La importancia de la sostenibilidad fiscal

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Por Iván Leonardo Urrea Ríos

En medio de la situación absurdamente dolorosa de 21 millones de colombianos en pobreza producto de la pandemia, y la algidez del orden público, merece la pena analizar por qué la sostenibilidad fiscal es un activo público de todos los colombianos, y por qué debería existir un consenso político alrededor de su garantía. La solución de los graves problemas actuales del país tiene como condición necesaria la protección de la sostenibilidad fiscal del país, la razón es simple: la provisión de bienes públicos hoy no puede ir en desmedro de la provisión de mañana.

La historia económica ha mostrado reiteradamente que una economía robusta requiere de finanzas públicas sanas. De hecho, la buena gestión de los recursos públicos es condición necesaria para el desarrollo de los países y el bienestar de la población. Lo anterior se debe a que no puede existir generación de riqueza en el sector privado sin unas instituciones públicas mínimas como la protección a los derechos de propiedad, la provisión de seguridad, la existencia de un sistema de justicia efectivo que resuelva los conflictos inherentes a la interacción humana, y la provisión de bienes y servicios públicos de buena calidad. La sostenibilidad fiscal es una condición necesaria para una economía radiante y en desarrollo, dado que provee suficientes recursos en el tiempo para financiar las actividades que complementan y facilitan el crecimiento económico y el combate contra la pobreza y la desigualdad.

¿Cuál es la esencia del problema entonces? Cuando un Estado en un momento del tiempo gasta más de lo que tiene en ingresos, tiene sólo dos opciones: o vende activos, o contrata deuda. Las presiones políticas de corto plazo, generadas por periodos de gobierno no tan extensos, hacen que existan incentivos a incurrir en déficits fiscales y dejar las cuentas por pagar para los siguientes gobiernos. Cuando el nivel de deuda es muy elevado y los países dejan de cumplir sus responsabilidades, no solo pierden acceso al financiamiento de la deuda, sino que también se diluye su capacidad de financiamiento de programas y proyectos de desarrollo en el futuro, entorpeciendo así la actividad económica. Esta es la razón por la cual muchos países han adoptado reglas fiscales, cuyo único fin es proveer incentivos fiscales de mediano y largo plazo para no incurrir en sendas de deuda insostenibles.

Colombia no está exenta de este riesgo, la sostenibilidad fiscal del Estado mucho antes del choque de la pandemia estaba en vilo por los desequilibrios entre ingresos y gastos del gobierno nacional. La emergencia sanitaria sólo profundizó los problemas de deuda debido a la inactividad económica, y la necesidad imperante de programas sociales. Así, aun sabiendo que la mejor política social es el crecimiento económico y la generación de empleo, sin unas finanzas públicas sanas el proceso de reactivación podría truncarse, encerrando a Colombia en una trampa de pobreza aún peor.

Lamentablemente para el debate público, el gran ausente fue la calidad del gasto público, elemento esencial para que la labor del Estado promueva el desarrollo, y no sea sólo un traspaso de recursos de unos bolsillos a otros. Colombia, al igual que Latinoamérica, cuenta con problemas de calidad y filtraciones de recursos producto de la corrupción, de falta de planeación y de ineficiencias en los ciclos de proyectos.
El impulso al desarrollo económico y social requiere de un nuevo pacto fiscal que ponga la equidad, la eficiencia, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad de la deuda, como los pilares fundamentales de la estrategia de desarrollo.

El nuevo contrato fiscal, debe incorporar arreglos transversales que beneficien tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Esto indica que, a pesar de que los elementos técnicos de las reformas son sumamente importantes, el reto para su construcción e implementación es la legitimidad, pues su determinación final va a estar supeditada al establecimiento de ganadores y perdedores de tales reformas. Así pues, un gran liderazgo político, y una propuesta clara de desarrollo de largo plazo para el país, son necesarios para que estas reformas logren convencer a los perdedores que serán reparados en el corto plazo por el Estado o, en el mediano plazo, con un crecimiento económico más alto con equidad social.

La sostenibilidad fiscal, en conjunto con la estabilidad de precios y la confianza pública en la moneda, complementan el ambiente de estabilidad que ha mostrado ser beneficioso y necesario para el círculo virtuoso de la generación de riqueza en las sociedades. Sin un nuevo contrato fiscal entre la sociedad colombiana, será imposible superar los problemas de nuestra Nación, y aún peor, en el corto plazo tendremos un problema de sostenibilidad fiscal que agravaría los demás problemas. Definitivamente, ese es un escenario que Colombia no se puede permitir en ninguna circunstancia política posible.

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