Violencia y calidad ambiental urbana en Colombia

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Luis Eduardo Lobato Paz

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

El conflicto armado ha dejado más de 220.000 muertos en Colombia en las últimas tres décadas según el Informe Basta Ya. Este tipo de acciones violentas son las que reciben y han recibido más difusión a través de los medios de comunicación. Pero aún, en los años en los cuáles los grupos armados ilegales efectuaron más ataques y desplegaron en mayor proporción su potencial destructivo, en el país la mayoría de homicidios los produce la violencia común. Esta puede ser tres o cuatro veces superior a la que produce el conflicto armado.

En las geografías o cartografías de la violencia que se desarrollan, estos homicidios se efectúan en las áreas más pobres de las ciudades colombianas. La identificación de los factores que producen las diversas formas de violencias en estas áreas, se atribuyen a los altos niveles de pobreza .La labor de muchas institucionales oficiales y aún de algunos sectores académicos se queda en el registro de datos de cómo crecen o decrecen las tasas de homicidios en cada área de la ciudad.

Cuando se piensa en buscar soluciones para la problemática social de las áreas más deprimidas de la ciudad, los programas públicos pasan por incrementar el pie de fuerza de la policía o sacar adelante proyectos de vivienda de interés social. Sin desconocer la contribución que pueden generar estas medidas para el bienestar de las personas, éstas se quedan cortas por no considerar otras variables que tienen mucho peso en la generación de condiciones para el desarrollo de un ethos que crea condiciones para perpetuar un estado de violencia. Una variable de mucho peso y a la que no se le da el valor suficiente, es establecer que el medio en el que se vive, impacta la vida personal, social y condiciona la interrelación ambiental.

En la ciudad de Medellín, a partir de los años noventa y muy especialmente, en esta primera década del siglo XXI, los mandatarios locales han entendido que la violencia en las comunas más peligrosas de las ciudades debe afrontarse de una manera distinta: que no todo pasa por la confrontación armada ni por políticas asistencialistas. Categorías como Urbanismo Social los llevaron a entender que el diseño urbano debe propiciar condiciones para la constitución de ciudades más equitativas, en las que todos sus ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para mejorar sus condiciones de hábitat, acceso a los servicios básicos, la educación y la recreación.

Fruto de esta percepción emprendieron varias obras para mejorar la movilidad intra e inter barriales (cable aéreo y gradas eléctricas para zonas de ladera), la infraestructura (construcción de puentes, vías peatonales y plazas) y espacios para la capacitación o el encuentro ciudadano (erradicación de escombreras, adecuación de parques, parques bibliotecas, mega colegios, recuperación de quebradas y senderos verdes).

El resultado de esos programas sociales ha sido una reducción del número de homicidios en todas las zonas. Ellos entendieron que cuando los habitantes de un lugar no se pueden desplazar fácilmente de un lugar a otro, no disponen de áreas para el disfrute del tiempo libre, los olores fétidos de quebradas y basureros los ahogan permanentemente y no tienen centros para la enseñanza, la capacitación y la actividad cultural, es comprensible que allí se potencien la desestabilización mental, la agresividad contra sí mismos y los otros y la relación con la naturaleza pase por comportamientos y actitudes que agravan los problemas medio ambientales (vertimiento de aguas residuales a las quebradas, arrojar basuras en cualquier espacio, prender fuego a la vegetación).

Cuando se analiza la problemática de violencia en Cali, se encuentra que las comunas que tienen los mayores índices de violencia son aquellas que tienen las peores condiciones en materia de calidad ambiental urbana: Comuna 20 (que comprende Siloé y otros barrios de ladera), Comuna 13, en el que solo mencionaré a el barrio El Poblado) y Comuna 14 (en el que mencionaré los barrios Bonilla Aragón y Manuela Beltrán). Estas dos últimas en el Distrito de Aguablanca.

Como elementos comunes de estas tres comunas, nos encontramos que son las que menos disponen de zonas verdes, ya que la densidad de ocupación del espacio supera el 90 %, los habitantes de las laderas viven en constante riesgo por deslizamientos y los de las zonas bajas las amenazas están dadas por las inundaciones. Las quebradas y ríos que circundan sus territorios están convertidos en caños de aguas servidas y escombreras. A esto se le suma la disponibilidad de pocos sitios para el encuentro ciudadano y la recreación; transporte urbano y cobertura educativa deficitaria.

Los gobernantes de Cali tienen a la ciudad de Medellín un referente a partir del cual empezar a abordar de una manera creativa y propositiva la problemática de la violencia. Si no se emprenden programas incluyentes y participativos, la violencia va a seguir campeando por las zonas mencionadas y la ciudad va a seguir marcada por ocupar los primeros puestos en criminalidad urbana del mundo.

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