Un semestre político-electoral agitado

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El analista político, Alejo Vargas. (Colprensa-archivo)Por Alejo Vargas Velásquez

Este primer semestre de 2014 va a ser políticamente muy agitado, pero adicionalmente se van a definir aspectos muy importantes de nuestro futuro, especialmente que va a pasar con el intento de terminar el conflicto interno armado por la vía concertada.

Tendremos elecciones en marzo para elegir un nuevo Congreso, en mayo para primera vuelta presidencial y en junio para segunda vuelta presidencial y los que vivimos en Bogotá tendríamos una elección adicional en marzo para definir sobre la revocatoria del Alcalde Petro –si su destitución no queda en firme– y en abril para elegir un nuevo Alcalde, si efectivamente se consolida la destitución de Gustavo Petro. Y en paralelo siguen las conversaciones en La Habana entre el Gobierno y las Farc sobre los puntos de la agenda acordada y continúa incierto el inicio de un proceso de conversaciones con el ELN.

La elección del nuevo Congreso va a definir varios aspectos fundamentales: 1) cuál va a ser la fuerza política fundamental dentro de la coalición de Gobierno denominada Unidad Nacional y allí todo indica que la disputa fuerte estará entre el Partido Liberal, que probablemente sería la fuerza mayoritaria –con mayoría relativa, claro– en el nuevo Congreso y el Partido de la U; 2) cuál va a ser el peso político en el Congreso del Centro Democrático que lidera Álvaro Uribe y que representa la oposición de derecha al gobierno de Santos; 3) cómo se va a reconfigurar la oposición de centro-izquierda y de izquierda: aquí los interrogantes son, uno, si el Polo pasa el umbral y cuántos congresistas elegiría y, dos, si el Polo es víctima de la polarización del electorado que favorecería a la Alianza Verde al canalizarse hacia allí, especialmente en Bogotá, los votantes seguidores de Gustavo Petro y qué impacto tendría electoralmente tener a Gustavo Petro actuando como un especie de ‘jefe de debate’ de los Verdes. Paradójicamente, todo indica que las listas al Congreso de la Alianza Verde pueden ser las beneficiadas electoralmente con el caso de Petro.

En cuanto a las elecciones presidenciales de marzo, hasta el momento pareciera que no tiene rival serio, electoralmente hablando, el presidente Santos y que hay bastantes posibilidades, por ahora, de que triunfe en primera vuelta. Los problemas parecen estar es al interior de su campaña y del manejo que él haga; éstos tienen que ver con los aspectos organizativos y con los programáticos.

En lo relacionado con lo organizativo, hay una primera tensión a superar: cuál es el rol de la Fundación Buen Gobierno, en la cual Germán Vargas Lleras es el ‘peso pesado’ y cuál es el de los Partidos Políticos que forman la Unidad Nacional –varios de los cuales parecen tener prevenciones, por lo menos, con Vargas Lleras–. El tema podría ser manejado sin muchas tensiones si se le asigna a cada cual su tarea.

La Fundación Buen Gobierno es en esencia un ‘tanque de pensamiento’, que tiene como función formular propuestas de políticas públicas –un borrador de programa de campaña, o de plan de desarrollo para el próximo gobierno-, hacer debates político–académicos acerca de temas relevantes en la campaña, hacer monitoreo del desarrollo de la campaña; pero obviamente los partidos políticos también tienen preferencias programáticas que hay que compaginar con las que se originen en el ‘tanque de pensamiento. Los partidos políticos en toda democracia tienen como función básica hacer elecciones, movilizar a los ciudadanos para que participen en la toma de decisiones a través del voto y en nuestro caso son los partidos políticos que apoyan la coalición de gobierno quienes van, tanto en las elecciones de marzo a Congreso, como en mayo a las presidenciales, a hacer el gran esfuerzo para aportarle a esta causa su caudal electoral. Esto significa que hay que compaginar una racionalidad más tecnocrática, presente en la Fundación Buen Gobierno, con la racionalidad política propia de los Partidos.

Adicionalmente, según el resultado electoral de marzo en las elecciones de Congreso, en las que cada partido de la coalición que apoya las banderas del presidente medirá sus propias fuerzas electorales, definirá capacidades distintas de los partidos de la coalición, de influir en la orientación programática de la campaña presidencial y en su conducción.

El otro aspecto es el programático. Si bien no conocemos cuáles han sido los ejes programáticos propuestas por la Fundación Buen Gobierno para un eventual segundo mandato del Presidente Santos, es previsible que los ejes sigan priorizando los aspectos de búsqueda de crecimiento económico – ¿se seguirá hablando de las locomotoras? –, modernización de la economía y la infraestructura, conectividad, etc. Pero lo cierto es que un segundo mandato del Presidente Santos, si quiere ser coherente con su discurso de la búsqueda de cerrar concertadamente el conflicto interno armado, debe tener una gran centralidad en la implementación de los acuerdos de La Habana y más ampliamente en la construcción de paz como tarea central en la construcción de una sociedad más democrática y moderna. Esto significaría darle una prioridad al sector rural –no solo por la necesidad de acelerar la implementación de la Ley de Restitución de Tierras y de Víctimas, sino por los nuevos compromisos derivados de los Acuerdos de La Habana sobre desarrollo agrario integral (enfoque territorial)–, además de lo relacionado con los cambios institucionales para viabilizar lo relativo a la participación política y social.

Todo lo anterior debe reflejarse en el nuevo Plan de Desarrollo y en las apropiaciones presupuestales del presupuesto nacional, si no se estaría actuando esquizofrénicamente. Y esto, de nuevo, no deja de plantear tensiones entre las miradas con sesgo más tecnocrático y las que tienen una perspectiva más política de los problemas.
La campaña por la reelección del presidente Santos podría generar una positiva sinergia entre el tanque de pensamiento, la Fundación Buen Gobierno y la coalición de partidos políticos que lo apoyan, o generar una rivalidad interna que podría terminar arruinando el esfuerzo para el éxito electoral; podría resolverlo conformando una gerencia de campaña fuerte, independiente, de su total cercanía y con gran capacidad para definir las directrices de la campaña y la asignación de responsabilidades.

Adicionalmente el tema de la Alcaldía de Bogotá, donde si se da la consulta de revocatoria se va a generar una polarización muy particular alrededor del apoyo o no al alcalde Gustavo Petro, que podría fraccionar los propios partidos de la coalición de Gobierno y favorecer altamente, una semana antes de las elecciones de Congreso, a las listas de la Alianza Verde. Si por el contrario tenemos elecciones atípicas en abril para escoger nuevo alcalde, esto podría incidir, dependiendo del triunfador, en la elección presidencial de mayo y por lo tanto sería previsible una dura apuesta entre un candidato uribista –¿Pacho Santos?– y uno de la coalición de gobierno –¿podría ser Germán Vargas Lleras el gallo tapado?– ; los Verdes podrían incidir con un buen candidato, aunque no es claro quién podría ser.

Ahora bien, las conversaciones de La Habana, tienen la ventaja de haber logrado una dinámica propia, centrada en la hoja de ruta que las orienta y en el buen clima que parecen haber creado las dos delegaciones. Pero no hay duda de que el ambiente político nacional de debate electoral, con su crispación inherente, podría terminar teniendo algún impacto en la Mesa de Conversaciones, que tiene ante sí, además del tema de ‘drogas ilícitas y su solución’ en el cual están trabajando, los puntos de víctimas y de terminación del conflicto, que no son de poca monta y alrededor de los cuales giran aspectos complejos como la definición de desde cuando se considera la existencia del conflicto interno armado, para efectos de definir sus víctimas, y asociado a lo anterior, el tema de justicia y la refrendación de los acuerdos. Un desafío grande para transitarlo en medio de unas aguas embravecidas, como las que van a generarse con el ambiente electoral.

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