Una firma con muchos enredos – 4

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Las consecuencias del embrollo

El hoy gobernador del Valle, Ubeimar Delgado, ha respaldado a Iragorri. Cortesía papelperiodicojamundi.blogspot.com

Desde junio pasado hasta este mes, la ICL ha introducido al Valle 100.088 unidades de 750 cc de aguardiente y 32.460 unidades de 750 cc de ron añejo, pagándole impuestos al departamento por más de 1.149 millones de pesos.

En ese mismo periodo, la ICL le compró a la Industria de Licores del Valle 120.000 litros de alcohol, por un valor de $365.678.400. Además, Casa Grajales ha facturado $118.420.149 por concepto de maquila para los productos de la licorera con sede en Chocó.

Esas cifras dejan muy claro que la Industria Colombiana de Licores demandará a la Gobernación del Valle por una suma multimillonaria si el contrato que la ICL suscribió con el departamento es cancelado.

“Si el gobernador Ubeimar Delgado no es prudente, no espera a que la justicia se pronuncie y toma la decisión de terminar el contrato, la demanda será contra el departamento y contra la persona del gobernador, para que él responda de una vez con su patrimonio”, enfatizó Luis Mario Duque, abogado de la ICL.

Aunque nadie puede saber en qué terminará este convenio tan polémico y cuánto le costará al Valle, los representantes de la Industria Colombia de Licores ya anunciaron que reclamarán una compensación por daños a la imagen de su empresa.

Duque califica las afirmaciones del gobernador como “temerarias”, pues el mandatario dijo a los medios que había un dictamen sobre la firma de Iragorri en el contrato, pero no aclaró si este había sido o no emitido por la Fiscalía.

“El efecto inmediato que se produce frente a nuestra compañía es que se prenden las alarmas de los bancos que nos prestan el dinero para que podamos funcionar y de los proveedores. Eso nos produce un daño horrible financieramente”, explica el abogado de la licorera.

Por su parte, Iragorri no cede. “El contrato no es legal, porque si la firma del gobernador encargado está falsificada, no se puede aducir que el contrato tiene una presunción de legalidad o que está sustentado en un hecho legal. Es un hecho real que esa no es la firma del gobernador encargado”.

“Entiendo la molestia del contratista. Él no tenía conocimiento de esa ilegalidad ni de esa falsificación, pero es un hecho que la firma es falsa. No lo digo yo, sino los peritos que ya miraron el documento”, concluye Iragorri.

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