Un paro contra la injusticia en medidas de tierra y el comercio

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Floro Hermes Gómez PinedaPor Floro Hermes Gómez

Twitter: @Florohermes

Colombia dizque es un país cristiano: el 80 % de los colombianos nos declaramos católicos, mientras que el 11. 5% se declara de otros cultos de origen cristiano. Luego, deberíamos ser coherentes con uno de los mandatos bíblicos del Levítico, capítulo 19: “No cometerás injusticia en medida de tierra, ni en medida de comercio, ni en ninguna otra medida”.

Sin embargo, como lo señalé en mi columna de la semana pasada “La protesta campesina de hoy, consecuencia de la institucionalidad extractiva de siempre”, “desde el 19 de agosto a la medianoche hemos venido siendo testigos de protestas crecientes [de la]Colombia campesina”, quienes reclaman porque se han visto despojados de sus tierras, desplazados y acribillados, a lo largo de nuestra historia, sin que la elite del poder haga nada.

Tal injusticia en la medida de la tierra se suma a la injusticia en medida del comercio durante los últimos cincuenta años, que se han caracterizado por una institucionalidad política y económica extractiva (potencializada por la firma de los TLC) que impulsa la importación de productos agrícolas en detrimento de la economía agraria y de la seguridad alimentaria nacionales.

Por lo tanto, es posible llegar a una primera conclusión: nuestra elite del poder ha gobernado un país cristiano con un criterio extraño al cristianismo; es decir, extraño a Occidente, a la Modernidad y a todo liberalismo, sin que nadie haya dicho nada.

Esto se debe a que en Colombia ha existido un entrelazamiento de “la violencia, la legitimación política del Estado y los conflictos de intereses entre grupos humanos y regiones”, como lo ha encontrado en sus investigaciones el profesor de la Pontificia Universidad Javeriana Alejandro Reyes Posada.

Tal entrelazamiento explica la injusticia en medida del comercio porque, como lo explica Reyes Posada, hace que las rentas institucionales sean el resultado “del acceso privilegiado que los gremios de la producción tienen al manejo de las políticas económicas del sector agrario”, lo cual nos permite una segunda conclusión: a nuestra elite del poder no le ha interesado “democratizar el impacto social de la distribución de tierras, de la transferencia tecnológica, del crédito oportuno y barato, de la regulación de precios y compras y de los servicios públicos y sociales”.

Aquel acceso privilegiado y este desinterés por democratizar, contrario a la idea liberal-democrática de la igualdad ante la ley, nos muestra que, para hacer realidad la idea cristiana de justicia en medida de tierra y en medida de comercio, nuestra elite del poder debe gestionar las fuerzas estatales “no solo como árbitro del conflicto social”, sino ir más allá: actuar “como agente del desarrollo agrario en las regiones deprimidas y desarticuladas socialmente”, como lo demuestra el profesor javeriano.

Esto permite concluir que nuestra elite del poder, que tanto admira a los países europeos y a los Estados Unidos, debería actuar desde el Estado como esos países: copiar en nuestro país la gigantesca protección al sector agropecuario para que haya justicia en medida de tierra y en medida de comercio.

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