De indígenas a indigentes

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Alonso Otoya
Alonso Otoya

Por Alfonso Otoya

En mayo de 2013 llegaron a Cali 42 familias desplazadas de Pueblo Rico, Risaralda, de la comunidad indígena Embera Katios. Eran 186 personas que decidieron ubicarse en el barrio el Calvario y a las cuales la administración municipal les brindó todas las ayudas que estipula la ley; todos se encuentran cubiertos por el régimen subsidiado de salud, los menores que quieren asistir al colegio lo están haciendo en el Santa Librada y se les está prestando el acompañamiento social que requieren. Hoy, un año y cuatro meses después de su arribo a nuestra ciudad la comunidad se encuentra en una situación de riesgo que requiere la intervención inmediata del gobierno nacional. Miembros de la comunidad Embera ya presentan comportamientos que atentan contra su buen desarrollo, en algunos casos hay indigencia, desnutrición, drogadicción y explotación infantil.

Esta no es la primera vez que esta situación ocurre, en el 2012 se presentó el primer desplazamiento de 11 familias, alrededor de 40 personas. Tres meses después y en coordinación con los gobiernos locales de Pueblo Rico, la gobernación de Risaralda y la alcaldía de Cali se logró el retorno a su territorio. Sin embargo, tras un año de estos hechos se repite el desplazamiento y en esta ocasión el número de personas se cuadruplico y el retorno se ha hecho imposible.

¿Pero a qué corresponde este desplazamiento? En los primeros días de los eventos, esta comunidad explicó que su situación se daba por persecución y situación de violencia en el lugar. Con el paso del tiempo se comenzó a evidenciar que la causa real era una situación de conflicto interno entre la comunidad Embera. Esto nos pone a reflexionar sobre hasta qué punto los gobiernos locales deben cargar con este tipo de responsabilidades y si la unidad de víctimas debería tener una participación más efectiva en este tipo de conflictos que son netamente internos.

A las comunidades indígenas la Constitución del 91 garantizó una gran cantidad de derechos buscando proteger la autonomía de estos grupos étnicos así como su cultura y tradición, precisamente para que situaciones como la que se está presentando en el Calvario no ocurrieran, y que estas etnias pudieran tener un espacio donde no fueran víctimas de la occidentalización de su territorio. Pero la constitución falló en una cuestión importante que hoy se debe corregir, y son las obligaciones que las autoridades indígenas tienen con sus miembros. Parece inaudito y es del todo reprochable que estas 42 familias que salieron de su comunidad buscando proteger sus vidas e integridad vivan estos hechos por acción y negligencia de sus compañeros, y que hoy su retorno se vea imposibilitado porque sus mismos pares los rechazan y no los aceptan.

Los derechos y privilegios deben venir acompañados de responsabilidades y ahora que nos preparamos para el postconflicto debemos todos tener la claridad que la paz se firma con el enemigo pero que a la vez en nuestro círculo más cercano debemos desarmar nuestras actuaciones y aceptar nuestras diferencias para vivir en comunidad. Esto es lo que debería aplicar las autoridades indígenas de los Embera Katios de Pueblo Rico, Risaralda. De nada sirve firmar la paz con las FARC si vamos a continuar manteniendo los odios acérrimos entre nuestras comunidades.

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