Un derecho a la paz envolatado

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Gustavo_Munoz_Sinisterra

Por: Gustavo Muñoz Sinisterra

Presidente grupo MULTISECTORIAL

 

Parece increíble pero en nuestra Colombia Macondiana el derecho a la Paz y a la Justicia esta envolatado hace más de 50 años cuando nacieron los grupos guerrilleros protestando por la inequidad social, la concentración de la riqueza y las tierras.

Desde un pequeño conflicto en Marquetalia, con unos pocos hombres liderados por Tirofijo, hasta hoy estamos tratando de acabar la guerra en las montañas y en la mesa, no con unos pocos hombres, sino con organizaciones que mezclaron su ideología socialista  con mecanismos de usufructo económico como secuestros, reclutamientos, atentados, terrorismo y tráfico de drogas.

Hace 12 años intentamos negociar en una zona de despeje, donde fuimos burlados y que solo sirvió para que estos grupos crecieran en poderío. Nosotros incrementamos años tras año nuestro presupuesto de guerra por encima del gasto en educación, salud e infraestructura, volviendo la guerra un negocio para ambas partes.

Luego tuvimos un periodo de 8 años en el que nos fuimos de frente en la confrontación armada, pusimos más muertos de ambos lados, aumentamos el presupuesto de guerra y aunque logramos  reducir a estos grupos terroristas no logramos terminar el conflicto, ya que es casi imposible exterminar el terrorismo que tiene ventajas de atentar desde sus escondites y más cuando  nuestros vecinos se aliaron con ellos para protegerlos en sus territorios.

Hoy tenemos una narco-guerrilla que pasó de 35,000 hombres y niños a 8,000. Menos hombres, pero más dinero, tierras y poder e igualmente siguen atentando contra la infraestructura económica, reclutando niños, secuestrando y atentando con minas, cilindros y explosivos.

Tenemos miles de víctimas y familias destruidas del lado de la guerrilla, del ejército, de la policía y de la población civil. Lo más triste: todos somos Colombianos. Nos matamos entre nosotros acabando con las generaciones del futuro y destruyendo una sociedad que tiene todo el derecho de vivir feliz y en paz. Una sociedad que no debería  tener miedo por la familia, de que sus hijos no lleguen sanos y salvos de sus colegios o trabajos, de que su patrimonio económico no sea arrebatado, que no sea objeto de chantaje, extorsión, o que sus hijos no sean arrebatados u obligados a hacer la guerra sea por la fuerza o como única opción de vida.

La Paz y la Justicia debe ser una obligación que debe garantizar cualquier gobierno de cualquier filiación política. Si la paz va ser negociada y es un mandato constitucional, el gobierno como   representante de toda una comunidad debe primero acordar con ella las condiciones de la negociación, preparar a la sociedad para el perdón, para la verdad, la reparación y la justicia. Debe garantizar la inclusión en la mesa de negociación de todos los sectores de la sociedad : Madres, familias, mujeres, niños, jóvenes, empresarios, campesinos, etnias, genero, fuerzas civiles. Dentro de las condiciones se debería establecer la voluntad verificada de ambas partes para sentarse a la mesa e incluir a los medios de comunicación para que la comunidad este permanentemente enterada, ya que es su derecho, es su paz y su calidad de vida.

Resalto el deseo y buena voluntad de negociar la paz pero pienso que nos hemos equivocado en la metodología, ya que parece que fuéramos líderes de una empresa privada donde unos pocos deciden que negociar,  dejando a la sociedad en el último paso para su consulta, después de un proceso que con poca claridad puede durar varios años y puede resultar frustrante al final.

A nuestros servidores públicos se les olvida que el pueblos los elige para que nos representen, defiendan nuestros derechos y no para que decidan autónomamente y sin consulta que es lo mejor y cómo hacerlo.  El gran culpable no solo es el gobierno de turno o los pasados por escoger sin consultar  como  lograr la paz. El gran culpable es el pueblo colombiano, porque somos indiferentes e indolentes con los 15 millones de colombianos que viven en el campo. Los empresarios aumentaron un impuesto extorsivo a sus tributos para poder desarrollar sus actividades productivas y se acomodaron a la situación.

Elijamos bien, pero más allá de elegir, conozcamos nuestros derechos y exijamos su defensa y aplicación.

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