Todos sabían

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Por Camila Zuluaga

@zuluagacamila

La mala fama que se han creado los magistrados de las altas Cortes es lo que les acarrea que ante cualquier decisión, por más razones jurídicas existentes para su fallo, si este no coincide con lo que los colombianos creemos “el deber ser”, se les acuse de confabulaciones para intercambiar favores con los congresistas. No en vano dice el adagio popular, “crea fama y acuéstate a dormir”.

Si bien las altas cortes no son las pobrecitas del paseo, pues sus magistrados se han ganado su mala fama con creces, ante la decisión de absolver a los doce congresistas conciliadores de la reforma a la justicia de 2012, se han visto atacados a diestra y siniestra sin razón.

La Reforma a la Justicia del 2012 es el mayor escándalo vivido por el actual mandatario, pues además de ser la mayor expresión de que las redes sociales y la ciudadanía movilizada pueden generar cambios profundos; hoy, pasados casi tres años, todavía nos conmociona todo aquello que se relacione con el tema.

Lo que se vive actualmente es la consecuencia del fallo del Consejo de Estado, el que ha indignado a la mayoría porque se esperaba ver a algún responsable del legislativo pagando por su vagabundería. Sin embargo, el alto tribunal, según explicaciones de su presidente María Claudia Rojas, falló en derecho pues no había argumentos para quitarles la investidura a los congresistas. De haberlo hecho, habría que revocar a todo el Congreso de la época.

La principal acusación que se les hizo a los conciliadores es que estos habían introducido normas que no fueron discutidas ni aprobadas en las plenarias de Cámara y Senado, y que aquellos puntos que habían sumado al texto final favorecían  a los Congresistas con problemas judiciales y a los magistrados de las altas cortes; esto, resaltando esa miedosa formula impresa en nuestra constitución del: yo te elijo y tú me juzgas. Lo que se debe aclarar es que no es cierto que se hayan incluido textos que no estuvieran antes, todas esas locuras y desfachateces que allí se aprobaron venían desde antes; habían sido discutidas por todo el legislativo y avalado por el gobierno nacional, quien se hizo el de la vista gorda durante todo el proceso. De hecho, en este mismo espacio para esa época publiqué una columna al respecto, alertando lo miedoso de lo que allí se estaba aprobando con el beneplácito del ejecutivo http://elpueblo.com.co/reforma-o-deforma/).  El gobierno aceptó todo, se armó la gorda y se corrió.

Por supuesto la posición que expresan senadores que admiro, como Claudia López, es la fácil; es esa que alegra a la galería, pues  hace que el público enardecido aplauda. La congresista se basa en que aquellos legisladores debieron declararse impedidos, puesto que no podían discutir temas que los afectaban de una u otra forma; sin embargo, olvida que, por ejemplo,  ella tiene un proceso de pérdida  de investidura  ante la Corte en su contra y sin embargo participa en los debates sobre la justicia. Si su participación es justa y valida, ¿por qué la de los otros no? Valga decir que todo se debe a un articulito que les permite a los Congresistas discutir desde el 2011 reformas constitucionales sin presentar conflicto de intereses.

No es mi intención hacer de abogada del diablo, solo veo que por más fama que tenga la gente, ya sea buena o mala, no  se le debe juzgar solo por eso; cada acto debe juzgarse de manera independiente y con las luces pertinentes.  En este caso, en medio de la emocionalidad e indignación que producen las actuaciones de nuestra justicia, vale la pena mirar más allá y entender que hay  decisiones que se toman de verdad en derecho, así nos cueste trabajo creerlo.

Una cosa más: Las tensiones entre el grupo de Germán Vargas y el de Mauricio Cárdenas están para alquilar balcón.

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