Y cuando nos llegue nuestro Chávez, ¿qué?

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Gustavo OrozcoNo hay que ser abogado para preocuparse por la destitución de Petro. Tampoco hay que ser bogotano para querer un nuevo alcalde para la capital de la República. No soy ni lo uno ni lo otro, pero la decisión que tomó Santos de ignorar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  es tan trascendental para el futuro del país, que merece la atención de cualquiera.

Sin tener experiencia en leyes no me inmiscuiré en el debate jurídico que ya toma fuerza, pero un análisis político revela preocupaciones igualmente importantes. Sobre todo cuando Colombia históricamente ha ondeado la bandera de respeto por los organismos internacionales y ahora se muestra reticente a aceptar sus decisiones y recomendaciones. Por eso, esta coyuntura es tan trascendental; tanto, en términos nacionales como regionales, porque establecerá un precedente ineludible y, desde mi análisis, preocupante. Como bien dice EL PAÍS de España, la decisión de Santos “cercena de manera abrupta la intachable trayectoria de cumplimiento [de Colombia]de sus compromisos con el derecho interamericano […], causando una potencial erosión al capital político del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.”

De esa manera, ahora nos sumamos al club de irresponsables populistas del continente, que frente a la inconveniencia de la CIDH intentan limitar su autoridad. Desde hace años, Ecuador y Venezuela amenazan con cortarle la financiación a la Relatoría para la Libertad de Expresión (órgano de la CIDH), como consecuencia de sus fuertes críticas a estos gobiernos. La supuesta improcedencia de sus objeciones frente a la situación de ambos países, que por cierto es el mismo argumento que usa ahora Colombia para desestimar las medidas cautelares, se ha convertido en la razón para irse lanza en ristre contra todo el sistema interamericano.

En el fondo, lo que Ecuador y Venezuela han querido es minar la independencia y la fortaleza de la Relatoría, impulsando una nefasta reforma de todo el sistema interamericano. Solo les sirven los cómplices silenciosos de sus jugarretas anti-democráticas, por algo adoran a los títeres en los que han convertido a la Unasur y al Mercosur.

La Comisión y sus relatorías no tienen dientes para aplicar sus decisiones, y como se han dado cuenta nuestros vecinos, la única solución para deshacerse de su inconveniencia es cortándoles el financiamiento. Ahora Santos pareciera meterse en un cuento similar, al jugar con su discurso para salirse con las suyas: argumenta la necesidad de respetar el orden jurídico nacional –y quizás tenga razón–, pero también tiene más de un motivo para hacerle galleta a la CIDH. Será una decisión apreciada por la derecha y una oportunidad para comprar el apoyo de sectores contrarios al proceso de paz. Se ganará al procurador declarándolo vencedor en esta contienda; a las Cortes, poniéndolas en un pedestal santificado; y a más de un uribista, que estará feliz con la salida de este ex guerrillero.

Pero priorizando sus intereses electorales a corto plazo, Santos le da una grave estocada al control internacional sobre nuestro sistema político.

La CIDH es quizás la única autoridad que se ha atrevido a hacer frente al autoritarismo creciente en la región. La CIDH ha sido la única semisalvaguardia de la democracia de los vecinos colombianos ante la inoperancia de los demás organismos internacionales. Ignorando sus decisiones, obligatorias o no, Colombia se mete en zonas grises y peligrosas, que nunca sabemos qué avispado decidirá aprovechar. Perdemos garantías de control que serán útiles ante verdaderas amenazas. ¿Qué haremos el día que nos llegue nuestro propio Chávez criollo?

Por eso, apoyar la decisión de Santos es hacerle un autogol a la democracia colombiana. Algún día, así como a Andrés Escobar se lo cobraron después de su error en el Mundial del 94, alguien llegará a hacérnoslo.

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