Una luz ante la hecatombe de nuestra salud

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floro-hermesPor: Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

El trágico escenario de nuestra salud (consecuencia de la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez), parece iluminarse con las reglas básicas de juego, ajustadas a la Constitución, que avaló la Corte Constitucional, que en cierta manera significa resolver mi columna publicada en diciembre 8 de 2012, ¿por qué la hecatombe de nuestra salud?

Producto de un proyecto presentado por presentado por la sociedad civil, la academia, los pacientes y los gremios, con el acogimiento, el aval y el visto bueno del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se constituye hoy en unas reglas que, bien sanamente interpretadas pueden resolver algunos de los por qué de la hecatombe de nuestra salud.

Declarar la salud como un derecho fundamental significa, en cierta manera, expropiar la autoridad y la administración, por parte del Estado, a las EPS, lo cual es igual a decir, que se ha dado un paso más en nuestra lenta consolidación de un Estado moderno, que garantiza y tutela, cosa que no hemos podido lograr a pesar de nuestros casi doscientos años de vida independiente.

Esta ley, a la que el gobierno de Juan Manuel Santos le apostó, con un claro sentido de modernidad, deja claro que en cuanto derecho fundamental, la salud no sólo quiere decir atención plena de la enfermedad, sino también prevención de la misma, o lo que es igual, preservación de la salud, que obliga a una intervención sobre los determinantes de la salud, o sea una acción inter y transectorial que favorecerá, como lo ha hecho en otros países, la consolidación del Estado.

Por otro lado, después del examen de la Corte, se rompe el vínculo macabro entre sostenibilidad fiscal y preservación de la vida y la salud, obligando a las autoridades a realizar los ajustes presupuestales necesarios, para evitar que las insuficiencias financieras sean alegadas como una manera de establecer una barrera mortífera que impida la efectividad del derecho fundamental a la salud, consagrado por la ley estatutaria.

Asimismo, la Corte puso fin a los temores, bien fundados, de que la ley ponía en riesgo la posibilidad de recurrir a la acción de tutela, pues señaló que la ley no puede ni de forma ni de fondo puede atentar contra este mecanismo de protección de los derechos individuales, impidiendo que la salud quede al vaivén de los egoístas intereses de negociantes indolentes inescrupulosos.

Finalmente, debe señalarse que la Corte realizó algunos ajustes al texto aprobado por el Congreso de la República hace más de un año: exige que la atención a los pacientes sea integral, elimina las imperitas y ominosas autorizaciones, respalda la autonomía del médico pisoteada por las EPS, eleva a rango constitucional el control de los medicamentos, no excluye enfermedades y elimina el dañino e inequitativo POS.

Pero, aún falta. Falta la ley ordinaria que podría ser dañina si al frente no continúa la mano generosa y sensible del Presidente Santos, que enrumbe la ley ordinaria hacia puesto benévolo con los pacientes.

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