El sindrome de las ías

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Por Camilo Granada

Colombia sufre de niveles endémicos de corrupción, clientelismo y derroche de los recursos públicos. Pero es también uno de los países con mayor cantidad de entidades de control y vigilancia. Claramente el diseño institucional no funciona. Ajustarlo sería un objetivo de una reforma del Estado que simplifique los controles y elimine burocracias innecesarias.

Los medios están todos los días llenos de noticias sobre la apertura de investigaciones contra funcionarios públicos nacionales y locales por nepotismo, obras innecesarias e inconclusas convertidas en elefantes blancos, abuso de poder y corrupción. Algo similar sucede en materia de justicia penal. Son cientos de arrestos e imputaciones por crímenes atroces o por delitos menores. Pero parece mucho ruido y pocas nueces, pues en ambos frentes los resultados concretos son pocos. Peor aún, entre más se crece la planta de personal de los entes de control, entre más anuncios se hacen, menos progreso hacia una sociedad menos violenta y un estado más transparente y eficaz.

En Colombia hemos escogido el camino de multiplicar los organismos de control, conocidos como las “ías”: Tenemos procuraduría, defensoría, personerías, contralorías (nacional, departamentales y municipales), fiscalía, auditoría y contaduría. Son miles y miles de funcionarios en teoría dedicados a vigilar que los otros funcionarios hagan bien su trabajo y sancionarlos si no lo hacen, así como investigar y lograr que los responsables sean condenados.

Si un funcionario público viola una norma, enfrenta juicios disciplinario, fiscal y penal. Cada uno en instancias distintas, reglas de procedimiento distintas y con resultados independientes. La misma persona, por los mismos hechos, puede ser condenada en uno de ellos y absuelta en los otros. Todos tienen mínimo dos instancias, pero a menudo son tres y los procesos toman largos años antes de concluir, muchas veces en la impunidad.

Hay casos absurdos como la gran ofensiva de la contraloría para investigar a los “colados” en la priorización de las vacunas. Como resultado de un esfuerzo nacional inédito, se logró identificar a mayo, 1372 personas sobre más de doce millones de dosis aplicadas: o sea el 0.01 por ciento del total. Parece claro que esa no debería ser la prioridad del principal organismo encargado de la lucha contra la corrupción.

Esos entes de control justifican sus pobres resultados en la supuesta falta de medios para realizar su labor. Presentan ante el congreso (que los elige y hace valer su voto en las nóminas) proyectos de ley para incrementar sus funciones, aumentar el personal y el presupuesto y “endurecer” las penas aplicables a los infractores. Lo hizo con éxito la contraloría y por el mismo camino avanza la procuraduría.

Precisamente la procuraduría es uno de esas excepcionalidades colombianas. En el resto del mundo ese tipo de entidad no existe. El control disciplinario de los funcionarios públicos lo ejerce normalmente una oficina de control interno (que también tenemos en Colombia) o en su defecto la inspección general de cada servicio. Y si la falta achacada al funcionario viola la ley, es la fiscalía la que investiga y acusa ante los jueces. Por esa incongruencia es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos invalidó la sanción de pérdida de derechos políticos contra Gustavo Petro que le impuso la procuraduría en tiempos de Alejandro Ordoñez. Para la Corte, esa sanción debe imponerla un juez, no una autoridad administrativa. Ese llamado a la sensatez, en Colombia se convirtió en un proyecto de ley que busca darle funciones de juez a la procuraduría. Todo lo contrario de lo que el espíritu y la letra de la sentencia ordena.

Tantos burócratas dedicados a vigilar a los otros burócratas, tantas entidades con competencias difusas y que se traslapan, lo único que consiguen es consolidar un estado paquidérmico, lento e ineficiente. Con la expansión de funciones de las “ías” la coadministración se está volviendo la regla. El funcionario público honesto vive en el temor permanente a las investigaciones (una denuncia y una apertura de investigación “no se le niega a nadie”) y por ello decide que lo mejor es no decidir y preguntarle al ente de control respectivo que es lo que hay que hacer. Es una mentalidad permanente de cubrirse las espaldas. Y es lógico. Un proceso en cualquiera de esas instancias representa años de angustia, elevados costos de abogados y la pérdida de la reputación, independientemente de su inocencia. Aceptar un cargo público –si la persona quiere hacer las cosas bien— es una prueba casi heroica. Mientras tanto, los corruptos campean a sus anchas.

Racionalizar, consolidar y simplificar los procesos, mecanismos y entidades de control debería ser el primer punto en cualquier proyecto de reforma del Estado. Con seguridad se ahorrarían muchos recursos, la administración administraría y las responsabilidades serían más claras.

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