Verdad y élites de poder

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 Por Germán Ayala Osorio

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

El devenir del conflicto armado interno y las circunstancias objetivas que hicieron posible, viable y legítimo el levantamiento armado y la vigencia hasta hoy, de los grupos subversivos, están íntimamente relacionadas con el comportamiento de las élites, bogotana y sus ‘pares’ regionales, que operan como una suerte de espejos.

De esas élites se puede decir que no han sido los referentes éticos y políticos para el diseño y consolidación de un proyecto de nación que reconozca la diversidad cultural del país. Por el contrario, dichas élites, con su actuar, históricamente han profundizado la idea de un país de regiones, con el claro propósito de entronizar las prácticas feudales asociadas a las formas como han ejercido el poder político y económico. Desde sus feudos se han opuesto al desarrollo de un Estado-nación moderno. Desde allí, desde sus territorios y enclaves económicos, han solidificado prácticas endogámicas con las que lograron reproducirse en el tiempo.

La mirada premoderna, conservadora, rentista y precapitalista de dichas élites, ha coadyuvado al fortalecimiento de esa idea de país de regiones con la que fácilmente evitamos explicar las enormes dificultades que ha enfrentado la sociedad colombiana para pensarse como un solo cuerpo. Esto es, una colectividad capaz de confrontar el orden social, político y económico, representado en un Estado precario que deviene capturado por familias tradicionales y grupos de poder ilegal, con los que las primeras han negociado y cohabitado en el ejercicio del poder político. El contubernio entre lo legal y lo ilegal en Colombia tiene en sus élites a las mayores responsables, de allí que sea tan difícil imaginar escenarios de posconflicto y una paz duradera, mientras ese connubio persista y siga siendo determinante en las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Sin una revolución política, cultural y social transformadora y con evidentes procesos civilizatorios fallidos, el país se ha construido bajo la idea clara de que es posible cambiar para que todo siga igual, en especial en lo que concierne a las formas tradicionales y hegemónicas en el ejercicio del poder.

Es, en ese contexto, en el que hay que entender la reciente y polémica propuesta del ex presidente Gaviria Trujillo, de pensar, diseñar e implementar una justicia transicional para aquellos grupos de poder económico y político (políticos, disímiles empresarios y ganaderos y otros agentes de la sociedad civil) que hayan patrocinado, por ejemplo, el paramilitarismo.

La propuesta de César Gaviria demandaría, por ejemplo, de una gran Comisión de la Verdad y de una generosa justicia transicional para militares, subversivos, paramilitares y civiles (empresarios y políticos) que desde diversas prácticas azuzaron el conflicto armado interno. Al respecto, vale preguntarse: ¿qué vamos a hacer los colombianos con esa verdad que resulte de esa Comisión de la Verdad? O de varias comisiones de la verdad.

Si se logran develar las finas relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que los paramilitares establecieron con la clase política y empresarial (banqueros, ganaderos y agroindustriales), con el claro propósito de echar a andar el proyecto paramilitar, la sociedad colombiana deberá reclamar no solo procesos de justicia, verdad, reparación y compromisos de no repetición, sino que deberá exigirles, a esas mismas élites y familias tradicionales, que den un paso al costado, para poder reconstruir culturalmente la Nación. Y ese dar un paso al costado implica que abandonen la vida pública (política) y que liberen al Estado de sus mezquinos intereses. Ese será el costo que deberán pagar las élites que patrocinaron la “exitosa” empresa criminal llamada paramilitarismo, a cambio de total impunidad por los delitos cometidos.

Así entonces, mas que fallos judiciales condenatorios, lo que el país necesita es una reconfiguración de esas correlaciones de fuerza en las que unas élites de poder se han distinguido por su incapacidad para guiar las aspiraciones de una sociedad fragmentada, que deambula sin un norte ético-político, pensado bajo principios de un Buen Vivir para todos.

El problema no está en que haya una gran dosis de impunidad (que la habrá). Por el contrario, el asunto de fondo está en la reconstrucción moral y ética de una sociedad que deviene enferma, atomizada, segmentada, en el contexto de una nación que ha girado en torno a la pobreza de criterio de unas élites formadas mas para someter el Estado a sus caprichos e intereses, que a forjar un orden político, social y económico que apunte a la profundización de la democracia.

Así entonces, bienvenida una generosa y ampliada justicia transicional, siempre y cuando las élites de poder tradicional acepten su responsabilidad no solo en el nacimiento y extensión en el tiempo del conflicto armado interno, sino en la incapacidad que exhiben millones de colombianos de pensarse como ciudadanos, de consolidar una sociedad políticamente formada y de trabajar en torno a una idea consensuada de un Estado al que debemos exigirle que brinde bienestar a todos los colombianos.

A las élites de poder, el país también deberá reclamar que su riqueza se redistribuya, en especial aquella cuyo origen esté asociado a actividades ilícitas, desvío de dineros públicos, o se haya logrado sobre la base del éxito del paramilitarismo como empresa criminal. Pero ese mismo país deberá decir no más a esa élite como referente ético y político. Es claro que ese lugar simbólico jamás lo ganaron en franca lid. Fue impuesto, con el concurso de los medios de comunicación y de la acción política (electoral). Es hora de refundar liderazgos y para ello, esas élites de poder deben dar, inexorablemente, un paso al costado.

Esos nuevos liderazgos deben salir de un proceso de cambio cultural que modifique ese ethos mafioso que comparten agentes y actores de la sociedad civil y que ha sido convalidado por las élites tradicionales de poder. Y ese cambio cultural deben liderarlo los sectores más liberales de la Iglesia Católica, de la Universidad, de los Partidos Políticos y de algunos gremios que crean seriamente en que este país debe transformarse, si de verdad creemos en que es posible alcanzar una paz justa y duradera. Y esa transformación debe partir de una revisión del modelo de desarrollo. Por ejemplo, desde una perspectiva ambiental, el país va por mal camino, debido a una incontrolada mega minería que avanza sobre frágiles, valiosos y estratégicos ecosistemas.

Eso sí, no caigamos en la trampa de pensar en que lo propuesto por el expresidente Gaviria beneficiará exclusivamente a Uribe Vélez. Como líder emergente, Uribe también deberá decir la verdad sobre sus presuntos vínculos con mafias y paramilitares. Y cuando ello suceda, y explique a las autoridades y al país el monto de su riqueza y sus orígenes, entonces la sociedad colombiana deberá exigirle, también, que dé un paso al costado. Quizás así sea posible sacar adelante este país, a la luz de unos escenarios de posacuerdos que hay que empezar a diseñar, soportados sobre una nueva ética.

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