¿Y usted qué opina?

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Camila ZuluagaPor Camila Zuluaga

La bomba pensional, es así como expertos han catalogado lo que sucede con el sistema de pensiones en Colombia.  Esta semana la Corte Constitucional realizó la audiencia pública más importante de los últimos años,  para discutir la demanda que busca acabar con los regímenes especiales de pensiones para magistrados y congresistas. 

Tomar posición frente al tema, confieso, no ha sido fácil. Un querido colega, con argumentos válidos, me ha hecho ver que mi visión sobre el tema –yo coincido con la ponencia del Magistrado Pretelt– no debería ser tan radical.  

La historia es así: en la época del gobierno de César Gaviria se aprobó la Ley 100 de 1993, que tenía como objetivo acabar con los regímenes especiales. Esto hizo que solo quienes habían sido congresistas al primero de abril de 1994, tuvieran un régimen especial  basado en que su pensión estaría determinada por el 75 % del salario que tuvieron durante el último año.  Este régimen se extendió a los magistrados,  lo que hizo que ellos tuvieran los mismos beneficios. Todo cambió cuando en un pronunciamiento el Consejo de Estado determinó que la fecha del primero de abril no era requisito para obtener el beneficio. Ahí empezó la vena rota de las altas pensiones.  

Conscientes del problema  y de la vena rota, pero legislando en causa propia,  el Congreso de 2005 le añadió al Artículo 48 de la Constitución que a partir del 31 de Julio de 2010 las pensiones tendrían un tope máximo de 25 salarios mínimos. ¿Por qué razón los congresistas decidieron esa fecha? Porque quienes votaban en ese momento para el 2010 ya tenían listo su beneficio pensional.

Ese Artículo 48 de la Constitución y su modificación es lo que ha demandado el abogado Germán Calderón España, puesto que son muchos los que con dicha modificación se han beneficiado de las altas pensiones.

La ponencia del magistrado, a quien por sorteo le correspondió su estudio, argumenta que todo lo anterior debe caerse, es decir que debe haber una reliquidación en las pensiones y solo aquellos que cumplían al primero de abril del 94 con los requisitos pueden seguir con los beneficios. Esto significa que todas aquellas pensiones de congresistas y de magistrados cambiarían de ahora en adelante, no  tendrían que devolver su dinero pero  el monto que les llega se reduciría.

Un ejemplo muy claro es el de la señora Adelina Covo, exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, quien mediante una acción legal logró una pensión de diecisiete millones de pesos. Incluso dicha mesada fue entutelada por un grupo de abogados del  Seguro Social, que argumentó que la doctora Covo no había cumplido con el total de los requisitos para ser cobijada con el régimen especial. Casos como estos son los que cambiarán: a la exmagistrada se le reliquidaría su pensión y tendría derecho a recibir tres millones de pesos únicamente. Es un tema jurídico complejo, pero a grandes rasgos es así.  Ante este panorama, la mayoría de los colombianos, entre ellos yo, coinciden en que dichos privilegios deben acabarse.

Ahora, quiero mostrarles la otra cara de la moneda, que me fue expuesta por un querido colega que difiere radicalmente de mi posición. Me dijo: “Camila: Lo injusto de las pensiones es que se las otorguen a magistrados y congresistas en carruseles de pensiones con cortos periodos de ejercicio en el cargo. ¿Pero por qué una persona que cotizó más de veinte años, que lleva treinta y cuatro años en la rama Judicial, como son los magistrados de las altas cortes, que además tuvieron a cargo la más alta responsabilidad judicial ahora tiene que aceptar que le recorten su pensión?”.

A lo que yo respondí: Nosotros también cotizamos y no tenemos derecho a que se nos subsidie la pensión. Únicamente nos pagan lo que cotizamos, eso sucede con los ciudadanos del común.  ¿Por qué ellos tienen que tener un régimen especial para pensionarse?”.

Entonces, mi colega expresó: “Por la responsabilidad y dignidad de ser los órganos de cierre de los procesos judiciales. Son los que garantizan que si los tribunales y jueces se equivocan, se rectifique y  se reviertan  aquellos fallos injustos. No son cargos para cualquiera, deben ser individuos de alto nivel intelectual y moral. Por tal razón no es un privilegio, es una de las tres ramas del poder público. La mayoría de los magistrados son personas decentes, pulcras, que  juegan un papel fundamental para el país. Con lo que se está planteando en esta cacería de brujas pagarán justos por pecadores”.

Su respuesta me hizo reflexionar y les confieso que sigo pensando. Por eso les planteo a ustedes la pregunta: ¿qué posición tienen en este debate que se adelanta hoy en el país y del cual seguiremos hablando durante unas semanas más?  Las cartas ya están echadas.

Una cosa más: Mi Twitter es @ZuluagaCamila. Espero sus comentarios.

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