Una semana de infarto

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Por Jaír Villano

@VillanoJair

No ha terminado la semana y ya ha pasado de todo. Desde problemas sociales, como el usted no sabe quién soy yo, hasta de carácter socio ambiental, como las muertes de los niños en Chocó por desnutrición severa y diarrea aguda. ¿Casualidad o causalidad? Lo cierto es que algo grave pasa en Colombia; no exagero, juzguen ustedes.

Justicia. El escándalo del magistrado Pretelt no puede reducirse a un acoso socio político. Culpable o no, el hecho de que el presidente de la corte con más prestigio en los últimos tiempos en el país esté involucrado en un presunto caso de corrupción pone a tambalear el decoro de los altos tribunales colombianos; las funciones electores que se le otorgaron a las altas cortes, en la Constitución Política de 1991, han suscitado prácticas de politiquería, algunos parlamentarios sugieren hacer cambios estructurales a la arquitectura de la rama judicial, hasta los mismos miembros de la Corte Constitucional han manifestado su aversión por las facultades electorales que son de su competencia. Escándalos de corrupción, como el carrusel de las pensiones y el caso Henry Villarraga, escándalos por inoperancia, como el accionar en la Comisión de Acusaciones, es muy difícil creer en quienes imparten la justicia. A última hora se informa que Julián Bedoya, el representante que se auto-designó en interés de hacer justicia en el caso Pretelt, ni siquiera es abogado, que además ha sido acusado de querer robarse un arma, ah y, solo por si acaso, que sus aliados políticos son unas joyitas.

Todo lo cual es un resumen de lo que pasa en la rama judicial.

Se hace entonces imperiosa una reforma a la justicia que permita acabar con la politización de la justicia, con cambios que vayan mucho más allá de la semántica, que es como sugiere la representante Angélica Lozano, miembro –por conocimiento de causa – de la deshonrosa e inepta Comisión de Acusaciones.

Conflictos ambientales. La proliferación de las minas ilegales en el país está causando estragos de diverso orden, las fuentes hídricas están infectadas por el uso desenfrenado del mercurio y el cianuro, se presume que esto puede ser la causa de muerte de personas en el Chocó. La deuda histórica del Estado en este departamento ha servido como caldo de cultivo para que proliferen todas las problemáticas que aquejan el país; en Chocó confluye un variopinto grupo de actores ilegales, en Chocó hacen presencia todos, menos el Estado.

Lo más aterrador es que los colombianos hemos terminado por aceptar esto, ya imagino cómo sería de diferente el tratamiento del caso si los niños que mueren por desnutrición aguda fueran de alguna de las “ciudades importantes”.

Orden público. Como si fuera poco, en el norte del Cauca, que también aglomera varios conflictos por el control de las tierras, se lleva a cabo una protesta indígena cuya causa obedece al supuesto incumplimiento del gobierno nacional con más de 20 mil hectáreas. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha sido acusado de desmedido en sus acciones de restablecimiento del orden, verdadabierta.com dice que el Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca (Cric) y la Organización Nacional Indígena (Onic), ha realizado un informe en el que detalla estos abusos.

Los incumplimientos estatales han llevado a que los indígenas se agrupen, hasta el momento ha sido bloqueada la vía Panamericana, más cabildos se integrarán a la protesta, tal parece que va para largo…

Proceso de paz. Los casos expuestos atrás han opacado la integración de la subcomisión de cese al fuego, integrada por seis jefes militares, cinco generales y un almirante. Es sin duda otro sólido paso para la consecución de la firma de los acuerdos, dice mucho que un alto mando militar como el mayor general Javier Flórez se siente en una misma mesa con enemigos históricos como los comandantes farianos Joaquín Gómez y Carlos Lozada.

Por otro lado, es sano que se expongan ideas en pro y en contra de los beneficios que bajo el marco de la justicia transicional recibirían las Farc. Hace falta, eso sí, mayor contextualización en torno a en qué consiste la justicia transicional, amén de atenuantes sobre la radical posición de la contraparte.

Queda por fuera de este pequeño listado la huida a España del empresario Víctor Maldonado y su intención de radicarse en este país por supuestas falta de garantías procesales; la condena de la Corte Suprema de Justicia a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado y todo lo que esto implica y compromete a quien fuera jefe de Estado cuando estas personas fungían como funcionarios públicos; queda por fuera la captura de Mariano Alvear, José Ricardo Caballero y Juan Carlos Mahecha, artífices del desfalco de la Universidad San Martín; las cifras maquilladas en materia de reducción de violencia por parte del Gobierno Nacional, según Human Rights Watch.

Eso y otras lindezas –para qué hablar de la pataleta del niño del norte de Bogotá– acaecieron en el país.

Mas nada atípico, dirán los conocedores.

(Es posible que esté proustiano).

 

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