Un POT mutilado

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Por Mauricio Cabrera Galvis

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento más importante con que cuentan los municipios colombianos para definir el proceso de planeación y regulación del desarrollo de su territorio.

Uno de sus elementos esenciales es la reglamentación del uso del suelo, por medio de la cual se definen dentro de la ciudad áreas morfológicas homogéneas para determinar el tipo de construcciones que se pueden hacer en cada una de ellas, teniendo en cuenta aspectos como la infraestructura disponible para el transporte y los servicios públicos, los riesgos naturales del terreno, o el equipamiento colectivo y la conservación del espacio público.

En Cali el POT vigente data del año 2000, y aunque cuando se expidió se esperaba que hubiera definido unas reglas de la ocupación y utilización del territorio que garantizaran un desarrollo competitivo, equitativo y sostenible, la realidad es que en estos doce años el crecimiento de la ciudad ha sido desorganizado y caótico. Según declaraciones del subdirector de Planeación Municipal a EL PUEBLO, esto se debe a que “el POT del 2000 no se planteó con una visión de expansión”.

Entre los muchos factores que impidieron que el POT del 2000 cumpliera sus objetivos hay tres que mutilaron su capacidad reguladora y que deben corregirse para que el nuevo Plan no se convierta también en un instrumento inoperante.

El primero fue la injustificada demora del Concejo en expedir las fichas normativas para las distintas zonas de la ciudad, en las que se debían definir aspectos esenciales de la planeación urbana, como el uso del suelo, los índices de ocupación y construcción de cada subárea, así como las alturas máximas de construcción y los requerimientos de espacios públicos.

Se dice que por múltiples presiones de intereses privados, solo hasta el año 2006 el Concejo de la ciudad terminó de expedir estas fichas normativas, de manera que durante la mitad del tiempo de vigencia del POT se siguieron otorgando en Cali licencias de urbanización y construcción con los criterios y reglas del Acuerdo 30 de 1993, que correspondían a una visión distinta de ciudad.

En segundo lugar, a esta dañina injerencia de los intereses privados a nivel local se sumó otra subordinación del interés público a las presiones privadas por parte del gobierno nacional. Por obra y gracia del decreto 564 de 2006, una buena parte de las licencias de construcción que hoy se otorgan en Cali y en todas las ciudades de Colombia no deben adecuarse a las exigencias de los POT vigentes, sino a normas anteriores y obsoletas.

Dice el Artículo 7 de ese decreto que “los titulares de licencias de parcelación y urbanización tendrán derecho a que se les expida la correspondiente licencia de construcción con base en las normas urbanísticas y reglamentaciones que sirvieron de base para la expedición de la licencia de parcelación o urbanización”. Los grandes beneficiados con esta norma fueron los propietarios de la tierra urbana y los constructores privados que pudieron utilizar para sus proyectos normas urbanísticas anteriores más laxas, y así extraer una mayor plusvalía sobre el precio de la tierra.

Las consecuencias de este golazo del gobierno de la confianza inversionista a los municipios han sido graves. En Bogotá se estima que una tercera parte del suelo urbano por desarrollar quedó por fuera del POT vigente, de manera que se ha debilitado el esfuerzo de Planeación Distrital por ordenar el crecimiento de la ciudad.

En Cali, en la zona de los cerros se siguen autorizando construcciones de doce pisos con base en licencias de urbanización de hace más de veinte años, que van en contra del POT del 2000, que solo permite alturas de cinco pisos para prevenir riesgos ambientales.

La exagerada densificación de las laderas de Cali generará enormes problemas de movilidad y tránsito, casi imposibles de resolver por la topografía de la zona. Peor aún, en evidentes casos de corrupción administrativa, las curadurías urbanas y Planeación Municipal han otorgado licencias de construcción de doce pisos en zonas donde no existía la licencia de urbanización que hubiera permitido aplicar la excepción del Decreto 564.

El tercer factor que ha mutilado el alcance del POT actual es que no incluyó en los requisitos para las licencias de construcción el estudio de tránsito ordenado por la Ley 769 del 2002, que en su Artículo 101 señala que “los proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan en un polo importante generador de viajes deberán tener la aprobación del organismo de Tránsito de la jurisdicción.”

Por norma nacional (el Artículo 26 del Decreto 1469 de 2010), el análisis del impacto de las edificaciones sobre la movilidad urbana sí es requisito para las licencias de construcción, pero solo en aquellos municipios que lo hayan incorporado en sus POT.

Como Cali no lo ha hecho, se han permitido desordenados procesos de urbanización, como el del sur de la ciudad, que han generado un casi insoluble problema de movilidad Y lo mismo va a ocurrir con los cerca de mil apartamentos nuevos autorizados en Normandía y el Aguacatal.

Para que el nuevo POT sí sea un instrumento eficaz de planeación urbana, debe resolver los tres aspectos señalados. El primero y el tercero corresponden a decisiones locales, mientras que para resolver el segundo es necesario demandar ante el Consejo de Estado el Artículo 7 decreto 564, con el argumento de que se trata de una intromisión indebida del gobierno nacional y que atenta contra el principio constitucional de autonomía de los municipios.

 

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