Asi va la reparación de víctimas en el Valle

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El Valle va lento en cuanto a Ley de Víctimas. Se ha trabajado, pero todavía falta vencer muchos obstáculos.

Presentaciones de protocolo vivieron este mes los representantes de las víctimas en el Valle. La Defensoría del Pueblo prestó el lugar donde funcionan sus oficinas, al norte de Cali, para instalar la Mesa de Víctimas Departamental, evento al que se invitaron las 36 fundaciones representantes de las víctimas en el departamento, pero solo asistieron 15.

No obstante, la asistencia de tan pocas fundaciones al acto no fue excusa para no iniciar el trabajo. Durante la reunión de la Mesa Departamental se organizaron algunos grupos de acción para adelantar los protocolos de elección del representante y para desarrollar la agenda que debe cumplir la Mesa en próximas reuniones.

Aun con la disposición de los representantes de las víctimas y la presencia del gestor de paz del Valle, Frangey Rendón, la Mesa tiene algunos problemas para hacer sus tareas.

En primer lugar, los protocolos para elegir el representante de la Mesa se deben realizar en junto con la Gobernación, pero el problema de la destitución de Héctor Fabio Useche y las designaciones de dos Gobernadores encargados han detenido esta fase de negociación, y con esto la restauración de las víctimas.

Para Rendón, el asunto de la gobernación ha generado un retraso en la ejecución y en las dinámicas de reparación de víctimas; sin embargo, se ha logrado que con la aprobación del Plan de Desarrollo para la Ley 1448 en el Valle se garantice que la nueva gobernación contemple esta problemática para el desarrollo del departamento y que actúe.

Luego de dichos protocolos sigue el desafío de los presupuestos. Este problema lo genera también el lío de gobernabilidad que atraviesa el Valle. Óscar Enríquez, de la fundación representante de víctimas Pan, Paz y Vida, denunció que con mandatarios departamentales anteriores los presupuestos eran más amplios.

Lorena Urrutia, de la fundación Arriba Género Víctimas del Silencio, confirmó la denuncia de Enríquez explicando que el último prespuesto que Calima y Darién recibió fue de tres millones de pesos.

Enríquez denota también que los niveles de organización de las víctimas son otro desafío que debe afrontar la Ley, solo que en este caso las personas que buscan la reparación son quienes deben responder por esto. “Los niveles de organización se miden en la capacidad de respuesta que tengan las víctimas frente al Estado. Tiene que ver con la propuesta, con un plan de acción y el grado de movilización y exequibilidad”, explica Enríquez.

Acto seguido, existe una inconformidad entre las personas de las fundaciones que representan a las víctimas por una serie de vacíos que ellos han descubierto en la Ley 1448 de 2011. Milena Olave, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca, afirma que la Ley tiene huecos enormes en su aplicación y que se debe estudiar más a fondo para evitar que estas imperfecciones permanezcan cuando se inicie la reparación.

En la parte de restitución de tierras, entre los vacíos que Olave le encontró a la Ley, está por ejemplo la situación en que una víctima deba negociar con un particular o un privado propietario de un predio para restituir. Según la representante, en este caso la víctima no quedaría en igualdad de condiciones para la negociación.

Además, Milena Olave asegura que ni las comunidades afrodescendientes ni las comunidades indígenas fueron tenidas en cuenta para la construcción de la Ley, sino que solamente fueron convocadas luego de la publicación de la 1448 de 2011.

Finalmente, el tercer problema que tiene el desarrollo de la Ley de Víctimas en el Valle del Cauca es la caracterización de las víctimas. Esto, en plata blanca, es el censo o conteo de las personas perjudicadas por la violencia.

Según el Gobierno Nacional, en Colombia existen entre 3 y 5 millones de víctimas. El Valle del Cauca tiene censadas 268 mil, pero con conocimiento de que aún faltan muchas por incluir en la lista. En Cali hay un conteo de 65 mil personas afectadas por la violencia.

Son estos los pinos con los que hace malabares el Gobierno en el afán de cumplir una ley con la que muchos han mostrado descontento, entre ellos, el expresidente Uribe. Lo único que sí tienen claro víctimas, fundaciones y Gobierno es que pasará mucho tiempo antes de ver a la primera víctima reparada.

Las víctimas en Cali

De acuerdo con la organización entre departamento y municipio –y la diferencia que hay entre ellos–, se podría pensar que en la mesa departamental se inscribirían más fundaciones representantes de las víctimas que en una mesa municipal. Sorpresivamente, Cali demostró lo contrario cuando a la instalación de la Mesa se invitaron 150 fundaciones representantes pero solo 54 firmaron asistencia.

Aunque el acto se había organizado con mucha parafernalia, algunos asistentes se quejaron de falta de organización, otros defendieron la posición de la Personería, y muchos querían iniciar de una vez con el trabajo. Se concluyó que se debía seguir una agenda del evento y luego iniciar con las propuestas y comentarios.

Según la personera auxiliar de Cali, Carmen Ospina, las mesas se instalan para dar acompañamiento a las fundaciones que representan a las víctimas, pero ellos no están en la obligación de llamar a las que no se registren en la Personería. Agrega que además algunas de estas fundaciones no cumplen con los requisitos necesarios para participar en este acompañamiento.

Pese a ello, la capital del Valle se ha mostrado comprometida con el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. En la ciudad se adelanta un trabajo de preparación de las instituciones municipales que acompañan a las fundaciones representantes. La figura municipal de las instituciones es la Personería, y en Cali esta ha sido constante este primer semestre con el desarrollo de la Ley de Víctimas.

En relación a esto, el personero de Cali, Andrés Santamaría, dijo que “desde aquí queremos mostrar un liderazgo nacional en el tema de víctimas y por primera vez nos vamos a sentar a discutir sobre la implementación de la Ley 1448, un tema que nos corresponde a todos los Personeros de Colombia”. Esto en contexto con la IV Asamblea de Personeros que se realizará en la ciudad entre el 12 y 13 de julio.

En dicha cumbre de personeros se instruirá sobre muchos aspectos en los que la Ley puede llegar a ser confusa, sobre todo, por interpretación. Otra de las dudas a resolver será la responsabilidad según los niveles de gobierno; es decir, qué puede decidir el gobierno municipal, el departamental y el nacional.

También en esta reunión se realizará la elección del presidente y de la junta directiva de la Federación Nacional de Personeros, Fenalper. No sobra decir que Andrés Santamaría está buscando la elección para este cargo de dirección nacional.

En consecuencia con estas actividades y con las inquietudes y problemas socializados con las  víctimas, el Gobierno espera un buen camino para el desarrollo de la Ley, a pesar de que tanto perjudicados e instituciones digan que falta mucha trocha para que el tiempo de la reparación le llegue a las víctimas.

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