Los ausentes

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Por Camilo Granada

A lo largo de los casi quince meses que llevamos de pandemia, con su carga de enfermedad, muerte y crisis económica, los grandes ausentes han sido el congreso y los partidos políticos. Con contadas excepciones,  congresistas y líderes partidistas han demostrado que viven en un planeta distinto al resto de los colombianos.

Cuando se declaró la emergencia sanitaria en abril del año pasado, se preocuparon exclusivamente por su situación personal, eludiendo sus responsabilidades como representantes de la ciudadanía. Se enfrascaron en largas discusiones bizantinas sobre la legalidad de las sesiones virtuales, sobre la mecánica política y sus privilegios. Pero en cambio, el control político y legal a las decisiones adoptadas por el gobierno en el marco de ese estado de excepción fue casi inexistente. Y cuando se dio, el debate fue pobre en argumentos, ideas y preparación para hacer una evaluación objetiva de las medidas gubernamentales para enfrentar la crisis en términos de dotación y aprovisionamiento de clínicas y hospitales o de apoyo a las familias más afectadas por la pandemia.

La legislatura que está próxima a terminarse ha sido igualmente mediocre, por decir lo menos. Cierto es que los partidos políticos y muchos parlamentarios dejaron claro que no votarían la inconveniente y mal formulada reforma tributaria presentada por el gobierno hace dos meses. Pero lo hicieron pensando más en sus campañas electorales del año entrante que en el bien del país y sus ciudadanos. Lo hicieron por un instinto de supervivencia, buscando no ser arrastrados por el rechazo ciudadano contra el gobierno.

Han sido pocas las propuestas alternativas juiciosas surgidas del legislativo para resolver el problema fiscal y garantizar los recursos para las ayudas urgentes que deben entregarse a los que la crisis ha golpeado más duramente. También hundieron la reforma a la salud, más por la misma lógica oportunista que por argumentos de fondo para mejorar la prestación del servicio de salud.

No deja de sorprender que, en medio de la mayor crisis económica y social en décadas, los proyectos que avanzan con mayor celeridad son los que tienen que ver con más burocracia y arreglos políticos, como por ejemplo la reforma a la Procuraduría, que busca hacerle el quite a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ampliar la nómina de funcionarios sobrepagados. En su función de control político, como lo demostró recientemente la moción de censura al ministro de defensa, el congreso también ha demostrado estar por debajo de las expectativas de la ciudadanía.

Al igual que ha pasado con otros frentes, como la pobreza o la desigualdad, la crisis desnudó problemas estructurales en nuestro sistema político que vienen de tiempo atrás. Una de las deudas pendientes más grandes que tiene el legislativo con el país es el desarrollo legal de los preceptos incluidos en la Constitución de 1991. Son capítulos enteros que siguen esperando desde hace 30 años la discusión y aprobación de leyes estatutarias y ordinarias que lleven a la práctica los derechos consagrados en la carta magna. De hecho, la misma Corte Constitucional ha llamado la atención en reiteradas ocasiones al congreso para que cumpla su deber de legislar en esas materias. Y lo mismo sucede con los debates de sociedad, como por ejemplo la eutanasia, cuyo más reciente intento de reglamentación se hundió por falta de quorum en la Cámara de Representantes.

Lo anterior se suma a las prebendas y privilegios exagerados de los que gozan los parlamentarios. Sus altos ingresos, en gran parte exentos de impuestos, los vehículos, escoltas, largas vacaciones, tiquetes aéreos y celulares, claramente hacen de los cerca de trescientos congresistas una clase privilegiada, que es percibida por la ciudadanía como clientelista y egoísta, pues no retribuyen a la sociedad lo que ella les entrega.

Pero el pecado más grave de los congresistas y partidos sin duda el hecho de que no convocan ni lideran a la ciudadanía, en particular a los más jóvenes. Las encuestas de opinión muestran sistemáticamente la profunda desconfianza que generan y la apatía –cuando no es rabia—que despiertan. Esa clase política, insisto con contadas excepciones, es en buena parte responsable del estallido de descontento que vive el país. Al no cumplir a cabalidad su inmensa responsabilidad de representar los intereses de los votantes, al no tramitar las reformas que su electorado exige, están destruyendo el concepto de democracia, el valor de la participación y la capacidad del sistema para construir respuestas a las angustias de la calle. No es de sorprenderse entonces que los colombianos estén tan insatisfechos con la democracia y que busquen expresar y conseguir a través de paros lo que la política no les ofrece.

Se necesita una reforma de fondo. El problema es que son los políticos los encargados de hacerla. Mejor dicho, estamos condenados.

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