Una sola muerte, muchos significados

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Colombia Sin HeridasPor Alberto Gómez

Presidente de la Fundación Tierra y Vida

Miembro de la Alianza Colombia sin Heridas

El 9 de abril, Ever Cordero madrugó a llamar a sus conocidos para ir a la marcha por la paz en la ciudad de Montería, y tuvo que hacerlo él porque, en verdad, no son muchos los que se atreven a ponerse al frente de la organización de las víctimas ¡en un municipio en el que las amenazas de muerte contra las víctimas se cumplen! Así había quedado demostrado apenas días antes, cuando sicarios secuestraron, le hicieron misa –así le llaman a la tortura–y finalmente asesinaron a Hermes Vidal por reclamar la tierra de los Vidal en Valencia, Córdoba.  Ever lideraba la mesa de víctimas de ese municipio y además estaba pendiente de la reclamación de unas tierras de su mamá en la vereda Fabra.

Pero ese día otros habían madrugado más que Ever.  Muy temprano un carro de transporte colectivo se detuvo frente a la casa donde él durmió para recoger un cilindro de gas.  Una cuadra más adelante el carro fue alcanzado por dos hombres en moto, quienes increparon al conductor para preguntarle a quién llevaba en el carro. Pronto regresaron, y pasadas las seis alcanzaron a Ever, que había salido tranquilo, caminando, sin más protección que sus rezos y la confianza de campesino humilde que siempre lo acompañó.  Le descargaron cinco tiros, y allí quedó tendido su cuerpo sin vida en medio de la calle polvorienta.

Este asesinato, justo al inicio de esa emblemática jornada, estaba destinado a lanzar un mensaje inequívoco de intimidación a las víctimas y de rechazo a la jornada nacional que las reconoce y les rinde homenaje; pero además expresaba un rechazo, con sangre, a la paz que agencia el presidente Santos. Un acto de tal simbolismo y contundencia no parece ser la decisión del mando local de los sicarios. Hubo una orden superior, de muy arriba, de alguien que entiende de política y sabe de mensajes contundentes.

La muerte de Ever evidencia la promesa incumplida de la protección a los reclamantes de tierras, en la que se encarna la garantía de la No Repetición. Este asesinato y tres más en menos de un mes entre los departamentos de Córdoba y Atlántico muestran que el modelo de protección ofrecido por la UNP y las autoridades de Policía no solo es insuficiente, sino que muy posiblemente no está comprendiendo el fenómeno de violencia que busca contrarrestar.

Esta muerte significa también que el logro de la restitución de tierras está muy lejos de superar sus obstáculos advertidos desde el comienzo de la aplicación de la ley. Los casos emblemáticos de restitución no han logrado pasar de los anuncios rimbombantes, pero la verdad es que Maritza Salabarría no pudo volver a Mundo Nuevo, y las víctimas restituidas en Las Tangas nunca se pudieron instalar allí.  Falta ver, si a la vuelta de unas semanas, los campesinos recién restituidos en el predio Santa Paula están todavía en esas tierras. Esto significa, además, que a pesar de la innegable voluntad presidencial para reparar y proteger a las víctimas, Santos no manda en estas tierras y sus órdenes por allí no se cumplen.

Y por supuesto, este homicidio tiene otro significado aún más trágico.  Hay una familia con ocho hijos huérfanos, seis de ellos menores de edad, a cargo de una mujer que siempre dependió del trabajo del campo y de los ingresos de su esposo. Hay también unas víctimas aterrorizadas, sin un líder que las oriente, que ya no se atreven a marchar. Y al final de la fila, hay un Gobierno perplejo ante este crimen, anunciando ayudas e investigaciones que no se cumplen, ante la mirada socarrona de quienes dieron la orden de disparar.

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