Presupuesto y Minga: Bloqueos institucionales y ciudadanos

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Por Carlos Ardila

Octubre es el mes en que se discute la Ley de Presupuesto y por ello también es el mes de las protestas y movilizaciones sociales. Cada año vemos por estos días a los distinntos sectores ciudadanos iniciar sus marchas y mingas, y a los gobiernos extender comunicados ofreciendo mesas de trabajo que en el mejor de los casos terminan en acuerdos entre gobierno y ciudadanía que servirán de insumo para la marcha del año siguiente.

Paralelamente, en el Congreso los senadores y representantes que no son ponentes revisan el proyecto de ley de presupuesto a las carreras. Normalmente contamos con escasas horas para estudiar un texto que el gobierno ha podido trabajar durante meses, y una vez se identifican los vacíos, los defectos y los micos, inicia la batalla por hacer aprobar las modificaciones al proyecto de ley en un contexto de prácticas y normas formales e informales en el que el gobierno y los ponentes concentran todo el poder de decisión sobre tan importante proyecto de ley. Las sesiones
son afanosas, extensas y agotadoras, y las mayorías parlamentarias terminan por descartar las modificaciones legales motivadas más por el tedio que por la reflexión.

Este panorama institucional que imposibilita la discusión parlamentaria sobre un tema tan importante –si no el más importante- como lo es el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones, y que fractura la representación de la ciudadanía y la empuja hacia las vías de hecho, tiene que cambiar.

Al respecto ha habido varias inicia=vas interesantes, como la de otorgarle al Congreso la capacidad de decidir (no ejecutar) el 20% del presupuesto de inversión sobre proyectos previamente aprobados por el Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo este tipo de iniciativas han encontrado históricamente una natural oposición de la Rama Ejecutiva y en particular del Ministerio de Hacienda, que si por ellos fuera el presupuesto no sería discutido en ningún escenario distinto al de sus mesas “técnicas” y lo fijarían por decreto, y también ha encontrado oposición por parte de los medios de comunicación que, con su escaso conocimiento de diseño institucional y su amplio repertorio de prejuicios políticos, califican este tipo de iniciativas como el regreso de los infames “auxilios parlamentarios” o en suma como focos de corrupción y no de participación y representación ciudadana.

Del lado de las manifestaciones ciudadanas también se presentan dinámicas que favorecen el diálogo entre sordos y el estancamiento de cualquier acuerdo. Es una vieja técnica de negociación el pedir más de lo que uno aspira a obtener, pero en muchas ocasiones los pliegos de peticiones parecieran estar elaboradas para que no sea posible un arreglo. También se plantean temas que no corresponde discutir en una mesa de concertación con una minoría ciudadana, sino tal vez en un Congreso o incluso en un escenario constituyente en donde hay muchos más sectores
representados. Y para rematar, y muy lastimosamente, es usual que la legítima protesta degrade a manifestaciones de violencia que cierran toda posibilidad de encuentro y endurece la posición oficial.

Como vemos, el resultado final de octubre es un bloqueo casi total de los vasos comunicantes entre ciudadanía y tomadores de decisiones políticas, que nos lleva a públicos enardecidos, que a su vez alimentan el descontento social.

Frente a esto es necesaria una evaluación de los mecanismos institucionales de participación y representación.

Especialmente en temas tributarios y de presupuesto. El Congreso, las Asambleas y los Concejos deben tener mayor capacidad de decisión sobre las inversiones que se realizarán con cargo al erario (no de ejecución, se insiste). Para eso también debe fortalecerse su capacidad técnica. Y los ejecutivos deben ser obligados a radicar los proyectos normativos con suficiente tiempo para que sea posible una discusión pausada y rigurosa. También debe eliminarse la práctica informal, sin sustento legal, pero fuertemente arraigada, de exigir visto bueno del ejecutivo a las modificaciones que se hacen durante el trámite de las normas. ¡El “aval” del Ministerio de Hacienda debe proscribirse ya!

Del lado de la ciudadanía también habría mucho por mejorar en el diálogo con las instituciones y en el ejercicio de la protesta ciudadana que se hace muy importante y necesaria, yo diría indispensable, cuando las instituciones se bloquean. Más y mejor diálogo, peticiones concretas y plausibles, y privilegiar la formación de proyectos y políticas públicas desde la ciudadanía, más que las descalificaciones incendiarias a su interlocutor gubernamental, pueden ser pasos para elevar el nivel del debate y la pertinencia de las decisiones públicas. Es un largo camino por recorrer, pero lo debemos hacer.

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