El Pacífico, entre la guerra y la paz

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Orden público

Durante los tres años de Gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2013), los municipios de la Costa Pacífica que pertenecen a Cauca, Valle y Nariño además de sufrir los embates de la guerra, también han tenido que hacerle frente a la creciente pobreza, al olvido estatal y a la falta de políticas para erradicar la violencia generada por diferentes variables. Nada diferente a lo que sucedió durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, según los expertos.

López de Micay
López de Micay

Diego Jaramillo Salgado, analista, escritor y profesor universitario, afirmó que ese panorama en las poblaciones del litoral Pacífico, que inició en épocas del Plan Colombia con la erradicación de cultivos de uso ilícito que abundaban en el Putumayo, generó un desplazamiento de cultivadores hacia la zona sur en el caso de Nariño, y hacia parte de la costa Pacífica caucana. Y aunque el censo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que de 2009 a 2012 se presentó una reducción de hectáreas de coca en esta región, el flagelo aún persiste.

Según el censo de la oficina de la ONU, en el 2011 en el Pacífico había 26.789 hectáreas con cultivos de coca, y en el 2012, 18.969, lo que significa una reducción del 29 %. Tumaco (Nariño) es el municipio que tiene la mayor área con plantaciones de coca en Colombia, seguido por El Tambo (Cauca).

“Lo que podríamos decir en relación con el Gobierno de Santos es que realmente no ha habido mayor diferencia frente al Gobierno anterior. Encontramos que el Pacífico es una zona con poca difusión de su problemática […], no se ve una política que favorezca a la zona y al mismo tiempo tampoco se ve una política que tienda a generar condiciones para que la violencia se acabe”, afirmó Jaramillo Salgado.

Indicó, además, que se debe tener en cuenta lo que se desencadenó durante el periodo de Uribe, que hizo toda una estrategia de ataque a las organizaciones insurgentes fundamentalmente, y una política de desmovilización con ciertas prebendas. “En los límites de Cauca y Nariño la presencia paramilitar en relación con los cultivos de uso ilícito y con la explotación de la minería es algo que está presente, así como organizaciones guerrilleras”, añadió.

Mientras tanto, Miguel Alberto Fernández, coordinador del Área de Derechos Humanos del Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima, al hacer una comparación entre los gobiernos de Uribe y el de Santos en el tema de garantías para líderes sociales, concluye que “los cambios no son muy sustanciales; de pronto el nivel de homicidios de defensores de Derechos Humanos disminuye un poco, pero aumentan otros ítems de persecución, se aumenta el tema del robo de información a instituciones y líderes de derechos humanos y de alguna forma también la estigmatización y las amenazas”.

Incremento de ataques

A pesar de las constantes operaciones militares en la región Pacífico, durante el gobierno de Santos los ataques de la insurgencia han sido constantes en las cabeceras municipales y zonas rurales de los municipios costeros. Tumaco, en Nariño, ha sido uno de los más afectados, en comparación al último mandato de Uribe Vélez (2006-2010), las acciones armadas arreciaron en esa municipalidad entre 2012 y 2013.

Solo en octubre del año pasado, insurgentes de las Farc protagonizaron una escalada de atentados contra las torres de energía de Tumaco. Diez torres fueron derribadas con explosivos. Las afectaciones en el municipio nariñense superaron los $2.000 millones y la población permaneció a oscuras durante casi dos semanas. Otro de los graves hechos ocurridos en la zona, se presentó en octubre de 2011, cuando en un ataque guerrillero perdieron la vida 10 militares.

En el caso del Cauca, han sido constantes los hostigamientos de facciones de la guerrilla en los tres municipios del litoral, y Timbiquí ha sido el más atacado. Uno de los hechos más graves se presentó en marzo de 2012, cuando subversivos activaron un cilindro bomba, que generó un incendio que arrasó con dos viviendas y con gran parte del edificio de la Alcaldía, donde tienen sede la Policía y la Fiscalía. Ocho personas resultaron heridas. En el caso de Guapi la situación no ha sido diferente, ‘plan pistola’, hostigamientos y emboscadas en altamar han mantenido a la población en constante zozobra y han generado la muerte de 12 personas entre militares, policías y civiles.

A pesar de los reveses que se han dado en el marco del conflicto armado para la institucionalidad, el gobierno de Santos reporta, oficialmente, en comparación con el mandato de Uribe, una mayor efectividad respecto a la persecución de líderes guerrilleros. Entre los resultados más contundentes se menciona la “neutralización del máximo cabecilla de las Farc, Alfonso Cano, y de 8 cabecillas más de tercer y cuarto nivel de la misma organización”.

Timbiquí
Timbiquí

En el año 2013 se realizaron más de 146 capturas de cabecillas e integrantes de las diferentes bandas criminales y delincuenciales que accionan en la región. Las columnas móviles Jacobo Arenas y Daniel Aldana; el Frente Octavo y el Frente Manuel Hernández de las Farc, así como el Frente Comuneros del sur del ELN recibieron fuertes golpes. Entre otros hechos clave, se logró el desmantelamiento del campamento principal del Comando Conjunto Central y la columna móvil Gabriel Galvis de las Farc y la desmovilización de 30 guerrilleros del ELN, incluido alias El Tigre, insurgente que llevaba más de 25 años alzado en armas.

Información de la Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana resaltó la inversión de alrededor de $159.000 millones en el programa Red Aliados para la Prosperidad, lo cual fortaleció el componente de participación ciudadana en la seguridad, así como la creación de la Policía Metropolitana de Popayán y la próxima activación de la Metropolitana de Pasto.

¿Pero se han reflejado los esfuerzos en las ciudades?

En el caso de Popayán, a pesar de la existencia de la Policía Metropolitana, la inseguridad se incrementó en el último año. La Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Dane, agosto de 2013) estableció que en Popayán, el 19,9 % de la población de 15 años y más reportó haber sido victimizada, en comparación con otras 20 ciudades, donde fue del 18,5 %.  En pasto el reporte de victimización fue de 32,0 %.

Igualmente, se indicó que el porcentaje de hogares que reportaron hurto a residencia para las 20 ciudades encuestadas fue de 3,1 %; en el caso de Popayán fue de 4,2 %; en Pasto, de 5.4 %; y en Cali, de 2,4 %. El porcentaje de hogares que reportaron hurto en Popayán fue de 12,0 %; en Pasto, de 21,8 %; y en Cali, de 10.6 %.

En la capital caucana, el 53,2 % de la población de 15 años y más se siente insegura en su ciudad, sobre todo en la vía pública y en las plazas de mercado o en las calles comerciales.

Aumento de los homicidios

En el análisis de los homicidios lo preocupante está en el departamento del Valle del Cauca. En Cali, en los últimos meses se ha registrado un elevado número de muertes violentas que, según la Policía, tienen que ver con ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes y con ataques sicariales por disputas entre bandas criminales.

Sobre el tema, el ente no gubernamental internacional Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer a inicios de 2013 un registro de las 50 ciudades más violentas del mundo, entre las cuales la capital del Valle ocupó el séptimo lugar de mencionado ranking. El dato fue obtenido mediante un promedio del número de asesinatos y la cantidad de habitantes de cada una de las ciudades estudiadas. Así las cosas, Cali registró en el 2012 un total de 1819 homicidios dolosos, lo que significó 79.27 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Si se compara con los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), esa tasa de homicidios (de acuerdo con datos del Observatorio Social, Santiago de Cali) presentó un promedio de 78.8 casos por cada 100.000 habitantes durante los 8 años de su mandato.

Para finales de 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que en el primer semestre de ese año, el Valle del Cauca ocupó el primer lugar en homicidios en comparación con el resto de ciudades del país. Se presentaron 1.307 casos.

Ya en relación con el municipio de Buenaventura, el segundo más importante en el Valle, la situación también se torna gris en cuanto a los altos índices de violencia registrados en los últimos tres años. Tomando como referencia los primeros 14 meses de gobierno de Juan Manuel Santos, (a octubre de 2011) se reportaron 174 homicidios en la zona urbana de mencionada población; según informaciones oficiales, un 42 % más que en el año 2010.

De acuerdo con analistas, la descomposición social que vivía la ciudad hace tres años no ha sido atendida de manera contundente. La violencia generada por los enfrentamientos entre bandas criminales, redes de narcotráfico y milicias de guerrilla ocasionaron, según defensores de los Derechos Humanos, que solo en el 2013 se desplazaran internamente 629 familias, lo que significa que 2.516 personas tuvieron que huir de sus casas por temor a ser víctimas de los grupos armados ilegales que se disputan el control de Buenaventura.

Infortunadamente, desde inicios del 2012, en Buenaventura se agravó la delicada situación de orden público al desatarse una guerra entre las bandas Los Urabeños y Los Rastrojos, que actúa en esa población a través de una de sus facciones conocida como La Empresa.

Ante ese panorama, el pasado 22 de noviembre de 2013, una delegación de la ONU y la Acnur, junto con el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora, visitaron varias comunas de Buenaventura, principalmente las más afectadas por la violencia, e indicaron que la presencia de la administración local y del Gobierno Nacional en esas zonas es nula.

Al respecto, el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, les pidió a las autoridades tomar medidas para poner fin al flagelo de la violencia en el municipio costero, donde está ubicado el principal puerto del Pacífico colombiano. Howland además denunció que hasta esa fecha se tenía el reporte de 145 homicidios ocurridos en la ciudad.

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La región-pacífica genera el 12,7 % de la riqueza nacional
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