La temperatura no está en las sábanas

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Por Camilo Granada

Hoy, cuando se celebran los treinta años de la promulgación de la Constitución de Colombia, algunos sectores políticos alientan la idea de que es necesario convocar a una constituyente en el país. Usan como argumento la grave crisis social y política que vive el país y pretenden hacer paralelos con el proceso chileno actual y con la convulsa situación que vivíamos hace tres décadas. Dejarse seducir por esos cantos de sirena sería un grave error.

La situación es muy distinta. Por un lado, Chile quiere cambiar una constitución redactada por la dictadura. En eso se parece más a la constitución colombiana de 1886. El cambio en ese país responde a una necesidad estructural que fue puesta en evidencia por los movimientos de protesta ciudadana y por lo tanto trasciende los reclamos coyunturales. En cuanto a Colombia, hace treinta años era un país asediado por el narcoterrorismo de Pablo Escobar, bloqueado por un sistema político bipartidista excluyente, bajo un permanente estado de sitio que limitaba las libertades civiles, que no reconocía la diversidad étnica y religiosa del país y con instituciones anquilosadas desde finales del siglo 19.

La Constitución de 1991 fue el resultado de una iniciativa de los jóvenes que clamaban por la necesidad de un cambio de fondo en el sistema político e institucional. Por primera vez en la historia, fue redactada por una asamblea constituyente elegida por  voto popular con representación de todos los sectores y copresidida por el centro, la derecha y la izquierda. El resultado fue una carta de navegación inspirada en principios fundamentales como la libertad individual, la solidaridad y la dignidad del ser humano. Estableció un Estado Social con derechos y responsabilidades ciudadanos. Reconoció los derechos de las minorías afro e indígenas, así como la libertad religiosa y un estado laico con garantías para todas las creencias. Elevó a rango constitucional el deber de proteger el medio ambiente. Fortaleció la separación de poderes y proclamó la necesaria descentralización del poder, empezando por la elección democrática de gobernadores y alcaldes. En esa materia, uno de los elementos más transformadores de la Constitución fue el paso de la democracia exclusivamente representativa a una participativa, con procedimientos como la consulta popular, el referendo o la revocatoria.

Hoy los problemas de Colombia no están en su arquitectura constitucional. Y por lo tanto su solución no pasa por cambiarla. La carta de navegación está clara. Basta con leer los capítulos sobre derechos de la Constitución. Lo que hace falta es desarrollarla a cabalidad y asumir colectivamente sus mandatos para una sociedad más justa, más abierta y solidaria.

Tenemos unos retos inmensos como sociedad para reducir la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y eliminar los privilegios exorbitantes de unos pocos. Tenemos también que generar una verdadera cultura de convivencia y solidaridad, respeto por la diferencia y abolir de manera radical el recurso a la violencia bajo cualquier pretexto. Pero nada de todo eso se logra cambiando la Constitución.

Por supuesto que se necesitan reformas. Empezando por una reforma a la propiedad de la tierra, que ha estado en el centro de todas las violencias que hemos sufrido desde antes de que la independencia. Se necesitan reformas sociales y fiscales para que los principios constitucionales de dignidad y solidaridad sean algo más que letra muerta.

Se requieren también cambios a la forma de hacer política en el país. La crisis de los partidos, su falta de legitimidad y su pobre conexión con los problemas de la ciudadanía han causado una creciente y profunda desafección y desconfianza entre los electores frente a las organizaciones políticas como vehículo para canalizar sus necesidades y aspiraciones. Transformar la política tampoco pasa por reescribir la constitución nacional. Lo que se requiere es construir partidos con ideas y propósitos claros, con organizaciones de base sólidas que tengan voz y voto reales en las decisiones partidistas; partidos enfocados en resolver problemas ciudadanos y no preservar sus cotos de caza. El caso de la pérdida de investidura por doble militancia de Ángela María Robledo es el típico ejemplo de reglas creadas para proteger los bastiones y feudos de los partidos en lugar de robustecer la relación entre elegido y elector. Se necesita una verdadera rendición de cuentas de los políticos ante sus mandantes, para lo cual cambiar la forma como se eligen senadores, representantes, asambleístas y concejales sería conveniente.

Para sacar adelante a Colombia y construir una sociedad más justa y amable se necesitan reformas de fondo. Pero son reformas de sociedad, basadas en valores y propósitos comunes, y cambios en las prácticas políticas, no en la constitución. Una constituyente es un distractor más, que nos impide enfrentar los reales problemas del país. La temperatura no está en las sábanas.

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