El acuerdo con las Farc-EP, una dicotomía entre justicia y paz

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Floro Hermes Gómez PinedaPor Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

Las negociaciones en La Habana avanzan, mientras en el país se debate entre justicia y paz con las Farc-EP: el gobierno nacional, con los partidos de la Unidad Nacional, le apuesta a la paz, mientras que el uribismo, acompañado por las derechas (con sentido de oportunismo), resultó ahora defensor de la justicia.

La negociación avanza hacia una amnistía, que los uribistas dicen dizque va en contra del Estatuto de Roma, el cual curiosamente no habla de amnistía porque quienes lo redactaron tuvieron presente las salidas al conflicto en El Salvador, Guatemala y Suráfrica, una cuestión que es apenas de elemental lógica. Si no, imagínese usted, estimado lector, diciéndole  en nombre del gobierno nacional a los comandantes de las Farc-EP: “El gobierno firma la paz y ustedes van treinta años a la cárcel”.

Precisamente, pensando en una situación como la que le he pedido que se imagine, quienes redactaron el Estatuto de Roma tuvieron el cuidado de señalar que la Corte Penal Internacional puede abstenerse de conocer decisiones que emanen de una voluntad ciudadana o de la capacidad soberana de un Estado. Solo juzga en caso de ausencia de voluntad o de capacidad.

Aun más, el fiscal ante la Corte tiene la facultad para decidir no investigar crímenes, a pesar de su gravedad, cuando considere que “una investigación no redundaría en el interés de la justicia”, pues la actuación de la Corte Penal Internacional no opera, al igual que en cualquier organismo multilateral, en el vacío político. Esto lo saben bien los negociadores de La Habana, pero no se ha ilustrado al respecto al pueblo colombiano.

Pero si esto no basta, es necesario dejar claro que no existe negociación de paz en el mundo que no haya sacrificado en parte la justicia. Esto ocurrirá en La Habana, a pesar del clamor del uribismo con la derecha.

Ahora bien, ¿cuáles son los límites? Los límites de una amnistía dependerán de cuán sostenible sea ella políticamente. Esto significa que las renuncias a la justicia que deban hacerse en las negociaciones, dependerán del escenario político nacional; es decir, del enfrentamiento entre el gobierno nacional con sus partidos de la Unidad Nacional y el uribismo con sus derechas, quienes utilizan los distintos actos conflictivos entre las fuerzas del orden y las Farc-EP.

Por lo tanto, como estamos ante una negociación en medio del conflicto, que la mayoría de los colombianos entienden muy poco, el riesgo de incomprensión de las negociaciones es alto y, en consecuencia, el riesgo que la refrendación de lo pactado sea negado a través de un referendo es muy grande. De ocurrir esto, la Corte Penal Internacional podría actuar, pues no existiría la sostenibilidad política, que es a lo que le está jugando el uribismo con sus derechas.

En conclusión, en pro de la paz será necesario hacer renuncias a la justicia que solo serán sostenibles políticamente si dichas renuncias a la justicia las sabe explicar mejor el gobierno nacional que el uribismo.

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