofrecen. El ICBF va a invertir $2.000 millones; $6.000 millones, la alcaldía; y $400 millones, la Gobernación para los centros del Valle del Lili y del Buen Pastor. También falta la seguridad, porque la ley dice que la policía debe ejercer vigilancia y control afuera de estos centros y solo entrar si se produce algún incidente, esa es una falla estructural porque al interior de los centros no hay seguridad. ¿Cuando hay algún incidente qué van a poder hacer dos policías que están afuera para custodiar a 300 jóvenes amotinados o en riñas adentro? Mientras llega el Esmad ya ha pasado media o una hora, y los muchachos se han evadido. Hay que presentar una propuesta para que haya un esquema de seguridad al interior de esos centros.

Claudia Palacios: ¿Cómo han obrado los jueces? Se dice que hay casos en los que le han dicho a la Policía que libere a jóvenes que han cometido asesinatos porque no tienen dónde ubicarlos…

John Murillo: Yo no tengo conocimiento de que eso haya pasado; incluso, pienso que los jueces han sido víctimas porque dictan sentencias de reclusión a jóvenes que no hay dónde llevar. Y al contrario, nosotros les hemos dicho a los jueces que consideramos que están privando de libertad a jóvenes que en nuestro concepto se podrían atender con una medida no privativa de la libertad, con presentaciones periódicas. A veces privan de libertad a jóvenes que tienen libertad condicional porque no se presentan a los controles puesto que no los han dejado ausentar del trabajo. Hace nada más dos años construimos un centro, que es el del Buen Pastor, con 290 cupos y con eso estábamos tranquilos, pero ahora se nos duplicó el número de jóvenes debido a la ley que da cárcel para más delitos. Esa obra que costó $5.000 millones ya es insuficiente, y ahora los recursos que estamos invirtiendo es para crear más cupos.

Claudia Palacios: ¿Entonces hay que derogar esa ley?

John Murillo: No, pero esa ley requiere unos ajustes. Hay que revisar casos puntuales que se pueden sancionar sin privación de la libertad. Pero lo de la seguridad en los centros es muy grave y hay que hacer algo urgentemente, es que ni requisan a la gente que ingresa. Yo mismo lo viví el fin de semana cuando entré al Buen Pastor: nadie nos requisó, podríamos haber llevado una granada, armas, droga y no nos sometieron a ningún tipo de control.

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