De la interinidad a la Gobernabilidad

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Por Nicolás Orejuela Director de la Unidad de Acción Vallecauca

El Valle del Cauca ha elegido un nuevo Gobernador. A pesar de lo exiguo de la cantidad de votantes que acudieron a las urnas, considerando sobretodo la gran importancia que revestían los comicios, no deja de ser reconfortante el saber que se acaba así, al menos por el momento, con la interinidad a la que estuvimos sometidos, causa esto de la deplorable realidad que golpea al ente territorial y a la ciudad capital desde hace casi dos décadas.

Finalizado el periodo de interregno, se abre una vez el camino para tratar de recuperar la gobernabilidad y la institucionalidad que permitan garantizar en la región la prosperidad que nos merecemos, y para la cual cuenta con todos los recursos tanto naturales como humanos. Sin embargo, tenemos que decir que las dificultades y los retos que se lucen para el nuevo gobernador son muchos y de gran complejidad. Con todo, el diagnostico desde una lógica propositiva tiene que dejarnos entrever que los apuros que padecemos se convierten en grandes desafíos y oportunidades para la autoridad departamental.

Tenemos en primer lugar la ley 617 relacionada con la categoría que ante el Gobierno nacional ocupan las entidades territoriales. El Valle del Cauca gozó hasta hace poco de la categoría especial, pero lamentablemente fue descendido al estado de primera categoría. Para empeorar todo aún más, se sabe que a partir de los pronósticos que infieren hacienda nacional y el órgano de control estatal, el “status” departamental de la redonda será ser recategorizados en segunda categoría, producto del mal ejercicio fiscal, de gastos de funcionamiento excesivos y del incumplimiento de los acuerdos de desempeño previamente establecidos.

Unida a esta situación tenemos la de la ley 550, que estipula el acuerdo de reestructuración de la deuda departamental. Aunque se trata de algo necesario y útil para enfrentar el problema creado por dicha deuda, debemos decir que limita drásticamente las posibilidades financieras del departamento para ejecutar los ambiciosos planes de desarrollo que se promovieron en campaña. Así pues, los únicos recursos con los que contará la entrante administración departamental será los dineros provenientes de las regalías. Lo anterior indica que el nuevo gobernante se comporte no sólo como un político, sino como un consumado gerente, un hombre que sepa medir y manejar sabiamente los más bien no muy abundantes dineros puestos a su disposición.

Para agravar aún más la situación, el Valle se encuentra bajo el estado de “emergencia judicial”, ocasionado por el gran número de demandas y pretensiones en contra de la administración departamental, muchas de ellas producto de una verdadera mafia especializada en desangrar al estado. Urge entonces crear una especie de frente para combatir este flagelo, y que debe contar con la participación activa de la Gobernación, las facultades de derecho, las agrupaciones privadas de abogados y demás entidades que faciliten la materialización de un plan de choque que vislumbre un panorama diferente.

Ante este más que sombrío panorama económico y jurídico, queda claro que el nuevo Gobernador deberá en buena parte centrar su atención sobre ese tipo de temas, y ser, como ya lo dijimos, un gran director a la hora de administrar los recursos del departamento. Deberá rodearse de los mejores, crear un gabinete basado en la meritocracia, ese término de reciente acuñación, tan nombrado como poco practicado. Pero además se espera de él que sea un hombre que mantenga un vínculo constante y efectivo con el Gobierno nacional. Que haga sentir en Bogotá que la prosperidad de Colombia no se puede lograr sin la viabilidad del Valle del Cauca, y que la región pacífica y Buenaventura son clave para el desarrollo de nuestro departamento y país.

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