Una constitución verde necesita de un Estado fuerte

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Germán Ayala OsorioPor Germán Ayala Osorio

Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente      

De la Constitución de 1991 se dice que es verde, además de liberal y garantista; es decir, que guarda preceptos y principios constitucionales cercanos a la promoción y exigencia de un desarrollo sostenible. Pero al mirar los desastres socioambientales que viene dejando la locomotora minera del gobierno de Santos, así como la debilidad institucional del Estado para conservar y aprovechar de manera racional los recursos de una frágil biodiversidad, va quedando claro que los derechos ambientales consagrados en la Carta Política no solo se hacen cada vez más relativos, sino que su sentido se desvanece ante un modelo de desarrollo extractivo, avasallador e insostenible.

¿Será que los gobiernos de Uribe Vélez y de Santos Calderón tuvieron y tienen en cuenta el sentido y las responsabilidades que conlleva la aplicación efectiva de estos dos artículos de la Constitución Política? No creo. Ejemplos claros de su desconocimiento son la multiplicación exponencial de las concesiones mineras en los ochos años de Uribe, la fumigación con glifosato de zonas rurales y protegidas bajo la figura de parque nacional natural y, por supuesto, la ampliación de la frontera minera en zonas como el Chocó biogeográfico.

El Estado colombiano es lábil e incapaz de ponerle controles a la inversión extranjera que insiste en ampliar tanto la frontera agrícola (monocultivo de palma africana y caucho), como  la minera. A su vez, el Congreso no hace control político a la locomotora minera ni a los actores de la sociedad civil, como la Academia, apenas si logra elevar su voz de protesta ante los desastres socioambientales que vienen dejando tanto la minería legal como la ilegal. Y peor resulta el panorama para Colombia, cuando es evidente que no existe un pensamiento ambiental nacional y, menos aún, un partido político cuya bandera sea la defensa de la biodiversidad, pero especialmente, que exponga con claridad los riesgos que corre el país en materia social y ambiental de continuar ese incontrolado ritmo y modo de desarrollo extractivo.

Más complejo se hace el asunto cuando en las circunstancias y posibilidades que ofrece este débil Estado, con unas instituciones frágiles y una institucionalidad que claramente beneficia a la iniciativa privada, nacional y transnacional, lo que se logra es el sometimiento de la oferta y los servicios ambientales que ofrece un país biodiverso, como Colombia, a las lógicas de un capital sobre el cual el Estado no ejerce control fiscal, ambiental y político.

De esta forma, es claro que por un lado va la Carta Constitucional y por el otro va el modelo de desarrollo extractivo. Conciliar estas dos perspectivas no es fácil, y para ello no solo se requiere de voluntad política –que el actual Gobierno no tiene–, sino de la acción vigilante de un Estado que debe dar ejemplo como orden social y político.

Hoy asistimos a una terrible bonanza minera que está acabando con ecosistemas frágiles, con recursos hídricos, con bosques y hasta con territorios en donde intentan vivir, de manera autónoma, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Ampliar derechos y libertades aporta, sin duda, a un mejor vivir, pero se requieren espacios democráticos efectivos para que todos participemos en la discusión alrededor del tipo de desarrollo que queremos. Y ello incluye la posibilidad de manifestar nuestro rechazo a los innumerables proyectos mineros, entre otros, que hoy desangran la madre tierra colombiana. Estoy seguro de que dichas iniciativas muy seguramente muy poco contribuirán a superar la pobreza de millones de colombianos. Por el contrario, no solo llenarán los bolsillos de las empresas nacionales y multinacionales que explotan los recursos, sino que harán que los derechos ambientales consagrados en la Carta Política, sean, como muchos otros, tan solo letra muerta.

Un país biodiverso, ambiental y culturalmente como Colombia requiere de un proyecto educativo que no solo reconozca y exalte los proyectos de vida de campesinos, indígenas y afrodescendientes, sino que haga posible que quienes decidieron vivir en las urbes, dialoguen de manera simétrica y respetuosa con quienes optaron por vivir en el sector rural. La defensa de la biodiversidad y la discusión alrededor del tipo de desarrollo que mejor conviene a cada una de las regiones del país, solo son posible bajo una sólida, holística e interdisciplinar educación ambiental. Infortunadamente, en Colombia no hay en estos momentos un proyecto educativo con ese carácter, de allí la incapacidad de la sociedad civil y de millones de colombianos para reconocer los efectos negativos que deja un desarrollo económico extractivo que desconoce las más mínimas lógicas con las que operan los subsistemas naturales y por ese camino, insiste en un anacrónico antropocentrismo.

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